La semana pasada analizábamos los efectos políticos y constitucionales de la creación del CGPJ y la dinámica judicial que se ha ido asentando desde 1980, fecha de la primera Ley que regulo este órgano constitucional. El Poder Judicial y el propio CGPJ han sido considerados por la derecha política y por la derecha judicial como dos instrumentos que, llegado el caso, podrían neutralizar la acción de un Parlamento y de un Gobierno progresistas. Con la formación del Gobierno por Pedro Sánchez en junio de 2018, el “Estado Mayor” (político, empresarial, mediático, judicial) del poder marginado por el nuevo Gobierno progresista decidió que había llegado la hora de emplear las instancias judiciales para oponerse al Gobierno y, si se podía, derribarlo. A diferencia del Parlamento o del Gobierno, el Poder Judicial es un poder difuso que recae en todos y cada uno de los órganos unipersonales o colegiados que lo forman. Por ende, bastaba con unos pocos órganos, estratégicamente situados, para armar la ofensiva contra el Gobierno.
Para empezar a avanzar en la guerra, ambas derechas necesitaban, como todo ejército que se lanza a la conquista, ciertos apoyos logísticos y operativos. Necesitaban contar, en primer lugar, con el propio CGPJ. Y como el Consejo elegido en 2013 (con mayoría absoluta del Partido Popular en las dos Cámaras) era favorable, decidieron impedir la renovación del órgano, que correspondía en 2018. El boicot fue tan intenso que un CGPJ que tenía que haber sido renovado en 2018 no lo fue hasta 2024, seis años después.
Otro apoyo operativo que necesitaban ambas derechas, situado en retaguardia por si había que utilizarlo, era el Tribunal Constitucional. Y para controlarlo había que mantener el máximo tiempo posible a los Magistrados elegidos en 2013 por parte del Gobierno y del CGPJ (tres de la derecha, uno de la izquierda), de modo que ambas derechas boicotearon todo lo que pudieron la renovación que correspondía al CGPJ y que arrastraba a la decisión del Gobierno (aunque jurídicamente no era necesario que ambos órganos actuaran juntos).
A pesar de los apoyos del CGPJ y del Tribunal Constitucional, la ofensiva contra el Gobierno necesitaba más aliados, de modo que el Partido Popular y su prensa adicta organizó una campaña fortísima en la Comisión Europea, tanto para intentar modificar el modo de elección de los Vocales de origen judicial, como para provocar una renovación favorable a la derecha. Ahí las derechas contaron con todo el apoyo del Comisario de Justicia, Didier Reynders, actualmente acusado de corrupción en Bélgica. Daba igual que de los Tratados de la Unión no se desprendiera nada sobre el modo de elección de los Consejos de la Magistratura, máxime cuando no existen en todos los Estados Miembros (como Alemania), porque lo importante era la presión del Partido Popular, con apoyo del Partido Popular Europeo, para seguir controlando el CGPJ.
Por último, y éste es un tema esencial, las derechas necesitaban un comando de guerrilleros que descendiera sobre territorio enemigo y abriera la puerta a los ejércitos invasores. Ese comando de guerrilleros era la acusación popular porque los Jueces en España no pueden actuar de oficio (ya les gustaría a algunos) y necesitan el impulso procesal de algún denunciante, papel que desempeñan diversas asociaciones de extrema derecha que le hacen el trabajo sucio al Partido Popular.
Eso explica que, como es sabido, el Presidente del Gobierno pidiera al CGPJ que reflexione sobre la actuación política de algunos miembros del Poder Judicial. Sin pretender hacer la exégesis del Presidente Sánchez, parece que lo que éste señaló es que hay actuaciones de los Jueces que tienen efectos políticos, hay ciertos sujetos políticos que se benefician de esas actuaciones y, además, a través de la acusación popular ponen en movimiento ciertas actuaciones que perjudican al Gobierno. Por eso en este artículo vamos a comentar algunos hechos con sus efectos políticos a fin de cada lector saque sus propias conclusiones.
Con estos antecedentes, una de las primeras batallas judiciales, de las más intensas, fue dirigida a boicotear la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida mediáticamente como Ley de amnistía. Acompañada por una fortísima campaña de libros y artículos científicos de un grupo de juristas que se han prestado a apoyar a la derecha, se trataba de impedir que la Ley se aplicara. Y, en parte, lo han conseguido, pues Piugdemnont, Comín, etc., no han podido regresar a España porque el Tribunal que los condenó ha descubierto un delito de malversación que considera que no se integra en el campo de aplicación de la Ley y, para retrasar su aplicación, quiere suscitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo con un fin táctico y otro estratégico. El fin táctico es erosionar la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, pues Junts acumula pretextos para no apoyarlo. El fin estratégico es configurar un área, como es el campo penal, en el que el Parlamento no debe introducirse por medio de amnistías o medidas de gracias. Y aunque el Tribunal Constitucional ha declarado que la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía, es constitucional (salvo en un asunto menor), Puigdemont y Comín siguen sin poder acogerse a la amnistía. Los lectores juzgarán si estamos o no ante una actuación política del Poder Judicial.
También juzgarán los lectores si hay acusación política en la resistencia de algún Tribunal andaluz que, en lugar de aplicar las numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE, está intentando retrasar su aplicación. Las Sentencias del Tribunal Constitucional estaban más justificadas, tanto por las peculiaridades de la instrucción como por el hecho de condenar a miembros de un Gobierno por aprobar un proyecto de ley, pero a la hora de ejecutar las Sentencias constitucionales algún Tribunal quiere suscitar también alguna cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una forma de no ejecutar aquellas.
