El acuerdo del programa de gobierno del PSOE y Sumar tiene entre sus objetivos alcanzar el pleno empleo, el control de la inflación, aumentar el poder adquisitivo, revalorizar las pensiones, mejorar el acceso a la vivienda, reducir las listas de espera médicas, avanzar en igualdad o reforzar la cohesión social. Este nuevo mandato del Gobierno progresista se inició en una situación de incertidumbre internacional, con dos guerras simultáneas en Europa y Oriente Medio, y la Unión Europea (UE) condicionada por los problemas que atraviesan Alemania y Francia. A este contexto externo, desfavorable en nuestro país, se añaden la crispación y polarización política provocada por el PP y Vox por no aceptar los resultados electorales de 2023, algo que es completamente inadmisible, ya que el Gobierno progresista está avalado por la mayoría expresada en las urnas.
Desde el año 2018, en España se arrastra una ofensiva de desestabilización política puesta en marcha por la derecha y la extrema derecha española ante el éxito de la moción de censura a Mariano Rajoy por la corrupción del PP, que fue apoyada por la mayoría parlamentaria. El Gobierno progresista, ante la pandemia del coronavirus y las crisis derivadas de las guerras, ha levantado “un escudo social” para amortiguar los efectos de la crisis en las empresas, los trabajadores asalariados y los autónomos. Existe una diferencia abismal entre estas políticas progresistas y las que aplicó el Gobierno del PP durante la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, con recortes de los derechos laborales y de las pensiones.
La realidad es que, con las políticas desarrolladas por el Gobierno progresista mediante el diálogo social, se viene avanzando en el cambio estructural de nuestro modelo laboral, mediante la supresión de la temporalidad sin causa y con un fuerte crecimiento de la contratación indefinida. La recuperación de los derechos laborales, a través del equilibrio y autonomía en las relaciones colectivas de trabajo y el respeto de la negociación colectiva, las mejoras en la subcontratación o el mantenimiento del empleo con el nuevo mecanismo RED (ERTE). Todo ello, se complementa con otras iniciativas adoptadas como la reducción de la temporalidad en el empleo público o las políticas activas de empleo para garantizar nuevas oportunidades de empleo y formación profesional a las personas trabajadoras.
Un año más las políticas de progreso y solidaridad están dando sus frutos en la evolución de nuestra economía. 2024 nos ofrece unos resultados que sobresalen en el ámbito europeo, que en gran parte están basados en la buena marcha del mercado laboral. En los datos sobre empleo y desempleo del año pasado se ve claramente la positiva dinámica de crecimiento del empleo tanto en cantidad como en calidad en nuestro país, pues a lo largo del año se crearon 501.952 puestos de trabajo, el desempleo registrado en los Servicios Públicos de Empleo descendió hasta 2.560.716 personas desempleadas, el registro más bajo desde diciembre 2007, y se alcanzó la cifra de 21.337.962 millones de afiliados medios a la Seguridad Social.
Del total de desempleo registrado, 1.029.156 son hombres y 1.531.562 mujeres, la cifra más baja desde diciembre de 2008. Si lo comparamos con diciembre de 2023, el paro el femenino cae en 85.411 mujeres (-5,28%) y el masculino baja en 61.327 (-5,62%). En total del año, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años registra 185.801 personas, lo que supone el mínimo histórico. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 501.952 afiliaciones (+2,4%) y se alcanzó un nuevo máximo en diciembre de 21.338.962 afiliaciones, de los que 10,1 millones son mujeres. La contratación indefinida permanente aumenta en 545.155 (+4,2%), mientras que la afiliación con contrato fijo discontinuo baja en 25.103 (- 2,9%) y la afiliación con contrato temporal cae en 44.471 (-1,8%).
En el pasado mes de diciembre se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2021, este periodo de tiempo transcurrido nos ofrece unos resultados muy positivos sobre la calidad del empleo, se ha mejorado la estabilidad y también ha descendido la rotación. De hecho, la tasa de temporalidad se ha reducido hasta el 12,8%, lo que supone una caída de más de 15 puntos desde la Reforma Laboral. Respecto a los jóvenes, la temporalidad es el 20,9% y antes de la reforma pactada era el 53%. El año pasado se firmaron 15,42 millones de contratos (-0,2% interanual), de los que 6,48 millones son indefinidos (el 42%). En diciembre de 2021, previamente a la Reforma Laboral, los contratos indefinidos supusieron el 10% del total.
Sin embargo, España sigue liderando el desempleo con una tasa de paro del 11,2% frente el 5,9% de la UE. Los retos pendientes son de gran magnitud, en el propio acuerdo del programa de gobierno de PSOE y Sumar se identificaban en el apartado 1, titulado “Una economía más moderna, al servicio de las personas y de un crecimiento justo y sostenible”, y se afirmaba lo siguiente: “Desarrollaremos una política económica responsable y coherente, orientada a alcanzar el pleno empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura y, en cualquier caso, en línea con el resto de economías de la UE, situando la tasa de empleo por encima del 70%”.
En base a este acuerdo, el presidente del Gobierno propuso en el debate de su investidura el programa para la acción del Gobierno progresista, que es la que se viene desarrollando y que está orientada a alcanzar el pleno empleo, mejorar los derechos laborales en el marco del diálogo social, con el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, garantizando el 60% del salario medio al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin reducción de salario. Todo ello requiere intensificar y concentrar todos los esfuerzos en el proceso de cambio social y económico de nuestro sistema productivo en clave de las transformaciones verde y digital.
