Al margen de los resultados de las históricas elecciones del 21-D en Catalunya y de las consecuencias que ello tendrá en la formación del Parlament y del Govern de la Generalitat, en este último mes del año se han conmemorado el centenario de la huelga revolucionaria de 1917 y el 29º aniversario de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 (14-D). Ambos acontecimientos fueron una clara demostración de la fuerte capacidad de movilización que han tenido los sindicatos en nuestra historia reciente. Con motivo de la huelga del 14-D se han recordado, además, no sólo la participación masiva de los trabajadores sino también los logros conseguidos en aquel entonces y que, desgraciadamente, son muy pocos conocidos, sobre todo por los más jóvenes.

 

Una buena parte de las reivindicaciones del 14-D -contempladas en la “Propuesta Sindical Prioritaria”, presentada el 11 de julio de 1989-, fueron conseguidas un año después y se consideraron altamente positivas. Además de retirar definitivamente el regresivo Plan de Empleo Juvenil (desencadenante de la huelga) se alcanzaron importantes reivindicaciones: las pensiones no contributivas (asistenciales); la negociación en el ámbito de la función pública; la cláusula de revisión de las retribuciones de los funcionarios; el derecho de información en materia de contratación laboral en las empresas; el mayor  incremento de las pensiones de la década; la cláusula de garantía para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas; el salario social en las CCAA; y el aumento de la ayuda familiar para las rentas más bajas, entre otras medidas destacadas. Sin embargo, y a pesar de estos importantes logros, es necesario reconocer que los sindicatos no pudieron frenar la alta tasa de temporalidad -desconocida en el ámbito europeo- y tampoco la política económica del gobierno, a pesar de que demostraron una fuerte capacidad para deslegitimar la política del gobierno como se comprobó en años posteriores y, particularmente, en las elecciones generales de 1996 con el triunfó del PP de José María Aznar.

 

Este pequeño resumen de los logros más destacados de aquella emblemática fecha nos demuestra suficientemente la notable pérdida de derechos laborales, salarios, protección social (pensiones y desempleo) y calidad de los servicios públicos, que se ha producido, sobre todo en los últimos 10 años. Estas pérdidas se han producido al amparo de una fuerte crisis económica -sin precedentes en nuestro país-, de la abusiva gestión neoliberal de la misma y, lo que es peor, de la debilidad de la socialdemocracia y de los propios sindicatos, lo que ha producido unas fuertes desigualdades sociales. Efectivamente, a pesar de que la economía está creciendo en estos momentos, el gobierno no está propiciando la redistribución de la riqueza (ni siquiera el reparto de una parte de los beneficios que se están generando por el aumento de la productividad) y tampoco está demostrando interés en derogar la nefasta reforma laboral y recuperar el protagonismo de los interlocutores sociales en torno a la  negociación colectiva en las empresas y en las administraciones públicas.

 

Esto justifica sobradamente el comienzo de las movilizaciones emprendidas por las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO. Los diversos sindicatos de la función pública denuncian la precariedad de sus condiciones de trabajo y la pérdida de empleo y del poder adquisitivo de los empleados públicos y, en concreto, CCOO recuerda que en España están en activo cerca de tres millones de empleados públicos, lo que representó en el año 2015 el 6,3% de la población activa, muy por debajo de la media europea (8,4%). Esta cifra no debe esconder que, desde 2.010, se han perdido cerca de 350.000 empleados públicos. La situación se agrava porque el poder adquisitivo de los empleados públicos se ha desplomado en más de un 13% desde 2010. Además, de los 58.200 empleos públicos creados en el último año casi el 87% son temporales y la tasa de temporalidad entre mujeres se mantiene en casi 10 puntos por encima de la de los hombres (un 28,5% frente al 18,6%). Por otra parte, la duración de los contratos temporales es cada vez menor: en el pasado año, los contratos de menos de un mes han aumentado un 20,7%, frente al descenso del 10,9% de los contratos de tres o más años. Por último, los sindicatos alertan de unas plantillas sumamente envejecidas: el 43% de los empleados públicos tienen más de 50 años, mientras que los menores de 30 años sólo representan el 6,5%.

