Categoría: Políticas de la Tierra

Desde el pasado jueves 12 de septiembre, una noticia ha acaparado el interés de los medios de comunicación: las lluvias intensas (gota fría tradicional unida al nuevo “concepto” promovido por los medios de “dana”: depresión aislada en niveles altos, por su forma de formación de la gota fría en este caso), junto a otras, con mucho menos pedigrí, como la huelga convocada para el viernes 20 de septiembre con motivo de la falta de respuesta adecuada al calentamiento global, o la Cumbre del Clima en Nueva York el próximo 23 de septiembre.

En febrero de 2011 inauguraba esta sección de Políticas de la tierra con un artículo del mismo título al que hoy añado la referencia temporal 2011-2019 y la plasmación de la evolución de una etapa básicamente gobernada por el partido popular hasta la moción de censura del año pasado; y el comienzo de una etapa de reflexión, iniciada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), dirigida a la realización de una Libro Verde del Agua, y la definición de la transición hídrica que se recoge como parte de las 370 medidas propuestas hoy mismo para un nuevo Gobierno progresista, que esperemos pueda consolidarse en este mes.

En los tres artículos anteriores hemos mostrado que no existe un “mercado de la vivienda” sino muchos “submercados” con pautas de funcionamiento y de determinación de precios netamente diferenciados, en función del carácter monopolista, de oligopolio o de competencia imperfecta que respectivamente les caracteriza. Y, a su vez, que la dimensión territorial, no sólo dentro de las ciudades, sino entre éstas y entre las distintas regiones, muestra elementos de funcionamiento muy diferentes en los criterios que determinan la oferta o la demanda que se produce en las mismas y, por lo tanto, también en su dinámica de precios.

Iniciábamos esta serie de artículos planteándonos dos cuestiones: si en España existía, o no, una burbuja inmobiliaria especulativa, y si una moratoria en el precio del alquiler, similar a la puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.En el primer artículo se realizaba una reflexión sobre el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna, y detallábamos el papel especulativo del mercado de la vivienda privada, donde lo que denominábamos los “precios de referencia” y su fácil manipulación en un submercado de pisos de lujo claramente monopolista, se ha comprobado que tienen una influencia muy elevada sobre la tendencia especulativa de los precios en el conjunto de la ciudad, del país e, incluso, como remarcaba el propio FMI, de los precios internacionales.

una moratoria en el precio del alquiler, similar a la puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.Iniciábamos el artículo con una reflexión sobre el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y detallábamos el papel especulativo del mercado de la vivienda privada, donde lo que denominábamos los “precios de referencia” y su fácil manipulación en un submercado de pisos de lujo claramente monopolista, se ha comprobado que tienen una influencia muy elevada sobre la tendencia de los precios en el conjunto de la ciudad, del país e, incluso, como remarcaba el propio FMI, de los precios internacionales.

El martes 26 de junio pasado, en el seno del Foro de la Obra Pública celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander, me planteaban dos preguntas. La primera, si en España existía, o no, una burbuja inmobiliaria especulativa; la segunda, si la política de moratoria en el precio del alquiler puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.La respuesta a cualquiera de las dos preguntas ni es sencilla ni es unívoca; pero su trascendencia es tremenda para abordar uno de los problemas más graves que se presenta en una sociedad capitalista como la española, que sigue considerando mayoritariamente a la vivienda como mercancía cuyo precio debe ser regulado por el mercado pese al incumplimiento que ello comporta desde la perspectiva de nuestra propia Constitución, que establece el derecho para todos a disponer de una vivienda digna, y la obligación de las administraciones de evitar la especulación del suelo o, por ende, de la vivienda.

Tras las elecciones del pasado domingo Madrid se encuentra en una encrucijada tanto en su Gobierno regional como municipal. Y los gobiernos que finalmente resulten van a tener fuertes consecuencias sobre la movilidad, la contaminación urbana y, por lo tanto, sobre la salud, fundamentalmente de los niños y de la tercera y cuarta edad.

La numerosa información publicada en estas semanas sobre sostenibilidad ambiental, que en algunos casos afortunadamente ha tenido eco importante en los medios de comunicación, me ha hecho relegar la temática del acceso a la vivienda y las políticas contempladas por los distintos partidos para las elecciones a la semana que viene, para considerar en ésta cómo está variando la situación ambiental y qué posición adoptan los principales partidos españoles al respecto.

Hace algo más de un mes iniciaba un viaje a México que me ha permitido reflexionar sobre aspectos normalmente objeto de esta sección de Políticas de la Tierra que me parecen particularmente oportunos cara a lo que puede ser el futuro del planeta. Aspecto particularmente relevante ante la proximidad de elecciones generales, regionales y locales en las que, lo primero a destacar, es la calidad y seriedad respecto a la problemática y retos de la sociedad actual, de los Programas políticos presentados por el PSOE y Podemos (Unidas Podemos), aunque la viabilidad de muchas de sus propuestas en el marco político previsible sea cuestionable. No obstante, es positivo ver la posibilidad de compaginar muchas de sus propuestas, en los aspectos básicos de sostenibilidad para el Planeta o de mantenimiento y defensa de la sociedad del bienestar, con las de partidos con representación parlamentaria como Compromís, PNV o, en aspectos no independentistas, ERC.

¿Cómo podemos pensar que incidiría en las elecciones del 28 de abril el que el lunes de esa semana Madrid y gran parte de España se quedaran sin luz o sufrieran sucesivos y reiterados apagones hasta el día 28? No es imposible. ¿Sería el colofón a años de abandono del sistema, falta de inversión y de trabajadores especializados, y de corrupción en el desarrollo de las centrales termoeléctricas, como señala El País para el caso venezolano? Evidentemente no, porque la estructura y funcionamiento del sistema eléctrico en España cuenta con unos niveles de profesionalidad y de gestión, capitaneada por Red Eléctrica Española, que hacen muy difícil que tal cosa suceda. Pero en absoluto es imposible. Y lo que ahora ha sucedido en Venezuela, con un sistema eléctrico ni tan complejo ni tan interconectado digitalmente, se ha producido ya varias veces en EEUU a través de ataques cibernéticos que tampoco hay ninguna duda que están detrás de la situación registrada ahora en Venezuela, en una mezcla más primaria de sabotajes físicos e informáticos. Que no son imposibles en España, aunque esperemos que sean improbables porque el Gobierno con el conjunto del sistema de distribución eléctrica sean capaces de prevenirlos y evitarlos. Porque producirse se han producido y se van a seguir produciendo.