España en el Informe quinquenal de la AEMA

El Informe quinquenal de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, EEA en sus siglas inglesas) sobre el estado ambiental de la UE[1], al que nos referimos en el artículo anterior, incluye el análisis sobre los distintos estados europeos y, en particular, sobre España[2], que va a ser el objetivo fundamental de este artículo.

Básicamente la AEMA ofrece una síntesis de las tendencias y desafíos clave en tres dimensiones fundamentales: medio ambiente y clima; cambio socioeconómico; y cambio sistémico (energía, movilidad y alimentación) basándose, en el caso de España, en los datos provenientes de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet) que ha realizado una evaluación para cada una de las tres dimensiones, considerando 20 indicadores establecidos por la AEMA y/o Eurostat.

Como podremos apreciar, nuevamente distintos indicadores nos llevan a distintas conclusiones, como ya sucedía cuando analizábamos las valoraciones de distintos Informes sobre el alcance de los ODS, o en la valoración del Índice de Desarrollo Humano de la ONU en los artículos de esta Sección de julio y septiembre de este año.

Las conclusiones, recogidas en el artículo de finales de julio de esta Sección[3] como síntesis de los indicadores utilizados en los Informes de comparación internacional de la situación de España analizados, llevaban a destacar que se avanza satisfactoriamente en aspectos de género, energéticos y de bienestar; existe una evolución favorable en aspectos socioeconómicos; y se produce una evolución sensiblemente más negativa en los aspectos ambientales y de cooperación internacional.

Considerando la evaluación de los ODS que realiza el INE, con valores en muchos casos más actualizados que los valores de comparación internacional anteriores, en el artículo citado de 30 de julio, concluíamos que la sostenibilidad ambiental en España presenta demasiados claroscuros sobre los que las políticas públicas tienen una extraordinaria labor que desarrollar. De hecho, la conclusión alcanzada señalaba que, si bien existe un cierto avance en el logro de los ODS respecto a su situación en 2015, en materia ambiental se está muy lejos de lograr un verdadero avance en la sostenibilidad del desarrollo ligada a la necesaria “Transformación del mundo” que exige la Agenda 2030.

Complementariamente, en los artículos de esta Sección publicados en septiembre de 2025[4], se recogía la situación de España respecto a la UE, atendiendo al Informe de EUROSTAT[5] de 2025 sobre el alcance de los ODS, que mostraba una situación comparada con respecto a la UE, no muy positiva para España, tal y como se sintetizaba en el Cuadro siguiente.


En esta ocasión, sin embargo, la AEMA muestra un escenario claramente optimista para España, valorando que la transición verde impulsada en España ha permitido avanzar en la modernización de su economía, la creación de empleo sostenible, el aumento de la competitividad y la reducción de la dependencia de fuentes energéticas externas. Además, destaca que esta transición está representando una valiosa oportunidad para revitalizar las zonas rurales, mejorar la salud humana y ambiental, y promover la justicia social y la resiliencia.

Medio ambiente, energía y clima en el Informe de AEMA

En relación al medio ambiente y clima el Informe considera 10 Indicadores que se recogen en el Cuadro siguiente. En él se muestran los valores proporcionados que comparan la situación en España y la media de la UE27, para 2012 y 2022, en los casos en que ambos están disponibles. Se destacan en verde, como positivos:

  • aquellos indicadores que presentan una evolución favorable para España entre 2012 y 2022. Lo que se produce en todos menos la tasa de uso de materiales circulares y las pérdidas económicas relacionadas con el clima; y permane casi constante la superficie de áreas protegidas;
  • los que tenían un valor más positivo en España que en la UE, en 2012, donde se encuentran la agricultura ecológica, la superficie de espacios protegidos, la generación total de residuos, el consumo de energía final y las pérdidas económicas relacionadas con el clima;
  • y los que mejoran su evolución respecto a la UE entre 2012 y 2022, situación en la que sólo se encuentra la generación total de residuos, evolucionando negativamente todos los demás, salvo las emisiones totales de GEI que permanece estancado.


