La Constitución española establece en su artículo 122.3, que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años…”.

En nuestra Constitución se creó este Consejo, que ya existía en países como Italia, Francia y Portugal, con la finalidad de garantizar tanto la autonomía del poder judicial respecto del poder político, como la salvaguarda de la independencia de cada uno de sus miembros en el ejercicio de su función jurisdiccional. Es decir, como garantía de nuestra democracia.

Pues bien, ya hace más de tres años, que el PP decidió secuestrar la Constitución que tanto dice defender. Y no reconociendo al Parlamento legítimamente elegido por los españoles, se opone a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

La falta de patriotismo constitucional del PP es tan escandalosa, como sus variopintas excusas para no cumplir con la Constitución:  que si Unidas Podemos no puede estar en la negociación; que si este juez no puede ser nombrado porque dictó sentencia en uno de los múltiples casos de corrupción del PP; que si el sistema de elección, etcétera, etcétera. En definitiva, un bloqueo y un secuestro constitucional muy grave, con el que no va a evitar asumir las responsabilidades judiciales y políticas por sus años de corrupción.

Tres años de secuestro constitucional del PP, negándose a renovar distintas instituciones fundamentales del Estado, están deteriorando nuestra democracia y nuestro propio sistema judicial. Y por ese motivo es fundamental que el PP rectifique.

¿No le da vergüenza al PP que, por tercer año consecutivo en el acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder judicial haya puesto sobre la mesa, de nuevo, la urgencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Parece que no.

¿No le da vergüenza al PP que el presidente del CGPJ recuerde que es obligación inexcusable del Congreso y el Senado renovar el CGPJ cuando pasan los cinco años desde el nombramiento, como señala la Constitución? Parece que no.

¿No le da vergüenza al PP que el presidente del CGPJ recuerde que la obligación de renovar el CGPJ del Congreso y el Senado, también “es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”? Parece que no.

En España hay que repetir con demasiada insistencia, que es obligación de todos los poderes públicos preservar las instituciones, como base de nuestra convivencia en paz y libertad.

La situación que vive hoy el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado, sin poder nombrar jueces para audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional o Supremo, está complicando mucho el funcionamiento de la justicia.

Y ello, no siendo admisible en ninguna circunstancia, lo es aún menos como fruto del rapto de la Constitución por parte de un partido de gobierno, como es el PP.

Urge, como ha manifestado Lesmes, por el bien de todos, que “el CGPJ desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación.” Un acuerdo, hay que añadir, sin vetos y respetando el pluralismo político que existe en nuestra sociedad.

El llamamiento del presidente del CGPJ es encomiable y oportuno. Pero ¿Qué se puede hacer si el PP continúa con este grave incumplimiento de la Constitución?

De entrada, los miembros del CGPJ pueden anunciar que si en un periodo de quince días, no se llega a un acuerdo de renovación renunciarán a sus cargos, con el presidente de este a la cabeza. Si llegada esa fecha continúa el secuestro, por patriotismo constitucional renunciarían. De esta manera, se acabaría el chantaje constitucional del PP.

Ahora solo cabe esperar para ver cuántos patriotas pasan de las palabras a los hechos.