La estrategia de la derecha política y mediática consiste en deteriorar el escenario político hasta lograr que una parte importante de la ciudadanía se aleje con hastío y con asqueo, en la confianza de que su electorado siempre será más inmune a la toxicidad y más disciplinado ante la urna.

Solo así se entiende que sus portavoces y cabeceras ignoren día tras día las necesidades y los problemas ciertos de la ciudadanía, para llenar la agenda de bulos e iniciativas completamente ajenas a lo importante.

Ni el acceso a la vivienda, ni la calidad de los empleos, ni las listas de espera en la sanidad, ni las demandas en la enseñanza, ni las alternativas en política migratoria, ni el cambio climático… Ninguno de estos asuntos, que son los que requieren de atención y soluciones desde la política, forman parte de las iniciativas de nuestra derecha.

La tarea de oposición política y mediática se centra ahora en tres temas cuasi exclusivos: las acusaciones falsas a la familia del Presidente, los intentos de resucitar una banda terrorista muerta hacen más de una década, y los culebrones venezolanos más absurdos. Ya ni se acuerdan de Puigdemont y la ley de amnistía, que hace unas semanas iban a romper España y a quebrar el Estado de Derecho.

La estrategia de la bulo-política ha tenido en la última semana tres episodios, a cada cual más delirante.

El principal partido de la derecha convocó un domingo por la mañana a su dirección para adoptar una decisión de urgencia vital, al parecer. ¿Sobre vivienda? ¿Sanidad? ¿Educación? No. Sobre un audio grabado supuestamente por un encapuchado con voz distorsionada en un pseudo medio digital, que acusaba al PSOE de todo tipo de tropelías, sin aportar prueba alguna.

Sobre base tan estrambótica, el PP ha presentado toda una querella ante la Audiencia Nacional, acusando al PSOE de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, nada menos. Sin aclarar quién financió a quién, cuánto o para qué. Reconociendo que todo lo cual no pasa de “meras sospechas”.

¿Por qué? Esto si lo ha aclarado públicamente su portavoz parlamentario: “Nuestro objetivo es echar a Sánchez con todos los medios a nuestro alcance”. Y la difusión de bulos constituye evidentemente un medio muy a su alcance.

El segundo episodio de la bulo-política que avanza en España a todo trapo tiene como protagonista involuntario al Fiscal General del Estado. En una auténtica representación del mundo al revés, quienes defienden al delincuente que ataca al Fiscal piden la dimisión de quienes defienden al Fiscal que persigue al delincuente. Ni un guión de los hermanos Marx se hubiera atrevido con semejante disparate.

El tercero también daría para una buena película de enredos. El PP declinó vetar una ley que transponía al ordenamiento jurídico español una directiva europea sobre antecedentes penales. Declinó hacerlo en el trámite de enmiendas del Congreso, en ponencia legislativa del Congreso, en Comisión de Justicia del Congreso, en el Pleno del Congreso, en trámite de veto y enmiendas del Senado, en ponencia de Senado, en Comisión de Justicia del Senado… En siete ocasiones, pues. Una y otra vez.

Sin embargo, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo más duro de la derecha mediática reprocharon tal decisión al PP, en lugar de dar explicaciones o pedir excusas por su voto, arremetió contra el Gobierno que había votado exactamente lo mismo. No solo eso. También inventó un veto inexistente en el pleno del Senado, para dar marcha atrás, forzando una vez más el Reglamento de la Cámara alta y la propia Constitución.

La bulo-política aplicada al bulo-parlamentarismo.

Se entiende que muchos ciudadanos y ciudadanas contemplen hoy la política española con hastío y asco, como decíamos. Pero se equivocan quienes lo apuestan todo a que esos ciudadanos y ciudadanas hastiados y asqueados no sabrán distinguir entre bulos y verdades, entre políticos burladores y políticos auténticos.