En un informe publicado hace pocos días, el banco Goldman Sachs —uno de los líderes del sistema financiero mundial— subraya que «el buen desempeño de España refleja una mejora de la calidad». Asimismo, destaca esa entidad que la economía española supera «significativamente» al resto de la zona euro, y lo hace además gracias a una mayor productividad laboral y una sólida posición fiscal. Por su parte, Christopher Pissarides, premio nobel de economía y autoridad mundial en mercado laboral, desempleo y productividad, afirmó en una entrevista reciente en El Periódico que en economía «España lo está haciendo muy bien».

Pero, además, los datos de la OCDE (Real household disposable income per capita), que miden la renta real disponible de los hogares por habitante —descontando la inflación—, aportan cifras ilustrativas: España conoce el segundo mayor aumento, con un incremento acumulado entre 2019 y 2025 del 5,2%. Otra variable es importante: en una investigación reciente sobre salarios y productividad laboral en España publicada en el prestigioso Review of Radical Political Economics (firmada por José Pérez-Montiel, Jacobo Ferrer y Carles Manera), hemos demostrado econométricamente que, en España, los periodos de gobiernos progresistas se asocian con mayor frecuencia a un régimen en el que las dinámicas de salarios y productividad están estadísticamente vinculadas, mientras que las administraciones conservadoras se corresponden más a menudo con fases de desacoplamiento. Las políticas económicas cuentan: la dinámica salarial no es únicamente el resultado de fuerzas de mercado impersonales, sino que también está influida por decisiones políticas y reformas del mercado de trabajo.

Es decir, a pesar de problemas innegables —el de la vivienda es uno de ellos, el más relevante—, las cifras macro y micro sintonizan. Urgen esfuerzos públicos y privados en el acceso a la vivienda, y ello se debiera articular a partir de una colaboración importante entre todas las administraciones afectadas, desde una idea central: la promoción de un parque público de viviendas para alquiler. El tema es objeto de debate constante, y ha merecido una atención especial por parte de entidades reguladoras como el Banco de España, en su importante Informe anual.

Ahora bien, el entorno viene determinado por una gran fortaleza del mercado laboral, que se avala además con la regularización de población migrante: una fuerza laboral ubicada en actividades «informales» que, una vez emergidas, tendrán consecuencias claras en los registros tributarios y en la previsible expansión del consumo y de la inversión. Los diagnósticos sobre la situación económica y social de España, elaborados por entidades con metodologías solventes, van en esta misma dirección: una evolución muy positiva en contraste con el resto de las economías europeas, pero con retos y desafíos que deben encararse.

Todos estos datos que se van conociendo permiten inferir un avance del PIB del orden del 2,8%, y tal vez sea esta una previsión moderada si se mantiene la tónica económica, teniendo en cuenta la creación de empleo que puede ser de unos 30 000 puestos de trabajo mensuales. En tal sentido, estaríamos hablando, para 2026, de una horquilla de nuevos empleos de entre 360 000 y casi 500 000.