El próximo 10 de febrero se cumplen seis años de la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular que junto con las políticas económicas y sociales practicadas en estos años han originado que la recuperación económica y la creación de empleo se basen en la precariedad y   los bajos salarios, que provocan el aumento de las desigualdades y del riesgo de pobreza que evidencian el fracaso de este modelo laboral.

Según la EPA el desempleo actual afecta a 3,7 millones personas, lo que representa una tasa de paro del 16,5% y aún hay 1,3 millones de ocupados menos que antes de la crisis. La temporalidad afecta al 26,7% de los trabajadores, la más alta de la Unión Europa que tiene actualmente una tasa del 14,4%.  En 2017 los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) registraron 21,5 millones contratos de los que 19,6 millones fueron temporales lo que representa más 90%   del total de los contratos registrados y   1,9 millones de contratos indefinidos pero la Seguridad Social solo contabilizo 320 mil nuevos afiliados con contrato indefinido. La afiliación subió en 611 mil cotizantes a lo largo del año por lo que han hecho falta 35 contratos por cada puesto de trabajo estable creado, lo que nos la dimensión de la enorme rotación y temporalidad existente en el mercado laboral.

La precarización de las condiciones laborales se va extendiendo, los contratos temporales son cada vez más cortos, los menos de una semana suponen el 25% del total. Un tercio del total de los contratos son a tiempo parcial, que en la gran mayoría de los casos no es querida por los que la sufren, siendo tres de cada cuatro mujeres. Esta situación se debe a que se vulnera la causalidad en la contratación temporal y también en lo indefinida. La estacionalidad, la estructura productiva y el tamaño de las empresas no justifican los altos volúmenes de contratación temporal de tan corta duración y el abuso de los encadenamientos en los contratos temporales, las razones hay que buscarlas en la utilización injustificada de la contratación temporal causal. La temporalidad fraudulenta afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres.

Uno de los grandes problemas del mercado laboral español es el gran número de horas extraordinarias que se realizan, según la EPA durante 2017 se han realizado más 457 millones de horas ilegales. Con la supresión de esas horas ilegales se hubiera reducido el desempleo un 6% (235 mil empleos a tiempo completo), por este fraude   la Seguridad Social ha dejado de ingresar cerca 2.000 millones. Este escenario de abuso de la contratación tampoco ha pasado desapercibida a la Comisión Europea, que alerta sobre el uso “generalizado “de los contratos temporales y de los efectos negativos que supone para la productividad el país.

Otra de las consecuencias de la actual situación del empleo es la caída de las rentas de los trabajadores, como efecto de la precariedad y los bajos salarios. Según el INE Desde 2009 la renta media por hogar se ha reducido en 3.315 euros por año y la renta media por persona ha caído 610 euros por año, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades y la pobreza ya que el 27,9% de la población está en riesgo de exclusión social y el 14,1% de los trabajadores ocupados sufre riesgo de pobreza.

La derogación de la reforma laboral es prioritaria y urgente, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los trabajadores son un freno para el desarrollo económico y el progreso social, hay que construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma consensuada a través del diálogo social para dotarnos de un marco de relaciones laborales, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado , que dé respuestas a las nuevas formas de organización del trabajo y a la implantación de la digitalización.

Ante este grave deterioro del empleo el PSOE ha presentado un “Plan de choque contra la precariedad laboral. Medidas para el buen empleo y la sostenibilidad de las pensiones” que se inscribe dentro una propuesta global de un “Acuerdo de país por un trabajo digno: el Pacto de Rentas”, orientado a mejorar la calidad del empleo, aumentar los salarios y contribuir a la suficiencia del Sistema Público de Pensiones. El Plan contiene, entre otras, las siguientes propuestas para debatir y dialogar con los interlocutores sociales y los diferentes actores interesados como paso previo a su presentación en el Parlamento:

Reforzar el principio de causalidad en la contratación para conseguir que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo y la contratación temporal se utilice exclusivamente para actividades de carácter temporal. Penalizar a las empresas que abusen de la contratación temporal y de la rotación de los trabajadores, mediante porcentajes de recargo automáticos en las cotizaciones.

Regular la protección de los derechos de los trabajadores de las contratas y subcontratas, incluyendo a las empresas multiservicios. Proteger los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales y poner fin a la utilización de los falsos autónomos.

Impulsar la inserción laboral de los jóvenes:  potenciar el contrato de relevo para fomentar el recambio generacional, recuperar la naturaleza formativa del contrato para la formación y el aprendizaje. Regular las prácticas y los becarios e impulsar el contrato de prácticas laborales. Suprimir las modalidades de contratación precarias que se impone a los jóvenes.

Extender la estabilidad en el empleo en el conjunto de la Administraciones Públicas como garantía de servicios de calidad. Potenciar la negociación colectiva para que en los convenios colectivos sectoriales se desarrollen medidas para reducir la temporalidad injustificada y se fijen porcentajes de plantilla indefinida mínima en cada sector de actividad.

Incrementar los tipos de cotización por desempleo para todos los contratos temporales, elevar las indemnizaciones por finalización de los contratos temporales asimilándolos a la prevista extinción por causas objetivas.

Limitar y reordenar los incentivos económicos a la contratación laboral, en sus distintas modalidades que resultan ineficaces para fomentar la estabilidad en el empleo, y que dejen de ser financiados con cargo a la Seguridad Social.

Regular el trabajo a tiempo parcial, con una regulación que actúe como elemento flexibizalizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación familiar y laboral y proteger a los trabajadores   al mismo nivel que en los ámbitos europeos.

Erradicar los abusos en las horas extraordinarias ilegales, debiendo ser obligatorio el registro de la jornada diaria.  Prohibir las horas extraordinarias en el trabajo tiempo parcial.

Reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y actualizar la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Es urgente, incrementar el importe de las sanciones en materia de relaciones laborales, ya que llevan 17 años sin ser revisadas, para que las mismas tengan un verdadero efecto disuasorio.

Con estas propuestas sobre contratación laboral se persiguen que el empleo sea de calidad, productivo, útil para las empresas, que se garanticen los derechos de los trabajadores y que se respete el modelo social europeo basado en la flexibilidad y seguridad.