Como síntesis se aprecia que, aunque España mejora en los Indicadores respecto a 2012 (menos en la tasa de uso de materiales circulares y en las pérdidas económicas relacionadas con el clima), la UE evoluciona más positivamente entre 2012 y 2022, salvo en la tasa de generación de residuos, lo que coincide con los diagnósticos menos optimistas que los de la AEMA recogidos cuando analizábamos los indicadores de los ODS o de la IDH en el artículo de 30 de julio de 2025.

AEMA destaca los avances en la superficie dedicada a la agricultura ecológica en el período 2012-2022, en el que ha incrementado en un 45% la superficie dedicada a estos cultivos que, todavía, representan del orden de un 20% superior a la media de la UE (10,83% de la superficie agrícola total utilizada en España, por un 9,1% en la UE27). En 2023, la agricultura ecológica representaba el 12,51 % de la superficie agrícola utilizada, con cultivos como olivos, uvas y frutos secos. El incremento de superficie cultivada y la diversidad de cultivos ecológicos hacen que España ocupe el sexto lugar en el mundo y el segundo en Europa en este capítulo. En todo caso, está muy lejos todavía del 25% establecido por el Pacto Verde Europeo para 2030.

En cuanto a espacios protegidos, España cuenta con 1842 espacios naturales protegidos y con 1861 espacios en la Red Natura 2000, en gran parte coincidentes con los anteriores y que cubrían el 27,39% del territorio español en diciembre de 2023. De hecho, la superficie media total protegida (28,1%), en 2012, era un 8% superior a la de la UE27, si bien el crecimiento registrado entre 2012 y 2022 ha sido insignificante (0,3%), con lo que llegar al 30% establecido como objetivo de la UE se encuentra complicado de alcanzar. Lo que exige medidas más eficientes en un marco en el que España es uno de los puntos críticos de biodiversidad del mundo y posee la mayor biodiversidad agrícola de Europa. De hecho, como señala AEMA, España cuenta con el mayor porcentaje de tierras agrícolas en la Red Natura 2000: un 17%, frente al 11% en la UE27.

El sector ligado al Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) ha mostrado patrones de absorción y emisión de GEI durante décadas que han venido contribuyendo a compensar, en 2022, el 16,1% de las emisiones brutas totales del país. Cifra que está en línea con lo que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)[6] actualizado para el período 2023-2030 como objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en el sector UTCUTS. Sin embargo, se necesitan agilizar las medidas establecidas para promover la absorción de GEI tanto de los sumideros agrícolas como forestales y evitar su pérdida por incendios o abandono de cultivos. Medidas que exigen mejorar y lograr una gestión forestal sostenible, la forestación, la siembra directa, los cultivos de cobertura y combatir las causas antrópicas de los incendios forestales.

La generación de residuos en España no ha seguido una tendencia clara desde 2010, con descensos muy pronunciados por la incidencia de la crisis financiero-especulativa mundial, de 2008, que afectó a España de forma muy singular, al igual que, en 2020, cuando la generación de residuos sufrió una caída mucho más pronunciada que en el conjunto de la UE, debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 en el turismo, sector servicios y en la construcción. En 2022, si bien los datos indican una recuperación respecto a 2020, el nivel de generación de residuos seguía siendo significativamente inferior al de 2010. Y estaría en línea con el objetivo de la estrategia española de economía circular, España Circular 2030[7], aprobada en 2020, que pretende reducir la generación de residuos en un 15% con respecto a 2010.

Con respecto a la proporción de material recuperado y reintroducido en la economía en el uso total de materiales, ahorrando así la extracción de materias primas primarias, se reproducen, por las mismas causas, los vaivenes señalados para la generación de residuos. Tras la crisis de 2008, en 2015 se registró el valor más bajo para este indicador, mejorando posteriormente la incorporación de material reciclado al sistema productivo. La señalada estrategia España Circular 2030 y su primer plan de acción de economía circular, aprobado en mayo de 2021, ya incluían medidas para avanzar en los objetivos establecidos. Pero se precisa una sustancial mejora en este capítulo ante la mala evolución de este indicador hasta el último dato disponible, de 2023.

