Los vetos de los grupos parlamentarios de PP, Vox, UPN y Junts han impedido la tramitación en el Congreso del Proyecto de ley para reducir la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión, uno de los compromisos más relevantes del Gobierno de la coalición de PSOE y Sumar para esta legislatura. No se han podido debatir los contenidos porque las enmiendas a la totalidad al Proyecto de ley presentadas por los partidos de derechas y la ultraderecha se impusieron por 178 votos frente a 170 votos de los partidos que defendían la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, pues una vez aprobados los vetos se produce la caída automática del Proyecto ley.
Desde las derechas y la ultraderecha, han pretendido justificar sus vetos con la acusación al Gobierno de que el Proyecto de ley de reducción de la jornada laboral suponía una injerencia del Estado en las relaciones laborales, que vulneraba el diálogo social y la negociación colectiva. Pues consideraban que la reducción de la jornada máxima debía negociarse en el marco de los convenios colectivos y no establecerse por ley. También insistieron, de nuevo, en que la subida de los costes laborales pondría en riesgo la competitividad empresarial, como ya lo decían de las actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero la realidad es que se vienen produciendo subidas espectaculares de los márgenes empresariales. Los grupos promotores de los vetos tampoco han querido negociar las propuestas del Gobierno destinadas a las pymes y los autónomos.
El fracaso de la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial ha frustrado las expectativas que tenían la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de mejorar sus salarios y las condiciones de vida y trabajo, pues según el Ministerio de Trabajo y Economía Social la reducción de la jornada iba a alcanzar a cerca de 12,5 millones de personas trabajadoras. CCOO y UGT durante el proceso negociador y en la tramitación parlamentaria han venido defendiendo que la reducción de la jornada laboral se justifica por los cambios tecnológicos y digitales y sus efectos sobre la productividad, por eso consideran que la medida tendría efectos positivos sobre los salarios y las condiciones de trabajo, a la vez facilitaría la conciliación laboral y personal. Ambos sindicatos después del resultado negativo han anunciado que seguirán con las movilizaciones y la presión política hasta que la reducción de jornada se consiga aprobar.
Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, mediante un comunicado, agradecieron a los grupos parlamentarios de las derechas y la ultraderecha el rechazo del proyecto de Ley de reducción de jornada y han resaltado que los vetos eran congruentes con la falta de consenso en el diálogo social. Ambas patronales han celebrado que con la caída del Proyecto de ley se evita un grave impacto negativo sobre la economía y el empleo. También han reclamado que el debate sobre la jornada laboral debería volver a ser tratado en ámbito del diálogo social y la negociación colectiva, y una vez más han afirmado que cualquier materia esencial de las relaciones laborales se debe tratar entre empresas y trabajadores.
Ante estas las acusaciones de no respetar el diálogo social es necesario recordar que la mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral se estuvo reuniendo prácticamente durante todo 2024 y a finales del mes diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales, que fue rechazado por las organizaciones empresariales. También cabe señalar que en nuestro sistema normativo no tiene cabida la contraposición entre regulación por ley o por convenio que se pretende establecer en los vetos, pues las leyes marcan los mínimos y la negociación colectiva, en todos los ámbitos, puede mejorarlos sin contradecir la ley. De hecho, la ley fija como jornada máxima 40 horas semanales y según el registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social la jornada semanal media pactada en la negociación colectiva es de 38,3 hora
Se considera que el diálogo social, en un sentido amplio, remite a los procesos de información, consulta y negociación entre los gobiernos, los representantes empresariales y las organizaciones sindicales en torno a la formulación de políticas públicas de cara a la resolución de problemas sociales mediante la interlocución y el consenso. En los vetos se aduce que el proyecto de ley, entre otras razones, no respetaba el consenso en el diálogo social, ante estas afirmaciones habría que tener presente una regla básica en los procesos de diálogo social, que la búsqueda del deseado consenso no puede convertirse en la capacidad de vetar la acción del Gobierno por alguna de las partes integrantes del proceso negociador.
Para el Gobierno de coalición la derrota parlamentaria del Proyecto ley no supone el fin del proceso de la reducción de la jornada laboral máxima, se podría volver a presentar un nuevo proyecto de ley adoptando las medidas necesarias para sortear los bloqueos que se han encontrado. De hecho, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya ha iniciado el proceso de audiencia pública del Real Decreto que desarrolla el Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, una de las materias que conformaban el Proyecto de ley y que no requiere aprobación parlamentaria. Se plantea reforzar el registro horario en la vía reglamentaria, incluyendo la posibilidad de un registro digital, que sea accesible para la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
