Categoría: Políticas de la Tierra

España sigue sufriendo las consecuencias de una crisis global financiero-especulativa en la que el endeudamiento de su sector privado no financiero (cerca del 140% del PIB de deuda) y de las familias y del sector financiero españoles (más del 80% del PIB de deuda cada uno) tiene una importancia mucho más significativa relativamente que la del Estado (menos del 70% del PIB de deuda). Estos niveles de endeudamiento están muy directamente relacionados con una construcción desproporcionada y con una burbuja inmobiliaria apoyada desde las administraciones públicas, fundamentalmente entre 1996 y 2003, que ha colaborado a la maltrecha dinámica económica de este país que según The Economist (World debt guide. July-2011) tiene una situación que, aunque más de cuatro veces por debajo de Irlanda, Portugal y Grecia, y cerca de Italia, presenta una tasa de crecimiento esperado de su PIB menos pago de la deuda estimado en el -3,2%. Crecimiento negativo que habla de la importancia de políticas que ayuden a incrementar el crecimiento y a reducir el nivel de endeudamiento y el coste de la deuda.

Estamos en el Año Internacional de los Bosques y por tanto es un buen momento para reclamar un gran pacto social y sobre todo político para poder afrontar con garantías de éxito el gran reto de acabar con la lacra de los incendios forestales en España. La persistencia de los incendios forestales en España hay que buscarla en causas estructurales más que coyunturales, aunque las causas de éstos seguirán inmutables. Un 95% de los incendios en España son originados, en su inmensa mayoría, por la acción intencionada o negligente del ser humano. En un contexto de cambio climático que acentuará la intensidad y poder devastador de los incendios forestales. Lo cierto es que sólo el 0,2% de los miles de incendios que se producen anualmente en España quema la mitad de la superficie forestal. En lo que va de año, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se han producido 7.369 incendios, de los cuales 4.828 eran conatos (incendios que afectan a menos de una hectárea).

El 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población. Como en muchas otras efemérides su elección es absolutamente discrecional; en este caso, se corresponde con el hecho de que, en 1989, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) eligiera este día para que se reflexione sobre la problemática demográfica en el planeta, atendiendo a que hacia 1987 se habían superado los cinco mil millones de habitantes en el mismo. Hoy, 24 años después, se estima que la población ronda los siete mil millones y que tres de los procesos presentes desde hace mucho tiempo en los países de la OCDE: la fuerte caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y su urbanización, empiezan a ser también características de los países en desarrollo y, por consiguiente, del total de la población. Adicionalmente, no se ha avanzado lo suficiente en resolver los problemas tradicionales de mortalidad infantil, hambrunas, desigualdades de renta y de género, conflictos bélicos, etc. Y surge, cada vez con mayor incidencia el problema ambiental de superación de los límites del planeta. Problema cuyo planteamiento en absoluto es nuevo, porque la relación entre población y crisis ha sido uno de los aspectos recurrentes a lo largo de la historia.

En 1960, el señor que denominaremos señor “A” compró una casa en dominio público marítimo terrestre (DPMT) basándose en que la ocupación de ese dominio público se había autorizado a los propietarios anteriores a través del pago de una tasa. Esta situación se mantiene hasta el 31 de diciembre de 1992 en que se le comunica al señor “A” que se le puede exigir derribar la casa a su costa y que los terrenos reviertan a la propiedad pública sin ningún tipo de compensación, atendiendo a lo establecido en la legislación vigente en ese momento (legislación de costas) que señalaba que el DPMT no podía ser apropiado para fines privados ya que era inalienable, imprescriptible y no sujeto a limitaciones. No obstante, se le comunica que pueden seguir utilizando su casa durante su vida pero no puede hacer otras obras que las de mantenimiento, y se le prohíbe venderla o transferirla a terceros.

