Este 22 de abril, 47º aniversario del Día de la Madre Tierra, Naciones Unidas nos recuerda que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento, y la necesidad de alcanzar un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras. Y, en particular, propugna con una campaña centrada en la «Alfabetización medioambiental y climática» la necesidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en ella se desarrollan. Y, en concreto, sobre la gravedad de un calentamiento global progresivo que constituye una amenaza sin precedentes para el planeta y los humanos que la poblamos.

El 22 de abril se conmemora el hecho de que en esta fecha de 1970, 20 millones de norteamericanos, fundamentalmente estudiantes, tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sostenible. Esta manifestación, promovida, entre otros, por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, incidió en la creación de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) en EEUU, y en el establecimiento de una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente (aire, agua, conservación de especies en peligro de extinción) en aquél país.

Un ejemplo de incidencia ciudadana que vuelve a ser tremendamente necesario en un país –EEUU- cuyas primeras propuestas ambientales tras la elección de Donald Trump como Presidente, han sido tremendamente negativas, tanto en los nombramientos realizados para gestionar el medio ambiente estadounidense, como en sus objetivos de cuestionar el cambio climático o de reducir en un tercio el presupuesto para la política ambiental de su país.

Y contestación política que es también absolutamente necesaria en España, tras la fuertísima regresión ambiental de las políticas del ya largo Gobierno del partido popular.

En todo caso, este día de la Madre Tierra es una buena oportunidad para pasar revista a la situación de nuestro planeta desde la perspectiva de los distintos grupos de Indicadores que nos muestran el estado de nuestro Patrimonio Natural que algunos, impropiamente –y de forma no casual- intentan reflejar con la denominación “capital natural”. Porque, ¿puede la naturaleza ser un capital? Desde la definición del Real Diccionario de la lengua española es posible si el concepto se concibe de una forma genérica –acepción 4ª como “Hacienda, caudal, patrimonio”- pero evidentemente no, si la referimos a consideraciones de índole económica: “capital nacional: parte del patrimonio nacional constituida por bienes producidos por el hombre.” Y mucho menos si nos referimos a la consideración del “capital” como trabajo acumulado.

La naturaleza y sus ecosistemas existen en gran parte al margen de la actividad humana y, en numerosas ocasiones pese a ella. En ese sentido, la noción de Patrimonio está directamente ligada a lo que realmente representan el conjunto de ecosistemas que constituyen la naturaleza: herencia que, adicionalmente, deberíamos legar acrecentada a las próximas generaciones. No es por lo tanto aceptable confundir un Patrimonio Natural, que podría existir sin la especie humana y al margen de ésta, con un capital natural que parece querer ser concebido como resultado de la producción humana y para dar “rendimientos” a ésta. Y ello al margen de los indudables servicios que los ecosistemas proporcionan a la especie humana.

Volviendo al estado de nuestro Patrimonio Natural y a su evolución asociada a la implantación del “antropoceno” –aspecto al que nos hemos referido en artículos anteriores- la primera referencia necesaria tiene que ver con conceptos sintéticos de la relación del ser humano con la naturaleza, como son los de “biocapacidad” y “huella ecológica”, conceptos también desarrollados en artículos anteriores de esta sección.

Los últimos datos publicados por Global Footprint Network nos señalan que en el último año para el que se disponen de cálculos -año 2012- la tierra consumía y contaminaba del orden de 1,6 veces sus capacidades de producción y regeneración sostenible del metabolismo humano (relación huella ecológica respecto a biocapacidad), lo que implica una carga difícil de soportar a medio plazo por el propio planeta, dada la tendencia constante a su empeoramiento año tras año. Y en España la consideración de esa relación lleva a resultados más preocupantes, ya que el indicador de insostenibilidad, con el mismo proceso de cálculo, se situaba en 2,9 para el año 2012, quedando clara la necesidad de actuaciones urgentes para luchar contra el riesgo que significan, entre otros, los rápidos cambios climáticos que se están detectando y su grave influencia sobre nuestro Patrimonio Natural en un país como España con una gran superficie de elevada aridez.

