La España de las Autonomías es un Estado complejo. La distribución de funciones y competencias entre las distintas administraciones resulta difícil de discernir para la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Además, hay quienes juegan a alentar la confusión.

Las derechas políticas y mediáticas alimentan los equívocos competenciales para atribuir al Gobierno progresista de España responsabilidades que atañen directamente a las administraciones gobernadas por PP y VOX. No es ignorancia o error, desde luego, sino desinformación y manipulación deliberada.

Las competencias en la gestión de políticas de vivienda, de sanidad, de educación, de atención a la dependencia y de emergencias, por poner algunos ejemplos, son enteramente de las Comunidades Autónomas, como recogen la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

Es decir, la ciudadanía de Madrid, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León, de Aragón, de Galicia, de Extremadura, de Murcia, de Cantabria, de La Rioja, de Baleares y de Canarias sufre o disfruta la gestión que llevan a cabo los dirigentes del PP y de VOX en aquellas materias de competencia autonómica, aunque intenten apropiarse de lo bueno y derivar a otros lo menos bueno.

Resulta tramposo y mendaz, por tanto, el discurso permanentemente crítico del PP y VOX, y de sus terminales mediáticas, achacando al Gobierno progresista de España el mal funcionamiento de políticas y servicios que deciden PP y VOX, que diseñan PP y VOX y que ejecutan PP y VOX en vivienda, sanidad, educación, dependencia y emergencias.

Las funciones del Gobierno de España en estos ámbitos son mínimas, no tienen que ver con la gestión cotidiana y se limitan al impulso legislativo y reglamentario, y a la distribución de fondos hacia los administradores autonómicos y municipales, básicamente.

Es responsabilidad del PP que, en las comunidades donde gobierna, no haya suficiente vivienda asequible, que se disparen los precios de venta, que los precios del alquiler sean inalcanzables para la mayoría, que los fondos buitre especulen con los pisos, que se multipliquen los pisos turísticos ilegales y que no se aplique la ley estatal que rebaja el precio del alquiler en zonas tensionadas.

Es responsabilidad del PP que, en las comunidades donde gobierna, se disparen las listas de espera sanitarias, que falten médicos de familia y pediatras, que los profesionales estén sobreexplotados y mal pagados, y que algunas empresas privadas se beneficien de los fondos públicos destinados a proteger la salud de la ciudadanía.

Es responsabilidad del PP que, en las comunidades donde gobierna, los colegios no protejan a los alumnos de las inclemencias climáticas, que falten profesores, que los docentes estén sobreexplotados y mal pagados, que las universidades padezcan asfixia financiera y que se multipliquen los chiringuitos privados que entienden la enseñanza como un negocio más.

Es responsabilidad del PP que, en las comunidades donde gobierna, se eternicen las esperas para recibir prestaciones y ayudas destinadas a las familias con personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Es responsabilidad del PP que las emergencias, en inundaciones e incendios, por ejemplo, se atiendan de manera ágil y eficaz, aunque se dedique en cada ocasión a criticar al Gobierno de España mientras llama a la Unidad Militar de Emergencias del Estado para que le resuelva cada papeleta.

El Estado de las Autonomías es complejo, pero las responsabilidades de cada cual no lo son tanto. Basta con actuar con responsabilidad y honestidad, sin trampas. Aunque, en este tiempo, sea pedir demasiado.