Desde el punto de vista energético, la AEMA destaca que se ha avanzado tanto en eficiencia energética como en la expansión de las energías renovables. Respecto a la intensidad energética, se ha avanzado en su reducción, pero destaca que se requieren más acciones para alcanzar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Así, el consumo final anual de energía en España entre 2012 y 2022 ha seguido los vaivenes antes destacados por las crisis financiero-especulativa mundial, de 2088, y por el efecto de la COVID19 de 2020, con fuertes reducciones asociadas e incrementos en las etapas intermedias. El consumo final de energía se redujo drásticamente al nivel del 75,2% en 2020 en comparación con 2005, pero con una recuperación posterior asociada a la correspondiente recuperación económica. Recuperación que hace muy difícil alcanzar el objetivo pretendido en el PNIEC 2023-2030 de reducir el consumo final de energía al 76,1% en comparación con 2005; ni tampoco el objetivo de lograr una mejora de la intensidad energética final del 3,1% anual hasta 2030.

En este marco, el consumo bruto final de energía procedente de fuentes de energía renovables (FER), expresado como porcentaje del consumo bruto final de energía procedente de todas las fuentes, no llegará a cubrir el objetivo establecido salvo que se incremente la dinámica de instalación de potencia renovable. El PNIEC 2023-2030 prevé que esta tendencia al alza continúe durante los próximos años, lo que conllevará una reducción gradual de la dependencia energética primaria a nivel nacional, la mejora del grado de autosuficiencia y la moderación del impacto de la balanza comercial exterior de España, altamente dependiente de la energía. Pero se está muy lejos de poder alcanzar el objetivo pretendido para 2030.

La variación de las emisiones globales de GEI, excluidas las asociadas al uso de la tierra, se encuentran directamente ligadas a las del consumo energético, a las variaciones en el crecimiento económico y a la evolución demográfica. Tras los vaivenes en estas variables, en 2023 las emisiones fueron un 7,6 % inferiores a las estimadas para 2022 y un 12,6 % inferiores a las de 2019, el año anterior a la crisis de la COVID19. Y, desde 2017 se constata un avance en el desacoplamiento deseado entre el crecimiento económico y las emisiones de GEI; si bien, en 2023, el transporte (con un 32,5%) fue el subsector con la mayor proporción de emisiones totales de GEI, seguido de las actividades industriales (18,6%), el sector agrícola (agricultura y ganadería combinadas, con un 12,2%), la generación de electricidad (11,4%), el consumo de combustible en los sectores residencial, comercial e institucional (8,5%) y los residuos (5,1%). Con lo que, destaca, lograr los objetivos del PNIEC 2023-2030 de alcanzar una reducción de emisiones del 32% en 2030, en comparación con los niveles de 1990, exigirá nuevas medidas de reducción de emisiones, fundamentalmente en el sector transportes.

Con referencia a las pérdidas económicas totales derivadas de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos (como tormentas, inundaciones, olas de calor, olas de frío, sequías o incendios forestales), el coste per cápita ha mostrado una tendencia histórica irregular, pero en los últimos años se observa una tendencia al alza que es más intensa en España que en la media europea[8]. Y ello a pesar de que el Informe de la AEMA señala que se han producido avances en la adaptación al cambio climático que está permitiendo reducir esos daños. Sin embargo, los efectos de la DANA de 29 de octubre de 2024 y los incendios forestales registrados en 2025, junto a los efectos de fenómenos meteorológicos extremos de este mismo año, muestran que las necesidades de adaptación y de resiliencia socioeconómica ante los fenómenos extremos son de extrema urgencia en este país.

Cambio socioeconómico español en el Informe de AEMA

Siguiendo con la presentación optimista que caracteriza al Informe de AEMA para España, éste señala que, en los últimos años, “España ha impulsado una ambiciosa agenda de transición ecológica que ya se está consolidando como motor de modernización y crecimiento económico, el desarrollo de ecosistemas industriales, la creación de empleo sostenible, el fortalecimiento de la competitividad y la reducción de la dependencia energética externa.”

