Categoría: Empleo y Sociedad

Los días previos y posteriores al debate en el Senado relacionado con la aplicación del artículo 155 (27 de octubre), clarificaron varios asuntos. En primer lugar, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del parlamento catalán fue manifiestamente ilegal y, por lo tanto, no tuvo ningún efecto práctico, al margen de resultar muy contraproducente para la causa secesionista.

El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, formado por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE), celebrado el pasado 23 de octubre en Luxemburgo aprobó por unanimidad el Pilar Europeo Derechos Sociales (PEDS).

En los últimos días el Gobierno ha revisado a la baja (en tres décimas) las previsiones del PIB para el próximo año 2018, argumentando que lo hace obligado por los efectos perniciosos que tendrá el desafío secesionista en Catalunya y en el conjunto del país.

En el pasado 1 de octubre, y en los días sucesivos, se han despejado varias incógnitas relacionadas con el problema de Catalunya. En primer lugar, ha quedado definitivamente claro que el “derecho a decidir” no ha sido más que una burda coartada para exigir, unilateralmente, la independencia de Catalunya o, si se quiere, para proclamar la república catalana.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó, el pasado mes septiembre, su propuesta de “Un nuevo modelo salarial hacia un Pacto de Rentas “, que persigue superar la actual situación del mercado de trabajo español, caracterizado por la precariedad y los bajos salarios que provocan profundas desigualdades y aumento de la pobreza laboral.

Desde hace meses, y particularmente en los últimos días, el referéndum de Catalunya del próximo día 1 de octubre viene apareciendo de manera amplia y recurrente en todos los medios de comunicación y redes sociales.

Los diversos análisis económicos y sociales efectuados por instituciones y expertos en el pasado periodo vacacional, han tenido un gran protagonismo en los medios de comunicación y todos ellos han coincidido en que, si bien la economía (PIB) está creciendo por encima de la media europea, los trabajadores y las personas más desfavorecidas siguen sufriendo las consecuencias de la fuerte y prolongada crisis económica que hemos sufrido.

En el transcurso del verano han acontecido diferentes hechos que han ocupado la atención de la opinión pública, entre otros: el aumento del número de visitantes, el modelo turístico y los brotes de turismofobia; el cambio climático con su efecto sobre el incremento de las temperaturas y la sequía; la escalada independentista en Cataluña y su falso referéndum del 1-O; el caso judicial de Juana Rivas; la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados, forzado por la oposición parlamentaria, por la financiación del Partido Popular dentro del caso Gürtel y sobre todo por la barbarie criminal de los atentados yihadistas perpetrados en Barcelona y Cambrils.

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2017 y del resto de esta legislatura.

Los debates llevados a cabo en el reciente Congreso ordinario de CCOO, donde se ha producido el relevo de Ignacio Fernández Toxo por Unai Sordo como nuevo secretario general, han puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de elaborar un ambicioso Plan de Choque por el Empleo, además de trabajar por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (deuda social), para que puedan resarcirse de la fuerte devaluación salarial producida por los efectos de la nefasta gestión de la crisis y, más en concreto, por la reforma laboral y las decisiones unilaterales del gobierno en relación con la oferta pública de empleo y las retribuciones de los empleados públicos.