De hecho, desde la perspectiva del Patrimonio Natural español, en esta Sección se ha hecho reiterada referencia a los riesgos del Calentamiento Global –y el Cambio climático asociado al mismo- para España, que previsiblemente incrementará la frecuencia e incidencia de fenómenos climáticos extremos -con efectos progresivamente más graves tanto sobre nuestras costas y áreas de inundación como sobre la problemática hídrica –sequías, contaminación hídrica, sobreexplotación de acuíferos, etc.- y su incidencia en los ecosistemas y en la biodiversidad de este país que son parte fundamental del citado Patrimonio Natural (zonas húmedas y áridas, de forma muy destacada).

La pregunta que subyace a esta evolución es la de: ¿hasta cuándo la sociedad humana podrá tensionar la capacidad ecológica del planeta sin conducir a rupturas catastróficas? Por ahora no existe respuesta, pero el calentamiento global parece ser una de las primeras consecuencias de la insostenibilidad del modelo global de desarrollo predominante, lo que debería llevar al convencimiento social de la necesidad de que nuestros políticos pasen a defender los intereses de la mayoría de la población, actual y futura, propiciando el cambio del modelo de sociedad capitalista de consumo por líneas de actuación alternativas, que son viables ya en la actualidad.

Los riesgos asociados a un cambio climático que altera la composición de la atmósfera mundial y modifica la variabilidad natural del clima (calentamiento global), o la degradación ambiental asociada al deterioro de la calidad del aire, del suelo y del agua, derivada de las concentraciones ambientales de contaminantes, y de otras actividades y procesos impactantes en nuestro Patrimonio son aspectos de la suficiente gravedad como para que la sociedad se implicara políticamente en la urgencia de su consideración. Ya hemos señalado en esta Sección que el Global Risk 2017 destacaba que, a lo largo de la última década, los Riesgos relacionados con el medio ambiente han tenido una posición muy importante por su probabilidad de ocurrencia y por la gravedad previsible de sus efectos en el conjunto de Riesgos considerados. De hecho, en este Global Risk 2017 estos Riesgos tienen una posición preeminente, tanto por ellos mismos como por su fuerte relación con los conflictos sociales y con las migraciones. Y son todos ellos Riesgos que afectan al Patrimonio Natural, destacando los Sucesos climáticos extremos, los Desastres naturales, los Fallos en los procesos de adaptación al Cambio Climático, los Desastres ambientales producidos por el hombre, las Crisis hídricas, o el Colapso de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad (consecuencias irreversibles de las pérdidas de recursos naturales y de biodiversidad para la humanidad o para el sistema productivo: pesca, sistema forestal, farmacia, etc.).

Visto lo anterior cabría preguntarse ¿cómo pueden influir estos riesgos globales en España?

Con respecto a los riesgos ambientales, es evidente que al margen de las necesarias políticas ambientales de mitigación y adaptación al cambio climático, a las crisis hídricas, y al colapso de los ecosistemas y de la biodiversidad, sobre las que tan poco y mal ha actuado el Gobierno del PP, es imprescindible una nueva política que prevenga los efectos más negativos de estos riesgos sobre las costas –y por lo tanto el turismo- el balance hídrico, el sector primario y los ecosistemas, aprovechando al máximo la puesta en valor e internalización de sus servicios.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge, en su Título I, el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como el instrumento para conocer la distribución, abundancia, estado de conservación y utilización del Patrimonio Natural Español, con especial atención a los elementos que precisen medidas específicas de conservación, o hayan sido declarados de interés comunitario.