Como sustento de esta opinión, el Informe considera 10 Indicadores que se recogen en el Cuadro siguiente. En él se muestran los valores proporcionados que comparan la situación en España y la media de la UE27, en los casos en que ambos están disponibles, para los años que se señalan. Se destacan en verde, como positivos:

  • aquellos indicadores que presentan una evolución favorable para España entre el periodo inicial y final considerado. Lo que se cumple en todos los indicadores menos en la relevancia de los impuestos ambientales y en la tasa de pobreza energética; y no varía en el período la importancia de las subvenciones a los combustibles fósiles.
  • Los que tenían un valor más positivo en España que en la UE, en el periodo inicial, donde nos encontramos que solo en la huella del consumo y en el índice de eco-innovación se producía esta situación; no obstante, las cifras en el porcentaje del PIB que representaba el VAB de los bienes y servicios ambientales y en las subvenciones a los combustibles fósiles, la situación era similar al inicio y final del período de comparación.
  • Los que mejoran su evolución respecto a la UE entre el período inicial y el final, superando a ésta al final del mismo. Situación que solo se produce en la huella de consumo; en el porcentaje del empleo respecto al total de los bienes y servicios ambientales, en el que, en 2021, se iguala a la media de la UE27; en el porcentaje del PIB que representaba el VAB de los bienes y servicios ambientales; y en la disminución relativa de la importancia de las subvenciones a los combustibles fósiles.
  • Por último, también se destacan en verde la relevancia de los impuestos ambientales, el porcentaje de gastos en protección ambiental y la desigualdad de renta, que, aunque lejos de las medias europeas, mejoran en la situación de España respecto a la media de la UE27 a lo largo del período considerado.

Como síntesis, los datos muestran una situación muy negativa en la relevancia de los impuestos ambientales y en la pobreza energética; y una dinámica general de cambio, respecto a la media europea que dista de ser globalmente satisfactoria. No obstante, AEMA señala que España se encuentra en una posición privilegiada, en términos de recursos renovables y capacidades humanas, tecnológicas e industriales, para afrontar con éxito la transformación verde.

En particular, destaca la evolución del primer indicador -la huella de consumo- que refleja los impactos ambientales vinculados al consumo de bienes y servicios en España, con una evolución favorable, entre 2010 y 2021, mejorando en mayor medida que la media de la UE. Sin embargo, en 2022, último dato recogido, España empeora sensiblemente en su huella de consumo, acercándose a la media europea de 2021.

El segundo indicador, índice de eco-innovación, recoge los avances que reducen los impactos ambientales, mejoran la resiliencia ante las presiones ambientales u optimizan el uso eficiente de los recursos naturales. Sintetiza cinco dimensiones relacionadas con la eco-innovación: insumos, actividades, productos, resultados de eficiencia de recursos y resultados socioeconómicos. Como apreciamos, España mejora sensiblemente en el período 2014-2024, pero de una situación mejor que la media europea, en 2014 pasa a estar en una situación peor, al no ser capaz de mantener el ritmo de mejora media de la UE27.

Relativamente relacionado con la capacidad de innovación estaría el gasto público en educación superior (euros homogéneos en poder adquisitivo por estudiante), indicador que, aunque crece en el periodo comparable (2017 a 2019) en España –y sigue creciendo hasta 2021, último dato disponible, se encuentra muy por debajo de la media europea y las diferencias se incrementan entre 2017 y 2019, lo que muestra la necesidad de cambios drásticos en el sector.

En relación al porcentaje de empleo en el sector de bienes y servicios ambientales (EGSS) respecto al empleo total, éste se encuentra, en 2014, por debajo de la situación media de la UE27, pero avanza muy significativamente hasta 2022. Este empleo incluye la producción de bienes y la prestación de servicios utilizados en la protección del medio ambiente y en la gestión de los recursos, con lo que AEMA lo liga a un avance hacia la economía verde, ya que abarca las energías renovables, la gestión de residuos, la consultoría ambiental y el ecoturismo. Evolución y valoración que se complementa con la evolución del Valor Agregado Bruto del sector de bienes y servicios ambientales, que refleja igualmente un crecimiento en España muy significativo y por encima de la media de la UE27.