 

Para recuperar los derechos perdidos, los sindicatos exigen recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público y el consiguiente derecho a la negociación colectiva en las administraciones públicas para negociar sus condiciones de trabajo, las retribuciones, la contratación, la salud laboral, la formación, la igualdad de género, la acción social, la movilidad en la administración… Especial hincapié hacen en aumentar y mejorar el empleo reduciendo la alta tasa de temporalidad. De la misma manera exigen el reconocimiento de la deuda social y por lo tanto recuperar el poder adquisitivo perdido, para lo que es fundamental activar la cláusula de revisión de sus retribuciones. Debemos recordar que los empleados públicos han sufrido particularmente los efectos de la crisis y que esto exige recuperar las plantillas, el poder adquisitivo de sus retribuciones y los derechos perdidos para mejorar la eficacia de los servicios público en beneficio, sobre todo, de los ciudadanos más débiles.

 

Además de las retribuciones y de las condiciones laborales de los funcionarios en estos momentos está en juego el futuro de la Seguridad Social (SS). La gestión del gobierno en esta materia no ha podido ser más desafortunada. Con su política económica y social ha vaciado el Fondo de Reserva de la SS (que en su día superó los 65.000 millones de euros Al margen de los resultados de las históricas elecciones del 21-D en Catalunya y de las consecuencias que ello tendrá en la formación del Parlament y del Govern de la Generalitat, en este último mes del año se han conmemorado el centenario de la huelga revolucionaria de 1917 y el 29º aniversario de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 (14-D). Ambos acontecimientos fueron una clara demostración de la fuerte capacidad de movilización que han tenido los sindicatos en nuestra historia reciente. Con motivo de la huelga del 14-D se han recordado, además, no sólo la participación masiva de los trabajadores sino también los logros conseguidos en aquel entonces y que, desgraciadamente, son muy pocos conocidos, sobre todo por los más jóvenes.

 

Una buena parte de las reivindicaciones del 14-D -contempladas en la “Propuesta Sindical Prioritaria”, presentada el 11 de julio de 1989-, fueron conseguidas un año después y se consideraron altamente positivas. Además de retirar definitivamente el regresivo Plan de Empleo Juvenil (desencadenante de la huelga) se alcanzaron importantes reivindicaciones: las pensiones no contributivas (asistenciales); la negociación en el ámbito de la función pública; la cláusula de revisión de las retribuciones de los funcionarios; el derecho de información en materia de contratación laboral en las empresas; el mayor  incremento de las pensiones de la década; la cláusula de garantía para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas; el salario social en las CCAA; y el aumento de la ayuda familiar para las rentas más bajas, entre otras medidas destacadas. Sin embargo, y a pesar de estos importantes logros, es necesario reconocer que los sindicatos no pudieron frenar la alta tasa de temporalidad -desconocida en el ámbito europeo- y tampoco la política económica) y, si nadie lo remedia, consolidará el déficit  de la misma en los próximos años. Los sindicatos denuncian que el 50% de los pensionistas no llegan al SMI y que el 38% viven bajo el umbral de la pobreza. Manifiestan, además, que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales y la más frecuente en 650. La situación se agrava ante la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas (el incremento ha sido del 0,25%, en contraposición con la previsión de inflación situada en torno al 1,5%, para este año) y la incapacidad del gobierno a la hora de garantizar la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social (SS).

 

Por eso reivindican recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, eliminar el déficit de la SS, impedir los efectos negativos de la reforma del año 2013 (la tasa de sustitución caerá del 80% a menos del 50% si nadie lo impide), poner fin a la subvención de las cotizaciones empresariales (con cargo de la SS), cuyo costo debe asumir el Estado y, por último, estudiar la diversificación y mejora de los ingresos al Sistema: cotizaciones e ingresos fiscales del Estado, entre otros.

