Cada día, la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada y saludable erosiona la salud, el desarrollo y las oportunidades de miles de millones de personas en todo el mundo. El informe de las Naciones Unidas El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 revela que, aunque los niveles globales de hambre han mostrado una recuperación gradual tras los picos de la pandemia de la COVID-19, el costo de una dieta saludable continúa estando económicamente fuera del alcance de 2.690 millones de personas (el 32,7 % de la población mundial). La falta de acceso a alimentos nutritivos y las pautas alimentarias no saludables conllevan enormes costos sociales y sanitarios, generando unos costos ocultos asociados al riesgo de enfermedades no transmisibles que ascienden a 8,1 billones de dólares al año a nivel global.
El informe aporta cifras clave para dimensionar esta crisis:
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El mapa del hambre global: En 2025, entre 608 y 696 millones de personas padecieron hambre en el mundo (un 7,8 % de la población). Aunque representa una disminución respecto a años anteriores, la cifra sigue por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, Por primera vez, África se ha convertido en la región con mayor número de personas afectadas (309 millones, el 20 % de su población), seguida de Asia (292 millones) y América Latina y el Caribe (32 millones).
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Inseguridad alimentaria: Alrededor de 2.100 millones de personas (el 25,8 % de la población mundial) sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. De ellas, 778,6 millones hicieron frente a situaciones de inseguridad alimentaria grave.
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Nutrición infantil y de la mujer: La diversidad alimentaria mínima sigue siendo alarmantemente inadecuada. Solo el 30,8 % de los niños de entre 6 y 23 meses y el 62,7 % de las mujeres de entre 15 y 49 años consumen una dieta mínimamente variada. Asimismo, la anemia en mujeres en edad fértil se ha elevado al 30,7 % y la obesidad en adultos ha alcanzado un máximo del 16,2 %.
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El costo real de una dieta saludable: A escala global, el costo medio de una dieta saludable se encareció hasta los 4,28 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) diarios por persona en 2025. América Latina y el Caribe registra el costo regional más elevado del mundo, con 4,91 dólares PPA, mientras que en África el 66,6 % de la población no puede permitirse una alimentación saludable.
Las brechas en el acceso a alimentos nutritivos y el elevado precio de las dietas saludables no son fruto del azar ni de la climatología; obedecen a deficiencias estructurales en el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios y a la asignación ineficiente de los recursos. Los productos más nutritivos y necesarios para la salud —como las frutas, las hortalizas y los alimentos de origen animal— representan cerca del 70 % del costo total de una dieta saludable, mientras que los insumos, la logística deficiente y las altas pérdidas de alimentos encarecen desproporcionadamente las fases intermedias y de venta al por menor. Además, el 70 % del apoyo fiscal y las subvenciones agrícolas mundiales se sigue destinando a la producción de alimentos básicos amiláceos, azúcares y carnes, en lugar de incentivar la oferta de alimentos perecederos y de alto valor nutricional.
¿Qué se puede hacer para remediar esta situación?
El informe de las agencias de la ONU insiste en situar la reducción del costo de las dietas saludables y la transformación de los sistemas agroalimentarios en el centro de las políticas públicas de desarrollo. Lograr que comer de forma saludable sea asequible para toda la población requiere un enfoque integrado sobre la oferta y la cadena de valor:
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Aumentar la productividad e inversión en I+D: Reorientar la investigación y el desarrollo agrícolas hacia las frutas, hortalizas y legumbres, apoyando a los productores con acceso a agua, semillas de calidad y financiación.
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Eficiencia en la cadena de valor: Dado que entre el 70 % y el 75 % del costo final lo representan las actividades posteriores a la cosecha, es crucial invertir en infraestructuras de transporte, redes de almacenamiento en frío y logística para reducir la pérdida de alimentos y bajar los precios al consumidor.
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Reorientar el apoyo fiscal y las subvenciones: Redirigir los incentivos públicos de los alimentos amiláceos de bajo costo hacia la producción y comercialización de alimentos nutritivos más costosos.
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Gobernanza y equidad: Garantizar que las reformas económicas protejan a las poblaciones más vulnerables, promuevan la igualdad de género y no generen costos ambientales ni precarización del trabajo rural.