Sin embargo, persiste un importante déficit respecto a la media europea, tanto en los impuestos ambientales respecto a los ingresos fiscales totales, como en el gasto en protección ambiental expresado como porcentaje del producto interno bruto (PIB), que incluye las actividades relacionadas con la protección del aire, el agua y el suelo, así como la gestión de residuos y aguas residuales, la reducción del ruido, la conservación de la biodiversidad, la protección radiológica y la investigación y el desarrollo ambiental. Por ello, la sustancial reducción entre 2014 y 2023 en la participación de los impuestos ambientales en el total de ingresos fiscales dificultando la aplicación del principio de que quién contamina paga. Y aunque el gasto en protección ambiental se incremente en el período, éste continúa un 20% por debajo de la media de la UE27, definiendo dos capítulos que exigen fuertes cambios en España.

A los que hay que unir el elevado porcentaje (0,4%) que todavía significan las subvenciones a los combustibles fósiles respecto al PIB (transferencias directas, gastos tributarios, mecanismos de apoyo a los ingresos o a los precios y presupuestos para investigación, desarrollo y demostración) que se sitúan en 2023 al mismo nivel que en 2015, si bien la situación ha mejorado relativamente respecto a la media de la UE27.

Estas subvenciones contrastan con la mala situación de la pobreza energética de España, entendida como el porcentaje del total de hogares que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Porcentaje que ha crecido de forma desmesurada en España entre 2014 y 2023, cuando se sitúa en el 20,8%, cifra que es prácticamente duplica a la de la UE27, habiendo empeorado la relación entre 2014 y 2023. Pobreza energética que exigiría la puesta en marcha de medidas radicales al respecto (uno de cada cinco hogares españoles se encuentra en esta situación).

Junto a esta pobreza energética hay que señalar la mayor incidencia de las desigualdades respecto a la media europea, tal y como recoge el Índice de Gini para 2023. Mayor incidencia mantenida desde 2014, aunque disminuyendo la diferencia entre el valor de España (0,315) y el de la UE27 (0,296) para 2023.

Reflexiones finales

Aunque los indicadores definidos en el Informe de AEMA recogen una situación para España que distaría del optimismo, su valoración global es netamente positiva atendiendo a los potenciales que reconoce para este país, y a los planes y políticas puestas en marcha desde las fechas consideradas para los datos disponibles. Y ello pese a que dichos planes y políticas, cuyo objetivo normalmente es el horizonte 2030, tienen grados muy diferenciados de puesta en marcha y de ejecución real hasta la actualidad.

La AEMA destaca, en particular, las nuevas políticas y regulaciones en el sector agroalimentario de España, que cuenta con el apoyo de la financiación del plan estratégico de la política agrícola común (PAC) de la UE para el período 2023-2027 y de los fondos de recuperación NextGenerationEU. Y cita la relevancia del Plan de Sostenibilidad del Clima (PSC) que busca mitigar los impactos ambientales negativos, promover la transformación del sector y alcanzar ambiciosos objetivos de sostenibilidad. De hecho, recoge que asigna el 23% del presupuesto del PSC a prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de ecoesquemas, en forma de prácticas agroecológicas, de agricultura de carbono y de secuestro de carbono en el suelo. Y destaca que, desde 2013, se ha logrado una relativa disociación entre producción agroalimentaria y emisiones de GEI. E incide en que las medidas previstas de modernización del regadío (que representa dos tercios del valor de la producción vegetal española), que se realiza con sujeción a las normas medioambientales, incorpora nuevas tecnologías para generar ahorros de agua y energía. Complementariamente, también se muestra optimista en el ámbito del consumo de alimentos, señalando una tendencia favorable hacia una alimentación más sostenible y una mayor concienciación sobre la importancia de evitar el desperdicio alimentario en las nuevas normas propuestas.

