El primer día del mes de septiembre no ha podido ser más denso en acontecimientos políticos. Por una parte, el Presidente del Gobierno se dirigió a los partidos y a los ciudadanos para proponer un pacto político para hacer frente al calentamiento global, pacto que sí presupone, entre otras medidas, la creación de una Agencia estatal de emergencias. El propio Presidente compareció el mismo día ante la opinión pública en una entrevista en TVE y es de agradecer el lenguaje claro, alejado de la langue de bois, sobre todo cuando se refirió al acoso judicial contra su familia, como medio de acoso y derribo contra él mismo y también se refirió a la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial reflexione sobre lo que está ocurriendo, pues nunca se había dado el nivel de politización del Poder Judicial como arma de oposición al Gobierno.

En paralelo, el líder del Partido Popular quiso contraprogramar al Gobierno y compareció ante la prensa para ofrecer las ocurrencias que se le han ocurrido esta semana. Y Núñez Feijóo no se quedó corto en ocurrencias porque propuso, nada menos, que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado comporte la disolución de las Cortes. Más abajo hablaremos de ello.

Esta rentrée se produce, además, en el marco internacional más difícil desde que acabó la Guerra Fría por la convergencia de la política agresiva de Estados Unidos y la sumisión vergonzante de la Unión Europea, prolongándose esta situación con la permanente agresión de Rusia en Ucrania y de Israel en Gaza.

La propuesta gubernamental de pacto medioambiental con motivo de los incendios en varias Comunidades Autónomas mereció, en primer lugar, el desprecio del Partido Popular y luego, a continuación, la enésima ocurrencia de su Presidente, que ofreció como gran solución el control de los incendiarios (que, según las fuentes, no pasan de ser un cinco por ciento de los causantes de los grandes incendios). Para Núñez Feijóo y su partido, como para Vox, no hay cambio climático que incida sobre el inicio de los incendios. No tienen en cuenta las derechas que este verano, el peor de incendios, ha sido, y no por casualidad, el más caluroso que se recuerda. Por eso, si no se empieza por abajo, esto es, por el cambio climático que modifica todas las estrategias para gestionar la naturaleza, los poderes públicos no podrán prevenir estos episodios que cada vez serán más frecuentes y más destructivos. Además, la propuesta de pacto que ofreció el Presidente del Gobierno estaba tanto más justificada por la estructura territorial de España, donde el grueso de las competencias en esta materia corresponde a las Comunidades Autónomas, por lo que no sólo se deben implicar los partidos de la oposición y de la mayoría, sino también los Gobiernos y los Parlamentos autonómicos.

Por eso llama la atención la frivolidad del Partido Popular que menospreció la propuesta de pacto, trató de escabullirse de la responsabilidad de sus Gobiernos y, a despecho de la esforzada actuación de la Unidad Militar de Emergencias, pidió la intervención de todas las Fuerzas Armadas. Hay que reconocer que el Partido Popular estuvo imaginativo: por un lado, conforme a una tendencia muy arraigada desde hace dos siglos, la derecha pide la intervención de los Ejércitos ante cualquier problema y, de otra parte, se lanza a proponer soluciones chuscas e inmediatas como el control de los incendiarios. ¿Piensa el líder del Partido Popular incluir en el registro que propone crear los rayos, los vientos, los bosques no cuidados y las malas condiciones laborales de algunos bomberos? Todo para impedir que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se sienten a hablar y acordar medidas a largo plazo. Para no asumir las propias responsabilidades, la mala gestión propia, como ya ha hecho la derecha con la dana de Valencia.

Al lado de la necesidad de hacer frente al cambio climático, el nuevo curso político ha de hacer frente al tema de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y aquí el imaginativo Núñez Feijóo vuelve a la carga y propone que, por medio de una Ley, se disuelvan las Cortes y se celebren nuevas elecciones si en dos ejercicios no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. Aquí uno no sabe de qué asombrarse más, si de la frivolidad e ignorancia constitucional del líder de la derecha o de la deshonestidad de los asesores que lanzan a Núñez Feijóo a proponer medidas imposibles. Con la ley de amnistía ya hemos visto la deshonestidad de algunos especialistas en Derecho Público que, con tal de derribar al Gobierno, se han inventado una Constitución inexistente, pero hay que decir que ya está bien de manipular la Constitución para hacer acoso y derribo al Gobierno. Eso sí, a Núñez Feijóo no se le ocurre proponer la misma medida para las Comunidades Autónomas porque habría varios Gobiernos autonómicos populares en esa misma situación.

Y con ese punto de partida se inicia un curso político donde la presión judicial sobre el Presidente y sobre el Gobierno va en aumento, sin que el Consejo General del Poder Judicial sea capaz de cortar una deriva tan peligrosa. En el próximo inicio del año judicial volveremos a oír llamamientos en defensa de la independencia judicial, como si ésta estuviera en peligro, cuando es al amparo de esta independencia como la derecha intenta hundir al Gobierno y debilitar moralmente a su Presidente.

En un contexto parlamentario inestable, la presión a muerte de la derecha sobre el Gobierno se ve incrementada por la creciente subordinación del Partido Popular a Vox y a sus temas icónicos, con la inmigración como instrumento de agitación. Que el Ayuntamiento popular de Jumilla se haya prestado a apoyar la sucia operación de Vox no es una anécdota, sino un aviso. Un aviso de que el Partido Popular, como von der Leyen, se arruga ante la presión extremista y compra todas las mercancías averiadas que venden los fascistas. La operación para maltratar a los musulmanes ha tenido la ventaja, al menos, de mostrar hasta qué grado se pliega el Partido Popular ante Vox, como, por otra parte, hacen también otros partidos conservadores europeos.

Y esta referencia a los partidos conservadores nos lleva al último tema que está madurando en este comienzo de curso, en un contexto internacional particularmente preocupante. Que Estados Unidos se convierta, como se está convirtiendo, en un Estado autoritario, es un problema de los estadounidenses que han votado a un autócrata. Lo malo es que el autócrata de la Casa Blanca se está imponiendo en todo el mundo frente a los intereses legítimos de los restantes países y que su principal aliado, la Unión Europea, se ha plegado servilmente a esa presión. Ya sabemos que la cabra tira al monte y la derecha tira a veces hacia al autoritarismo, pero el desproporcionado servilismo de la Unión Europea hacia Trump va a tener consecuencias perversas para la democracia europea, no sólo en lo comercial, sino sobre todo en debilitar el Estado democrático y el Estado social porque las injerencias estadounidenses sólo acaban de empezar y las presiones sobre los Gobiernos y sobre los Parlamentos van a ir en aumento. La ceremonia sonrojante de von der Leyen en Escocia y el coro de palmeros para rogar al autócrata que no entregue Ucrania a Rusia son escenas equiparables a las que vimos en el pasado en Múnich o con el Comité de No Intervención de la Guerra Civil española.

Por eso, frente al reproche de los diarios de la derecha (a los que se ha agregado El País), de que el Estado español ha sido excluido de la corte de palmeros de Trump, parece que es un orgullo esta exclusión que además fortalece a Espala para el futuro, cuando haya que oponerse a las presiones insoportables de Estados Unidos, que llegarán en todos los campos de la política internacional y de la política interna. Porque no tardará mucho tiempo en que veamos a Estados Unidos presionar para cambiar Gobiernos.

Un comienzo de curso nada fácil que justifica resistir ante la presión poco democrática de las derechas y de los poderes empresariales porque resistir es vencer.