En el último mes, los pensionistas se han vuelto a manifestar masivamente en todas las capitales de provincia. Además, han anunciado que se convocarán más movilizaciones en el mes de abril, a la espera de que Mariano Rajoy atienda sus justas reivindicaciones. Los pensionistas han mostrado su profunda indignación y han rechazado rotundamente la carta de la Ministra Fátima Báñez, donde se anunciaba el ridículo incremento del 0,25% de sus pensiones para el presente año. En coherencia con ello, reivindican su derechos adquiridos; y, en concreto, el mantenimiento de su poder adquisitivo; la eliminación del copago farmacéutico y la recuperación de los medicamentos sacados en su día de la Seguridad Social (SS); la derogación del factor de sostenibilidad (un concepto encaminado a reducir aún más la cuantía de las pensiones); el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas; y, finalmente, exigen garantizar el futuro de las pensiones y la convergencia de las políticas sociales con la media de las existentes en la UE.

Los pensionistas se han manifestado contra el bloqueo político del gobierno en el Parlamento y contra la parálisis del Pacto de Toledo. Es absolutamente falso que la parálisis del Pacto se deba a la obstrucción que practica la oposición política en su seno y, también, que el culpable del deterioro de la Seguridad Social y del vaciamiento de su Fondo de Reserva (cerca de 67.000 millones de euros) sea el último gobierno socialista, como cínicamente han puesto de manifiesto los responsables del PP. Todos sabemos que lo que está ocurriendo se debe a la política económica del actual gobierno, a su reforma laboral y a la decisión unilateral del PP (año 2013) de eliminar la revalorización ligada al IPC e imponer el factor de sostenibilidad; al margen de la calamitosa actuación partidista de la Presidenta del Pacto Celia Villalobos. En su Manifiesto, los pensionistas exigen, prioritariamente, abordar el capítulo de los ingresos a la Seguridad Social (un Sistema público, contributivo y solidario). Eso es lo más sensato en las actuales circunstancias. El gasto actual en pensiones no representa un problema serio para España, puesto que dedica el 11,6% del PIB (algunos países de la UE gastan por encima del 14% del PIB); un porcentaje ligeramente por debajo de la media europea. Por otra parte, el 48% de los pensionistas no alcanzan los 655 euros. Una cifra claramente insuficiente, que se ve aún más disminuida al constatar que la presión fiscal en nuestro país está 7 puntos por debajo de la media europea.

En coherencia con ello, lo primero que exigen los pensionistas es avanzar hacia una política de pleno empleo y superar la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas digitales…), lo que sólo será posible derogando las reformas laborales, sobre todo la nefasta reforma de Mariano Rajoy, que afecta particularmente a los jóvenes y al futuro de las pensiones. No debemos olvidar que el primer efecto, y el más importante de la última reforma laboral, tiene relación con el brutal desplome de los salarios (devaluación salarial extrema), lo que ha conducido a una fuerte transferencia de rentas del trabajo a las rentas del capital. Como consecuencia, la fuerte caída de las rentas del trabajo ha repercutido muy negativamente en las cotizaciones (ingresos) a la Seguridad Social. En segundo lugar, los pensionistas exigen suprimir las tarifas planas, la subvención a la contratación y la financiación de las políticas activas de empleo a cargo de la Seguridad Social, sobre todo cuando se ha demostrado que no cumplen con su misión: crear puestos de trabajo. En tercer lugar, proponen estudiar el destope de las cotizaciones y, en su caso, el aumento moderado de las cotizaciones empresariales ante su posible repercusión (negativa) en el empleo.

Finalmente, los pensionistas plantean recurrir a la fiscalidad, como ingreso complementario (si fuera absolutamente necesario), para responder al fenómeno del envejecimiento. Como, por ejemplo, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), articulando para ello algún impuesto general, directo y finalista, como el existente, desde hace tiempo, en Francia: la “Contribución Social Generalizada”. En todo caso, el propósito de los pensionistas es que el gobierno cumpla con el artículo 50 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”.

Desde luego, lo que no cabe la menor duda es que el asunto de las pensiones está ocupando un lugar destacado en el espacio político y mediático y, según el CIS, se ha convertido, además, en una creciente preocupación de los ciudadanos. La actitud beligerante de los pensionistas ante estos hechos pone también de manifiesto su profundo malestar por la actuación del gobierno en relación con las pensiones y su rechazo frontal a las ridículas promesas que Mariano Rajoy ha venido haciendo en el parlamento. No debemos olvidar que los pensionistas (más de 8,5 millones) siempre han sido el caladero de votos de la derecha y, en concreto, en los últimos años, del Partido Popular. Por eso, llama profundamente la atención que la opinión pública esté sufriendo el bombardeo mediático del Gobierno, que insiste en que no hay dinero para incrementar las pensiones y reitera, finalmente, que el problema de la Seguridad Social se resolverá como consecuencia de la creación de empleo, lo que no se corresponde con la realidad ni con el diagnóstico y análisis de los expertos. Por eso, resulta lamentable que el gobierno no utilice el mismo argumento ante el rescate de bancos, autopistas, infraestructuras y gastos de defensa y, en cambio, lo haga ante las políticas sociales encaminadas a resolver los problemas que afectan a las personas más necesitadas, sobre todo cuando han sido causados por una lamentable gestión de la crisis económica, que ha generado una profunda desigualdad, pobreza y exclusión social.