Desde la perspectiva energética, frente a las insuficiencias mostradas en los indicadores reflejados en los Cuadros 2 (Consumo de energía final y Porcentaje de energía renovable en el consumo de energía final) y en el Cuadro 3 (Porcentaje de las subvenciones a los combustibles fósiles respecto al PIB y Porcentaje de hogares afectados por la pobreza energética) la AEMA destaca –y valora muy positivamente- las medidas en marcha o previstas en la aplicación del PNIEC 2023-2030. Y, en particular, lo referente al pro-consumo y a las comunidades energéticas, que han empoderado a los consumidores mediante la descentralización de la generación de energía, la reducción de pérdidas y la aceleración de la integración de las energías renovables.

Señala que los cambios legislativos y políticos establecidos en los últimos años, y en particular el Plan Nacional Integrado de Política Ambiental (PNIPA) actualizado para el período 2023-2030, subrayan el ambicioso enfoque político de España para abordar el cambio climático, garantizando al mismo tiempo una transición energética justa e inclusiva. Y remarca que, al incorporar a través del PNIEC 2023-2030 tanto la mejora de la eficiencia energética como el despliegue de energías renovables, “España está preparada para convertirse en líder de la transición ecológica de la UE, contribuyendo a los esfuerzos globales para lograr la neutralidad de carbono en 2050”.

Más en particular, valora las previsiones del PNIEC 2023-2030 en lo referente a la prevista expansión de las energías renovables, el almacenamiento de energía y la capacidad de producción de hidrógeno verde; la prevista digitalización y modernización de la red eléctrica, con la incorporación de tecnologías digitales avanzadas para aumentar la flexibilidad del sistema, apoyar la generación distribuida y potenciar la ampliación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. E, igualmente, considera favorablemente las medidas previstas en el sector de la construcción, valorando la planificada rehabilitación energética y renovación de edificios, la transición de las calderas convencionales a las bombas de calor, y las reformas previstas que confía reduzcan el consumo energético. O que la generalización de los contadores inteligentes y de los certificados de eficiencia energética mejorarán significativamente la eficiencia energética.

Respecto a la movilidad valora el creciente uso de vehículos eléctricos y de la red de su carga, la implementación de zonas de bajas emisiones en las ciudades y la expansión del teletrabajo, lo que está cambiando la movilidad e incidiendo en la disminución de la intensidad energética. Y, en un marco de fuerte incidencia del consumo de combustibles fósiles, valora las medidas extraordinarias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de apoyo al transporte público como parte de las medidas adoptadas debido al aumento de precios derivado de la invasión rusa de Ucrania, que posibilitó que una mayoría de los viajes en transporte público estatal se realizaran con tarjetas de transporte gratuitas o con descuento, o con abonos de varios viajes, incrementando muy significativamente el papel del transporte público en la distribución modal, parte del cual se mantiene hasta la actualidad.

También valora que las políticas públicas están impulsando la incorporación de nuevas tecnologías al parque automotor (vehículos de cero emisiones) y la compra directa de vehículos de bajas emisiones. Y señala los cambios positivos que cabrá esperar de la próxima implementación del segundo sistema de comercio de derechos de emisión, el peaje de la Euroviñeta y otras medidas fiscales en estudio relacionadas con la energía, los edificios y la movilidad.