 

El argumento que utiliza sistemáticamente el gobierno para no avanzar por este camino tiene relación con las serias dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018), las limitaciones del techo de gasto y las exigencias de estabilidad fiscal de la UE. En este sentido, la política del Gobierno no sólo está perjudicando a los empleados públicos sino que está justificando también la actitud hostil y regresiva de los empresarios (CEOE-CEPYME) en relación con los salarios. Ocurre lo contrario cuando el gobierno firma con los sindicatos -como se ha producido en estos momentos- aumentar el SMI (el 20%, condicionado, en los próximos tres años). Dicho incremento se convierte, en la práctica, en una referencia al alza en los convenios colectivo, lo que, sin lugar a dudas, puede beneficiar a los más débiles.

 

En todo caso, el Gobierno, incomprensiblemente, se niega a emprender una profunda reforma fiscal y, por lo tanto, no asume que la estabilidad fiscal, después de los tremendos recortes producidos, depende exclusivamente de los ingresos fiscales, que están claramente por debajo de la media de la eurozona (el 7,2% del PIB: en torno a 80.000 millones de euros); con el agravante de que en el año 2016 bajó la presión fiscal (34,1% del PIB) en relación al año 2015 (34,5%). Efectivamente, la necesaria reforma fiscal debe garantizar el aumento de los ingresos y mejorar el reparto de la riqueza: que paguen más los que más tienen y que mejore la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, al margen de trabajar por erradicar los paraísos fiscales, recuperar impuestos y establecer un impuesto a las transacciones financieras, entre otras medidas.

 

Además, los PGE-2018 son una responsabilidad exclusiva del Gobierno y, por lo tanto, su deber es buscar una salida negociada con las fuerzas políticas en el parlamento para garantizar un crecimiento sostenible de la economía, mejorar las políticas sociales y recuperar  los derechos perdidos. Porque, si bien la economía lleva tres años creciendo, está mejorando ligeramente el empleo en términos cuantitativos (aunque no cualitativos) y, lo que es más importante, las empresas han  recuperado el nivel de beneficios anterior a la crisis, ello no está repercutiendo favorablemente en los más débiles. Según denuncian UGT y CCOO, la tasa de paro se sitúa en el 16,38% (8 puntos por encima del año 2007); los jóvenes sin esperanza emigran en busca de un empleo; el trabajo cada vez es más precario y sin derechos; los salarios (sobre todo de los jóvenes) siguen estancados y pierden poder de compra; las mujeres siguen gravemente discriminadas en su trabajo: su salario medio bruto por hora en España, para un mismo trabajo, es de un 14,9% inferior al de los hombres (16,3% en la UE); las prestaciones por desempleo sólo cubren a algo más de la mitad de las personas desempleadas; la prestación para las personas dependientes sigue bajo mínimos; y, como consecuencia, esto tiene unos efectos sociales dramáticos para muchos.

 

Por eso, en el próximo año 2018 nuestro país tiene que abordar varios retos pendientes. En primer lugar el gobierno debe buscar una solución negociada del problema catalán dentro del marco constitucional; y, paralelamente, comenzar a recuperar los derechos perdidos de los trabajadores (garantizando la centralidad del trabajo); poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo; abrir la mesa de la Función Pública para negociar las condiciones de trabajo, la contratación y la retribución de los empleados públicos; activar el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones actuales y futuras; equipararnos en presión fiscal a la media de la UE; mejorar el funcionamiento de los servicios públicos; regenerar la vida política (lucha a fondo contra la corrupción); y, por último, apostar decididamente por unas políticas redistributivas capaces de mejorar la protección social y, lo que es más importante, superar la intolerable desigualdad, pobreza y exclusión social.