Anualmente debe realizarse un Informe por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que permita conocer el estado de los elementos que integran nuestro Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y tener un diagnóstico preciso de los mismos. Estos Informes, elaborados desde 2009 en base a los datos fundamentalmente aportados por las Comunidades Autónomas, se basan en un Sistema de Indicadores desgraciadamente muy poco actualizado y muy mejorable en su elaboración puntual, que debe servir para la elaboración del Informe completo a presentar a la Unión Europea cada seis años. De hecho, de los 63 indicadores seleccionados para formar parte del Inventario muy pocos están actualizados, e incluso algunos están sin desarrollar, pese a los diez años transcurridos desde la aprobación de la Ley que obligaba a la elaboración del citado Inventario. La tabla siguiente, del Inventario de 2015, muestra la situación de cada uno de los grandes componentes o, lo que es lo mismo, el escaso grado de interés de las administraciones implicadas, en cuanto a los esfuerzos desplegados para cumplir con esta obligación legal en materia de nuestro Patrimonio Natural.

Por motivos obvios no podemos analizar en este artículo la evolución de cada uno de los componentes el Inventario, pero sí se puede señalar que tanto por parte de la Unión Europea como por parte de diversas instituciones científicas internacionales, se da un alto valor a nuestro Patrimonio Natural; y que, en muchos informes –como en el referido a la competitividad turística española (https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017)- dicho valor del Patrimonio Natural se considera como uno de los aspectos fundamentales para sustentar competitividad turística.

Además, anualmente se publican por distintos organismos información respecto a la situación de los principales Indicadores ambientales de los diferentes países, cuya fuente principal suelen ser las informaciones oficiales de esos países –como ya hemos visto normalmente poco actualizadas- a veces complementada con información de científicos o asociaciones ecologistas de relevancia mundial. Entre esas fuentes se encuentra el Yale Center for Environmental Law & Policy, de la Yale University, que publica anualmente el “Environmental Performance Index” (EPI) que trata de establecer una “Global Metrics for the Environment”, entre las que sitúa aspectos ligados a la Salud Ambiental (contaminación del agua y del aire o exposición de la población a riesgos ambientales) y aspectos ligados a la Vitalidad Ambiental (Clima y Energía, Biodiversidad y Ecosistemas, Recursos pesqueros, Bosques, Agricultura y Recursos hídricos), de clara interrelación con el Patrimonio Natural. Y hay que señalar que desde el punto de vista de la comparación internacional, España queda muy bien situada en la valoración asociada a este EPI conjunto, situándose en la sexta posición mundial sobre un total de 180 países considerados y sólo por detrás de Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca y Eslovenia.

 

Es evidente que los riesgos sobre el Patrimonio Natural son inherentes a la contradicción asociada a la inviabilidad de la generalización de una sociedad de consumo capitalista para una población global fuertemente creciente, en un marco de recursos patrimoniales finitos, muchos de ellos no renovables, bajo un sistema socioeconómico que hace de la competencia, de la especulación y de la riqueza individual, las pautas básicas de su funcionamiento.

Reiteradamente se producen demandas de las asociaciones ecologistas sustancialmente razonables y asequibles que son sistemáticamente desoídas, en general, por las Comunidades Autónomas, y por el Gobierno estatal del partido popular, que considera secundaria su urgencia e interés. Sistemáticamente este partido olvida lo que deberían ser lecciones aprendidas para enfocar el futuro, que habrían posibilitado prevenir y evitar los errores que se han venido cometiendo en este país, desde la perspectiva de los intereses generales de su población (costas, parques nacionales, montes, energía, impacto ambiental,…). Pero es evidente que estos intereses generales no han estado siempre en la base de las tomas de decisiones de los Gobiernos que ha habido, muy en particular en el caso de los Gobiernos del PP, cuyas políticas tienen un claro sentido clientelar y de clase, y una envidiable inteligencia, coherencia y efectividad para satisfacer sus intereses particulares (sin dejar atrás la importancia de la corrupción asociada a esta satisfacción).

Proteger nuestro Patrimonio Natural es una necesidad. Priorizar adecuadamente los recursos necesarios en los Presupuestos correspondientes y favorecer una gestión potenciadora de los servicios que obtenemos de ese Patrimonio una necesidad que los partidos políticos deberían valorar en mayor medida. El cambio climático y la dependencia energética española son aspectos muy directamente relacionados con ese Patrimonio. Y las políticas que se desarrollan en España sobre esos aspectos son manifiestamente insuficientes.