En este mismo sentido, los ciudadanos, en general, y los pensionistas, en particular, exigen Unidad a la izquierda para trabajar en defensa de las personas más vulnerables. Por eso, la izquierda debe acordar una potente Agenda Social y defender su contenido de aquí a los próximos meses: Plan de Choque por el Empleo; derogar la reforma laboral; recuperar la negociación colectiva sectorial y su capacidad real de intervención en las relaciones laborales y en la fijación de salarios; garantizar el poder adquisitivo y el futuro de las pensiones… Tanto el PSOE como Podemos deben ser conscientes de que los ciudadanos desaprueban con insistencia la falta de unión en asuntos de tanta trascendencia como son los que nos ocupan.

En todo caso, la desunión de la izquierda es una mala noticia, aunque haya sido la repetida costumbre que se ha seguido desde los comienzos de la Transición política en España: pugna entre el PSOE y el PCE y, después, entre el PSOE e IU por la hegemonía dentro de la izquierda. Pugna, como todo el mundo sabe, ganada por el PSOE por una gran diferencia de votos sobre los partidos a su izquierda (en parte debido a la memoria histórica). Sin embargo, esta breve reseña histórica nos demuestra que ahora no está ocurriendo lo mismo. El fenómeno de Ciudadanos y de Podemos ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, el fin del bipartidismo y que, previsiblemente, la diferencia de votos entre el PSOE y Podemos será pequeña. Además, todo indica que Podemos no va a desaparecer, a pesar de sus problema internos, de su ambigua posición en Catalunya y de la radicalidad de alguna de sus propuestas.

Como conclusión, si el PSOE quiere llevar a cabo una política de izquierdas, como viene prometiendo desde la celebración de su Congreso, lo tendrá que hacer con Podemos (si suman los escaños suficientes); porque, que nadie se llame a engaño, con Ciudadanos no será posible acordar un proyecto progresista. Estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones que tomó el PSOE, en mayo del año 2010, donde, por imperativo de la UE, el Gobierno de Rodríguez Zapatero sacrificó al partido, al entender que la decisión de anteponer el pago de la deuda pública a la inversión y al gasto social respondía a una razón de Estado y era lo que la situación económica demandaba.

En todo caso, los partidos de izquierda se juegan mucho en los próximos meses en la reformulación de sus propuestas. Debemos recordar que, dentro de un año, aproximadamente, se celebrarán elecciones en la UE, así como en las CCAA y municipios. En estas últimas elecciones (muy descentralizadas), la izquierda puede y debe mejorar sus resultados explotando la gestión de sus muchos representantes en los ayuntamientos; lo que debe ser un paso previo y necesario si se quiere obtener la mayoría de votos en las futuras elecciones generales. Para que eso ocurra, el PSOE debe hacer la autocrítica necesaria, consolidar su organización y liderazgo, mantener la iniciativa política (sin ocurrencias ni populismos) y presentar a los electores un proyecto claro y consistente. El objetivo debe ser recuperar definitivamente la credibilidad y la confianza, única manera de generar ilusión y aspiraciones de cambio en la ciudadanía. Sería insólito, con lo que está pasando en nuestro país, que volviera a ganar la derecha: el PP o Ciudadanos. Precisamente, los partidos que se oponen a la revalorización de las pensiones (según el IPC) y a que el crecimiento de la economía repercuta en las personas más necesitadas (recuperación de la deuda social contraída en la crisis), a pesar de las medidas claramente electoralistas de Rajoy y Rivera -y de las “zanahorias” de Montoro-, en su intento (tarde y mal) de aprobar los PGE-2.018.

En la implementación de esta política deben participar también los sindicatos en el cumplimiento de su labor fundamental: defender a todos los trabajadores y a los pensionistas. Esta tarea será más fácil si se hace conjuntamente con los partidos de izquierda y con los movimientos emergentes capaces de organizar a jóvenes, mujeres (movimiento feminista) y pensionistas. Por otra parte, debemos reiterar que los pensionistas han contribuido mucho con sus aportaciones a consolidar la Seguridad Social. Es justo que su poder de compra se mantenga cuando más lo necesitan. También los jóvenes tienen derecho a construir un proyecto de futuro y, para que eso se convierta en realidad, necesitan una mínima seguridad de que tendrán unas pensiones dignas cuando se jubilen. Desgraciadamente, la mayoría no contarán con un salario digno y suficiente que les permita invertir en Fondos privados de pensiones para complementar su pensión. No lo olvidemos: los Fondos Complementarios de Pensiones son la máxima aspiración y el gran negocio del sector financiero en la actualidad, a pesar de sus reiterados y escandalosos fracasos en un mundo globalizado.