Tras un año y medio, colmado de incertidumbres y temores, marcado por la vivencia en todo el planeta de la COVID19, según el Consejo General del Poder Judicial[1] en 2020 se desplomaron las demandas de separaciones y divorcios, tras una tendencia de cinco años a la baja. En definitiva, los españoles nos divorciamos y casamos menos.

Una de las características de las sociedades tecnológicas avanzadas ha sido el aumento de las rupturas matrimoniales. Cinco factores lo explican. En primer lugar, como desarrolló el sociólogo Ulrich Beck, por el alza del individualismo, que como valor social predominante tiene su reflejo en que los individuos, en los países desarrollados, estén más preocupados por su propia felicidad que por la de su entorno más directo. En segundo lugar, por el aumento de la esperanza media de vida, que ha facilitado que muchos matrimonios superen los 50 años de convivencia (si bien se revela en España, una evolución al alza de las rupturas de matrimonios “maduros”), a diferencia de lo acontecido hasta pocas décadas cuando se disolvían con la muerte a edad temprana de alguno de los cónyuges. En tercer lugar, por el nuevo rol social de las mujeres, a resultas de su incorporación a la vida laboral, a la par de su independencia económica y afectiva respecto a sus maridos. En cuarto lugar, a instancias del acelerado ritmo de vida en el que estamos inmersos, que produce tensiones, en ocasiones insostenibles, entre los integrantes de las parejas. Por último, considerar la aceptación social de las separaciones y los divorcios, que ya no conllevan el estigma social de antaño.

No es hasta el año 1981 cuando en España se reconoce el divorcio, en la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Desde esa fecha dos millones de parejas se han divorciado. En los primeros años de aplicación de la misma había al año unos 20.000 divorcios. Se trataba de procesos largos, pues hasta dos años tras la boda no se podía solicitar y eran preceptivas separaciones legales previas. Debían alegarse las razones: consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, infidelidades, abandono del hogar… Una década más tarde, en 1991 éstos se elevaron a más de 27.000 y, diez años después, en 2001, superaron los 39.000.

En 2005 a resultas de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las cifras se dispararon. Ya no era necesaria la separación previa ni alegar causas y la demanda se podía presentar a los tres meses de celebrarse el matrimonio. La mayoría de las parejas se decantaron por la opción del divorcio, sin pasar por la separación y, consecuentemente, las separaciones declinaron, siendo a día de hoy residuales.

En 2006 España alcanzó su récord de divorcios, con 126.952, si bien la crisis económica del 2007-2008 trajo consigo un descenso de los mismos. En 2008 se redujeron hasta los 110.036 y en 2009 fueron 98.359.  Entre las razones que explican esta evolución: las derivadas de la propia crisis económica, ante la imposibilidad de las parejas de romper su relación por razones crematísticas; las asociadas al aumento de las parejas no casadas y de las que no quedaba constancia en los tribunales en caso de ruptura.  En 2010 se produjo una cierta recuperación (102.933). Las últimas informaciones al respecto del INE son del año 2019, fecha en la que se registraron 91.645 (un 3,8% menos que en 2018).

Como decíamos al comienzo de este texto, según el Consejo General del Poder Judicial, la crisis sanitaria de la COVID-19 en 2020 ha traído consigo un caída: 95.060 casos entre divorcios, separaciones y solicitudes de nulidad (13,3% menos que en 2019). Se explica por la bajada de las demandas, un 42% menos durante el segundo trimestre del año, a consecuencia del confinamiento, la suspensión de los plazos procesales y las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno frente al coronavirus, que involucraron, la actividad judicial. Asimismo, como en el caso de la crisis del 2007-2008 la situación económica es una variable explicativa clave.

Por todo lo anterior, es obligado acometer medidas para favorecer el bienestar de las familias, particularmente entre aquellas que se encuentran entre los sectores sociales más vulnerables. La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, desde el comienzo de su legislatura, de elevar el salario mínimo desde los 739,9 euros en 2018 a 950 en 2021, con el compromiso, de estos días, de subirlo en breve y de elevarlo al cierre de la legislatura a 1.027 euros ha sido y será a los efectos que nos ocupan de extraordinaria relevancia.

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[1] Véase, http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades–separaciones-y-divorcios/

 

Fotografía: Carmen Barrios