Categoría: La Opinión

Cuando se cumple un año del regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, puede ser un buen momento para hacer un balance de su gestión e identificar los retos más inmediatos.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pamplona en el conocido como caso de “La Manada”, nos ha dejado estupefactxs, provocando una gran y casi espontánea reacción social de rechazo.
La benevolencia del Tribunal con los cinco agresores ha conmovido a muchas mujeres y hombres y, tras mostrar nuestra indignación por ello, se hace necesaria una reflexión acerca de las causas y de cómo tratar de evitar que en el futuro se produzcan sentencias similares

Son sin duda muchas y variadas las causas que explican la delicada situación política que vivimos hoy en Cataluña. Todas ellas han sido examinadas y abordadas in extenso. Falta sólo aquello que todavía hoy no podemos tener: la necesaria e imprescindible perspectiva histórica para analizar con más distancia los acontecimientos vividos desde 2012 y, en particular, desde septiembre de 2017. Paciencia: llegará.

Se ha establecido un consenso en torno al alcance, dimensión y significado de la masiva movilización y lucha de las mujeres plasmada en todo el mundo el pasado ocho de marzo. En principio, y siguiendo ese consenso, estaríamos ante un movimiento casi tectónico, por su fuerza, justicia moral y transversalidad, que va a transformar nuestras sociedades, configurándose estas de forma igualitaria, zanjando así las principales desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y que no solo abarcan reivindicaciones de carácter económico, sino injusticias más graves como son la violencia que sufren las mujeres o la discriminación arraigada y “tolerada” en nuestra cultura, de la mujer por ser mujer. Comparto ese consenso.

Hace 25 años la compañía RENFE adjudicó a una entidad bancaria, ARGENTARIA, la ejecución de la OPERACIÓN CHAMARTÍN. Hoy, RENFE es ADIF, ARGENTARIA es BBVA y la OPERACIÓN CHAMARTÍN es DISTRITO CASTELLANA NORTE. Pueden haber cambiado los nombres pero no el fondo de la cuestión: allí no se ha movido nada y el entorno de la Estación de Chamartín sigue como el primer día.

¿Recuerdan la “lucecita de El Pardo”?. Pues, ahora, parece que quieren encender otra en la ciudad belga de Waterloo.

Para los más jóvenes convendría recordar que, en su momento, se llamó la “lucecita de El Pardo” a un faro ideológico que pretendía guiar a los nostálgicos del franquismo una vez que, muerto el dictador, se estaba desmontando su herencia política.

El 7 de agosto de 1998, a medianoche, el alcalde de Marbella, Jesús Gil, aprobó definitivamente un Plan General de Urbanismo por silencio positivo de la Junta de Andalucía, que era quien debiera de haberse pronunciado sobre ello. Cuando la Junta pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía la anulación de esa aprobación y de las licencias de obra que se dieran de acuerdo con ese Plan, el TSJ dictó una sentencia jurídicamente correcta.

Al Partido Popular, y al Gobierno español que apoya, últimamente se le acumulan los problemas. Es lógico, ya que no los resuelve.

El de la corrupción entre sus miembros debería encabezar el ranking de esos problemas aunque, de por tan cotidiano, ya casi no es un problema sino una forma de vida. Solo cuando se produce alguna novedad es cuando repunta esa cualidad de problema. Y, ahora, se ha producido.

(Para los menos avisados, diré que voy a hablar, naturalmente, de Cataluña)

Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, podría ser, al menos en un aspecto, el Winston Churchill español. Ambos tienen mucha obra escrita pero, insuficiente para contener todas las frases brillantes que, a uno y a otro, se les asignan.

A Romanones se le atribuye la que habría dirigido a los diputados del Congreso diciendo eso de: “Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos”. Hay otro personaje histórico que puede competir, en el imaginario popular, con el ingenio del Conde de Romanones. Se trata de Pio Cabanillas y de él, podría ser también esta frase que rezuma cierta socarronería, paradójicamente no exenta de florentinismo, que viene a decir: Hagan ustedes la norma, que yo me encargaré de interpretarla.

Hay quien habla de la separación de poderes en el Estado mientras esboza una sonrisa irónica. Es como si expresara una opinión políticamente correcta pero avisando, con su gesto, que no se lo termina de creer porque, “ya se sabe”, el Gobierno influye en los jueces cuando le interesa.

Ha de tenerse en cuenta que los jueces, como humanos, no solo se pueden equivocar sino, conscientemente, tomar decisiones en contra de lo que les dictaría la razón. En esto se parecen al resto de las personas. Las hay que delinquen, pero, por defecto, en España se las supone constitucionalmente inocentes y solo cuando se puede demostrar que han cometido un delito es cuando son consideradas como culpables.