Veíamos la semana pasada que la vía más rotunda para alcanzar la gobernabilidad puede ser la reforma de la Constitución, concretamente del artículo 99. Reforma a la que se ha referido el Presidente del Gobierno a lo largo del debate de investidura. No hace falta incidir más en sus efectos ni en el procedimiento, pero si conviene recordar que, como se ha visto en el propio debate, vivimos una situación excepcional porque la gobernabilidad configurada en la Constitución partía de un supuesto que ha cambiado, cual es la quiebra del bipartidismo imperfecto que apareció en España tras las elecciones del 15 de junio de 1977. Ello exige dar respuesta jurídica a los profundos cambios políticos que ha experimentado el sistema político, porque no es bueno que haya discordancias intensas entre el sistema político y las normas jurídicas existentes para regular ese sistema.

Tras la reforma constitucional, otra vía que puede contribuir a mejorar la gobernabilidad es la reforma de la Ley electoral. ¿En qué sentido?

Las previsiones constitucionales sobre el conjunto del sistema electoral son relativamente escasas. En concreto, para la elección del Congreso de los Diputados (que es la única Cámara que otorga y retira la confianza al Presidente del Gobierno) esas previsiones se contraen al artículo 68 de la Constitución. Este precepto prevé que el Congreso se compone de un número de Diputados que oscila entre trescientos y cuatrocientos, con la Provincia como circunscripción electoral. Circunscripción a la que se ha de asignar una representación mínima distribuyendo el resto con criterios de proporcionalidad.

¿Qué margen tiene la Ley electoral para reforzar la gobernabilidad? El margen es escaso porque, salvo una reordenación total de las Provincias que podría aproximarse al gerrymandering, el único margen que tendría la Ley electoral sería aumentar hasta cuatrocientos el número de Diputados, siempre que ello no aumente la proporcionalidad que haría aún más difícil la gobernabilidad. Es decir, los cincuenta nuevos escaños deberían servir para reforzar a las opciones políticas mayoritarias. Esta idea necesita alguna mayor concreción para ver cómo podría aplicarse respetando tanto el principio de proporcionalidad como el principio del voto igual.

Una prima al partido mayoritario aumentaría en cincuenta Diputados al partido, coalición o agrupación de electores que más escaños hubiera conseguido en la elección. Es decir, la Ley electoral otorgaría un “premio” al partido o coalición que más escaños hubiera obtenido. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué cobertura constitucional?

El fin de este “premio” sería asegurar la gobernabilidad, pues un partido cuyo Grupo Parlamentario dispusiera, además de sus propios escaños, de otros escaños de prima podría formar Gobierno. Su candidato obtendría la investidura con más facilidad y esa investidura más fácil se proyectaría a lo largo de la legislatura, pues de nada serviría elegir a un candidato que luego no lograra aprobar una Ley ordinaria por falta de apoyo.

El procedimiento para aplicar este cambio sería una reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Para ello, habría que modificar en primer lugar su artículo 162.1 de modo que se sustituya la expresión trescientos cincuenta por la de cuatrocientos y agregar un nuevo apartado 3 que viniera a decir que cincuenta Diputados no serán elegidos de manera directa sino que se asignarán al partido, federación, coalición o agrupación de electores que más Diputados haya obtenido.

Llegados a este punto, habría dos modalidades para repartir esos cincuenta Diputados. La primera sería que cada candidatura formara una candidatura especial de cincuenta personas. Pero eso tiene un inconveniente grave pues, al asignarse todo a un solo partido, los restantes partidos sólo incluirían en esa lista a candidatos de muy escaso valor político, porque se sabría que no iban a lograr ser Diputados. La fórmula más práctica sería hacer un reparto proporcional de los cuatrocientos Diputados por circunscripciones provinciales, de modo que, tras el reparto de trescientos cincuenta conforme a los resultados provinciales, la lista adicional de cincuenta parlamentarios se extrajera de cada una de las cincuenta candidaturas provinciales (dejando fuera Ceuta y Melilla), del primer candidato no elegido. Es decir, se haría el reparto provincial (más Ceuta y Melilla) para trescientos cincuenta Diputados y, tras proclamarse éstos, la Junta Electoral atribuiría los cincuenta escaños al primer partido, federación, coalición o agrupación de electores. Todo esto se podría llevar a un nuevo artículo 164 bis de la Ley electoral, sin perjuicio de hacer cambios puntuales en otros preceptos por congruencia con otros artículos.

La cobertura constitucional puede provocar alguna duda. Pero hay un motivo que obliga a modular las previsiones del sistema electoral contenidas en la Constitución porque esas previsiones se tienen que cohonestar con la aplicación de otros preceptos constitucionales. Como hemos visto en los artículos de esta serie, la gobernabilidad es un valor constitucional implícito que deriva del principio democrático, y si la modulación de los principios del sistema electoral contribuye a reforzar la gobernabilidad, parece admisible.

El valor de gobernabilidad se despliega en dos momentos sucesivos que son la investidura y la colaboración del Parlamento en la función legislativa (y dentro de ésta, con perfiles propios, la función presupuestaria). Si una modulación del sistema electoral, que no rompe el principio provincial ni el principio democrático (porque al fin y al cabo son los electores los que eligen a quien le son atribuidos los cincuenta Diputados adicionales), contribuye a que se forme el Gobierno que proporciona bienes y servicios a los ciudadanos, y contribuye también a asegurar la anualidad del Presupuesto sin prórrogas, el cambio del sistema electoral estará justificado y será acorde con la Constitución.