El comunicado de la Casa Real del 17 de septiembre y la subsiguiente comparecencia de Pedro Sánchez nos vienen a mostrar que con la actual composición del Congreso de los Diputados no hay mayoría suficiente para otorgar la investidura a ningún candidato y habrá que celebrar nuevas elecciones.

La mayoría de los comentaristas de los medios de comunicación se están deslizando por sendas plagadas de tópicos: los “políticos” no han sido capaces de ponerse de acuerdo y con alguna frecuencia suelen reprochar en primer lugar al Presidente Sánchez. En esta sección estamos señalando hace tiempo que las características políticas de Podemos y la personalidad de su dirigente, Iglesias Turrión, hacían imposible un Gobierno de coalición. Pero hoy conviene profundizar algo más. A mi juicio, la imposibilidad de formar Gobierno en esta efímera legislatura está provocada por la aparición del multipartidismo. Trataremos de explicarlo.

Hasta las elecciones de 20 de diciembre de 2015 el proceso de formación de Gobierno estaba ahormado por la Constitución y, más concretamente, por su artículo 99. En realidad, la Constitución de 1978 respondía de forma latente a un modelo de bipartidismo imperfecto donde dos grandes partidos nacionales de derecha e izquierda estaban flanqueados por otros partidos nacionales más extremos (AP y PCE en 1977, IU y CDS en 1986, etc.) y otros partidos regionales (PNV, CiU, etc.). Todo ello se rompió en 2015 y, como se vio de inmediato, la emergencia de dos nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) con aspiraciones de desplazar a los antiguos partidos nacionales hizo estallar no sólo el bipartidismo imperfecto sino, sobre todo, los mecanismos constitucionales de formación de Gobierno.

A partir de la campaña electoral de abril de 2019 se pudo colegir las consecuencias del final del bipartidismo. El primer signo de alarma lo vimos con la actitud de Ciudadanos, que levantó, ya durante la campaña electoral, una muralla en torno al PSOE. Si grave era la actitud del partido de Rivera no lo era tanto por su innecesaria agresividad hacia Pedro Sánchez y hacia el PSOE sino por lo que anunciaba, la imposibilidad de negociar un Gobierno con Ciudadanos.

El segundo efecto del nuevo multipartidismo se hizo notar la misma noche electoral cuando Iglesias Turrión, sin hablar previamente con Pedro Sánchez, propuso el Gobierno de coalición. A Iglesias Turrión le pudo su egolatría y ya se veía con uniforme de Vicepresidente y a su cónyuge con uniforme de Ministra (esto del uniforme no es una imagen chistosa, nadie ha derogado los Decretos que en la posguerra establecían los uniformes de Ministro y de Subsecretario).

La muralla que Ciudadanos levantó ante el PSOE y la inmediata exigencia de Podemos por formar un Gobierno de coalición vino a mostrar los efectos perniciosos del multipartidismo, efectos que son la aparición de partidos con capacidad de veto sobre el Gobierno. Tampoco ha ayudado a soslayar este problema el Partido Popular que en 2016 se desgañitó pidiendo la abstención del PSOE y ahora ha olvidado las peticiones que hizo.

Así que estamos ante un panorama realmente complicado: el sistema español de partidos se ha transmutado y no permite formar Gobiernos porque el marco jurídico previo (la Constitución y la Ley electoral) no estaba pensado para dos partidos intermedios con capacidad de veto.

Por eso en la próxima (y breve) campaña electoral debería manejarse la idea de la reforma de la Constitución y de la Ley electoral para asegurar la gobernabilidad de este país. Gobernabilidad que requiere mecanismos subsidiarios de formación de Gobierno con cierto automatismo así como fórmulas electorales que otorguen una prima a la mayoría. Alguno podrá decir que el lamentable papel de Podemos y de Ciudadanos quizá no haga necesarias las reformas constitucionales o legislativas porque es posible que los electores se encarguen de castigar a dos partidos tan tóxicos y quizá se vuelva al bipartidismo imperfecto de forma natural. Pero como podría ocurrir que en el futuro aparezcan nuevos partidos que desplacen a Podemos y a Ciudadanos y vengan a quebrar otra vez el bipartidismo, convendría que en la próxima legislatura se planteara poner los medios necesarios para España vuelva a ser gobernable. Porque asegurar la gobernabilidad de un país, asegurar que los Gobiernos pueden proporcionar bienes y servicios a los ciudadanos, es una exigencia ética y un mandato democrático.