El próximo 6 de febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar una propuesta de reforma de su propio modo de elección. Todos los medios apuntan a que el acuerdo entre la derecha y la izquierda para ofrecer una propuesta que represente a todo el órgano se presenta muy difícil, por no decir imposible. El enfrentamiento entre los dos bandos del CGPJ es absoluto, pues la derecha quiere excluir al Parlamento de la elección, mientras la izquierda defiende la participación parlamentaria en la elección. El enfrentamiento es tan intenso, que la derecha ni siquiera acepta que se ofrezcan dos informes distintos. Nunca la derecha ha sido tolerante con las opiniones disidentes de la suya propia.

El conflicto, como hemos visto tantas veces en esta sección, se mueve sobre dos planos distintos, el práctico y el teórico, que tiende a enmascarar la rudeza del nivel práctico.

Para entender el plano práctico del conflicto hay que recordar que en este país tenemos una derecha política y una derecha judicial. Ambas derechas son concordantes en sus planteamientos y en algunos de sus fines, pero son sociológicamente distintas y poseen además ciertos fines distintos. La derecha política en España nunca se ha caracterizado por su vocación democrática y siempre ha intentado limitar las atribuciones de los dos órganos genuinamente democráticos, que son el Parlamento y, por la investidura de éste, el Gobierno. Para la derecha política, si hay zonas de la organización del Estado inmunes al control democrático, mejor que mejor. Esta idea en realidad ya no responde a los intereses de la derecha porque cada vez más hay Gobiernos autoritarios que han salido del sufragio universal (Estados Unidos, Argentina, Hungría, antes Brasil), por lo que a la derecha le debería interesar que el Parlamento no encuentre limitaciones. Pero su elitismo y su rechazo al principio democrático les lleva a defender la limitación de las atribuciones del Parlamento por medio de órganos menos representativos, como pueden ser, entre otros, un consejo de la judicatura.

El planteamiento de la derecha judicial es concordante, pero no igual. Como en otros países, los miembros del Poder Judicial son mayoritariamente conservadores y, como todo colectivo conservador, trata de librarse del control democrático creando áreas de decisión y de gestión donde no pueda intervenir el poder democrático, esto es, ni el Parlamento ni el Gobierno. Como la Constitución habla del Poder Judicial, la derecha judicial intenta desde 1978 disponer de un ámbito de poder propio donde no intervengan los órganos que representan a los ciudadanos, Parlamento y Gobierno. Naturalmente, esta pretensión descansa sobre una idea equivocada: no pueden tener la misma autonomía ni las mismas facultades los órganos o poderes que representan a los ciudadanos que los órganos o poderes formados por funcionarios que no tienen otra legitimidad que el haber ganado una oposición.

Esa es la base de las pretensiones de las dos derechas. La derecha política ha descubierto que un poder no controlado democráticamente puede ayudar a hacer oposición e, incluso, si se puede, a derribar Gobiernos. La derecha judicial quiere autonomía porque, como todo corporativismo, defiende mejor sus intereses si en su gestión no intervienen poderes externos.

Y para defender intereses corporativos (de la derecha judicial) y espurios (de la derecha política), una y otra han levantado toda una teoría que pretende que los jueces deben elegir ellos mimos al CGPJ porque éste representa al Poder Judicial. No es cierto. El CGPJ (que ni siquiera forma parte del Poder Judicial, aunque es su órgano de gobierno) no es el Parlamento de los jueves ni tampoco es su comité de empresa. Es el órgano encargado de gestionar un servicio público, el servicio público de la Justicia, que está, como todos los servicios públicos, para beneficiar a la ciudadanía. Por eso, el CPPJ no representa a los jueces, sino que debe servir a los ciudadanos. De ahí que los representantes de los ciudadanos (el Parlamento) deban elegir a las personas que gestionen ese servicio público y, como en todo Parlamento, CON CRITERIOS POLÍTICOS expresivos de la mayoría social de cada momento.

Esa es la realidad política que late detrás de la lucha constante de las dos derechas por controlar el CGPJ. Para una, para la derecha judicial, con el fin de gozar de la independencia propia de todo corporativismo. Para otra, la derecha política, con el fin de utilizar el Poder Judicial como instrumento adicional de oposición y para derribar al Gobierno legítimo. Por eso, va a ser muy difícil el acuerdo, pues las derechas sólo aceptarían un acuerdo que les asegurara el control del CGPJ al margen del Parlamento. Sólo entienden que todo el poder vaya a los jueces.