Asimismo, tienen alto calado político las sucesivas Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulando diversos nombramientos del Gobierno siempre con motivaciones discutibles, decisiones todas muy celebradas por la oposición.
La dimensión política de la acusación contra el Fiscal General del Estado no parece ofrecer muchas dudas. Ante la difusión de las noticias de la acusación penal por delitos fiscales contra el novio de la Presidenta Díaz Ayuso, aquel (bien asesorado desde la Puerta del Sol) desvió la atención de la acusación acusando de la difusión de la noticia al Fiscal General del Estado. No es que la operación sea muy acorde con la ética democrática, pero hasta se puede entender que la Presidenta Díaz Ayuso utilice todos los instrumentos a su alcance para mantenerse. Pero, se entienden menos varias circunstancias subsiguientes a la denuncia de González Amador, a saber:
- De entre todos los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿por qué se ha encargado la instrucción a uno de los Magistrados más conservadores que además la opinión pública identifica más con la derecha?
- A la vista de cómo se difundió la noticia de la inculpación de González Amador, ¿por qué no se ha inadmitido la denuncia?
- ¿Por qué no se han valorado las declaraciones de algunos testigos, que acreditan que la noticia de la inculpación de González Amador se difundió antes de que la conociera el Fiscal General del Estado?
- ¿Por qué se penaliza la obligada respuesta de un órgano del Estado a la difusión de informaciones falsas que pretenden embarullar actuaciones penales legítimas?
- ¿Por qué la derecha judicial y la derecha política pretendía excluir al Fiscal General del Estado de la ceremonia de inauguración del año judicial?
La respuesta a estos interrogantes ayudará a entender si algunos Jueces hacen o no política.
Finalmente, hemos de formular este interrogante viendo las causas penales que están sufriendo la esposa y el hermano del Presidente del Gobierno. Antes de avanzar con este punto, hay que recordar que ambos procedimientos penales han surgido por denuncias de la acusación popular, de organizaciones de extrema derecha, dato que debería levantar las alarmas al Poder Judicial y hacerles extremar los cuidados. En el caso de la esposa del Presidente Sánchez, la denuncia es difícil de entender, al menos para los que conocemos el funcionamiento de las Universidades que no organizan ninguna actividad formativa si ésta no lleva emparejada un beneficio económico para la propia Universidad. También es pertinente formular algunos interrogantes:
- ¿Es políticamente inocuo tratar de imputar a la esposa del Presidente del Gobierno y mantener la instrucción tantos meses?
- ¿Los denunciantes de extrema derecha acusan a la esposa del Presidente porque no pueden acusarle a él con posibilidades de prosperar?
- La denuncia de un hecho tan inocuo desde el punto de vista penal, ¿justifica año y medio de instrucción de un Juez que no parece dedicarse a otra cosa?
- Sería interesante saber quién es la víctima del presunto delito.
- La ampliación de la instrucción a otros delitos como malversación, ¿tiene que ver con el hecho de que la primera denuncia carece de fundamento?
- ¿Podemos estar ante una instrucción universal que nunca se acaba? ¿Por eso el instructor intentó ampliar la causa a temas muy alejados como el rescate de Air Europa o las relaciones de la esposa del Presidente con el Instituto de Empresa?
- Desde fuera de la causa instruida contra Begoña Gómez, ¿no parece que el Juez ha puesto bajo su punto de mira todas las relaciones personales y profesionales de la señora Gómez?
- ¿Es habitual sancionar al letrado de una persona imputada por hacer declaraciones a la prensa? ¿Por qué el Colegio de Abogados de Madrid no ha protestado como ha hecho con el asunto del novio de Díaz Ayuso?
- ¿Por qué el tono poco amable del instructor al interrogar al Ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes? ¿Por qué intentar imputarle por falso testimonio y por malversación?
- ¿Por qué intentar involucrar a una asistente que cumple las mismas funciones que todos y todas las asistentes de las esposas de los Presidentes del Gobierno?
Similares interrogantes se podrían hacer con la denuncia, también de la extrema derecha, contra el hermano del Presidente del Gobierno y el ex Presidente de la Diputación de Badajoz.
Todo esto llevará al lector a responder por sí mismo si estaba justificada la propuesta televisiva del Presidente del Gobierno para que el CGPJ reflexione si hay dentro del Poder Judicial una fracción, por minoritaria que sea, cuya conducta está teniendo repercusiones sobre la política de este país. No era una iniciativa desorbitada de Pedro Sánchez, pero en lugar de tomarla en consideración, en la inauguración de Año Judicial la Presidenta del CGPJ, conforme le habían pedido ABC, El Mundo y el Partido Popular, volvió a hacer un alegato en favor de una independencia judicial que nadie pone en peligro y que tenía la apariencia de una réplica intempestiva al propio Presidente. La Presidenta de un órgano constitucional, que ha accedido a su cargo con votos de la derecha y de la izquierda, ha de mantener la neutralidad. No puede inclinarse en público por un bando, máxime cuando ello comporta un cierto olvido de su principal función, que no es representar corporativamente a sus compañeros, sino defender el servicio público de la Justicia sin interferencias políticas.