Como las buenas noticias suelen interesar a muy pocos es interesante destacar esta: La energía solar bate por segundo mes consecutivo su récord de cobertura. Este dato aparecía en un artículo de la revista Energías renovables, el pasado 30 de mayo y la fuente principal del árticulo era Red Eléctrica Española (REE). Sí, las energías solar fotovoltaica y termosolar habían superado todos los registros obtenidos hasta el momento en España. Cubrió en mayo el 4,5% de la demanda nacional. El anterior récord se había producido el mes anterior, en abril, con el 4,2 % y en junio de 2010, con un 4%. Lo cierto es que cuando una energía renovable cuenta con el apoyo clave en su etapa de arranque, responde creciendo con rapidez, aportando energía limpia, empleo, reducción de costes y de emisiones de gases de efecto invernadero.

La biodiversidad es vital para el futuro del Planeta. Las funciones y servicios que proveen los ecosistemas son fundamentales para el sostenimiento de la vida en la Tierra, así como para enfrentar con ciertas posibilidades de éxito los retos que previsiblemente vendrán, como el cambio climático, la seguridad alimentaria. Por eso, es fundamental establecer los mecanismos y reforzar los procesos que conduzcan hacia un uso de la biodiversidad basado en el respeto, la armonía y la conservación de la naturaleza.

En las dos últimas semanas han acontecido cambios significativos –y nada esperanzadores- en factores que necesariamente tienen consecuencias territoriales. El primero de ellos se refiere a la aprobación de la revisión de la Agenda Territorial Europea (ATE2020), bajo la presidencia húngara de la UE, el pasado 19 de mayo. El segundo grupo se refiere a los asociados a la modificaciones esperables en las políticas territoriales de la mayoría de Comunidades Autónomas y municipios, ante los resultados de las elecciones del 22 de mayo en España. El último, al incremento de las emisiones globales de CO2 en 2010, que muestra la práctica imposibilidad de que el cambio climático se reduzca por debajo del incremento de los 2ºC para finales de siglo y el riesgo de que llegue a superar los 4ºC con consecuencias absolutamente impredecibles.

Las alergias, el asma y las enfermedades respiratorias relacionadas con la calidad del aire han aumentado en España. Los síntomas relacionados con el asma durante la infancia y la adolescencia afectan alrededor del 10% de esa franja de población en España. El 84% de la población respira aire que supera los índices de protección a la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, más del 40% de la carga global de enfermedad atribuible a factores medioambientales recae sobre los niños de menos de cinco años de edad (¡que sólo constituyen el 10% de la población mundial!). Por otra parte, en torno al 65% de las enfermedades infantiles tiene su origen en la contaminación y degradación del medio ambiente.

Cabe poca duda de que el paro es el principal problema nacional, que, además, aunque con intensidad moderada, sigue manteniendo una tendencia desestacionalizada al alza, acercándose a las emblemáticas cifras de los cinco millones de parados, 21% de la población activa total, y superando el 45% de parados en los menores de 24 años. Esta evolución del paro ha venido muy ligada a la de actividades directamente relacionadas con la transformación territorial de España: el urbanismo, la construcción de infraestructuras y viviendas, el automóvil y el turismo. Las cuatro primeras siguen registrando pérdidas de empleo, pero el turismo registra cambios que permitirían aprovechar el repunte para afrontar las modificaciones que exige el sector, tanto desde su perspectiva estructural como desde la necesidad de mejorar su sostenibilidad ambiental y territorial.

España posee del orden del 5% de su territorio “artificializado” por urbanizaciones o infraestructuras y un 8% adicional en peligro de ser “artificializado” por ellas en los próximos diez años; en total un 13% de su superficie, frente a cerca de un 28% que, tras la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, puede considerarse aceptablemente protegida contra la señalada ocupación y que, en teoría, debería destinarse a la conservación y puesta en valor sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas presentes en la misma; aunque sólo del orden del 0,7% de la superficie española deba dedicarse estricta y prioritariamente a la conservación (Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales) y el 27,3% restante admita, en grado diverso, utilizaciones compatibles con la conservación de los ecosistemas.