En este marco optimista respecto a la previsible evolución española ante las regulaciones, planes y políticas aprobadas desde 2019, destaca, no obstante, la importancia de incidir en aspectos cómo:

  • Potenciar la transformación precisa para lograr las cero emisiones netas para 2050, ya que, hasta la fecha, no ha conseguido desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de GEI.
  • Agilizar las medidas establecidas para promover la absorción de GEI tanto de los sumideros agrícolas como forestales y evitar su pérdida por incendios o abandono de cultivos. Lo que exige mejorar y lograr una gestión forestal sostenible, la forestación, la siembra directa, los cultivos de cobertura y combatir las causas antrópicas de los incendios forestales.
  • Ante la fuerte dependencia energética del país de las importaciones de combustibles fósiles, es preciso aumentar significativamente la producción nacional de energía renovable para reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de la energía y a las tensiones geopolíticas.
  • Potenciar las medidas estructurales para acelerar el despliegue de los pro-consumidores, el almacenaje y la hibridación energética, así como las comunidades energéticas renovables reforzando la seguridad del suministro energético.
  • Combatir la pobreza energética frenando el aumento de precios energéticos y asegurando el suministro, así como reducir la inflación general para todos los consumidores, protegiendo a los más vulnerables.
  • Se requieren esfuerzos adicionales para alinear plenamente el transporte con los objetivos de sostenibilidad, particularmente en el sector aéreo, marítimo y de transporte de mercancías por carretera. Las medidas necesarias representarán importantes desafíos para la ciudadanía y las empresas españolas, y requerirán una significativa intervención pública para avanzar en la descarbonización minimizando el impacto negativo en la sociedad.
  • La mejora de la tasa de uso circular de materiales.
  • Solventar el importante déficit respecto a la media europea, tanto en los impuestos ambientales respecto a los ingresos fiscales totales, como en el gasto en protección ambiental expresado como porcentaje del producto interno bruto (PIB).

Como síntesis final podemos señalar que, como veíamos en el artículo anterior de esta Sección, dedicado al Informe de la AEMA sobre la UE, ésta ha logrado avances significativos en transición ambiental en los últimos cuatro años situándose a la vanguardia de la transición energética y ambiental mundial. Sin embargo, los avances logrados son claramente insuficientes para lograr la transición ecológica prevista en el Pacto Verde Europeo. Y el cuestionamiento de las dimensiones ambientales de sus políticas está siendo creciente desde las perspectivas economicistas predominantes en el seno de la UE, y desde las crecientes perspectivas negacionistas del cambio climático asociadas al auge de la extrema derecha. Lo que hace prever crecientes consecuencias negativas sobre la pérdida de biodiversidad, los ecosistemas, la conservación del patrimonio natural y la generación cada vez más frecuente de fenómenos climáticos extremos con la consiguiente incidencia negativa en la salud y bienestar de la población europea.

En el caso español la transición ecológica justa parece claro que se encuentra en una situación peor que la media de la UE27 como apreciábamos en el Cuadro 1 y como muestran los Indicadores propuestos por la propia AEMA en los Cuadros 2 y 3. Sin embargo, el Informe de la AEMA es claramente optimista para España basándose no en los resultados registrados, sino en las políticas y planes en marcha cuya síntesis se refleja en la Agenda verde 2026, que se sintetiza en la Figura siguiente.

Aunque es esperable y deseable que las actuaciones previstas se puedan ejecutar en tiempo y forma y tengan los resultados esperados, por ahora los resultados en muchos de los capítulos considerados distan de los objetivos a alcanzar.

Por otro lado, la tercera pata del logro de la Transición ecosocial justa tiene que ver con la igualdad de oportunidades y con la desaparición del riesgo de pobreza y exclusión social, que sigue afectando a un porcentaje muy significativo de la población total (en el entorno de una de cada cuatro familias). Además, continúa, en la actualidad, el crecimiento de las desigualdades en España y de las desventajas para los más desfavorecidos. Lo que exigiría medidas mucho más radicales en la transformación de la distribución de la riqueza y de la renta en España, fundamentalmente en la fiscalidad de las sucesiones y donaciones de los más ricos, que es el elemento que en mayor medida y más injustamente afecta a la igualdad de oportunidades.

Tampoco hay que olvidar que la creciente frecuencia y magnitud de los desastres relacionados con el clima inciden en mayor medida sobre la población con menores niveles de renta, y en particular sobre los grupos socialmente más vulnerables de esta población, como son las personas mayores, los niños, los grupos de menores ingresos y las personas con discapacidad. Que no solo se ven afectados de forma mucho más grave y desproporcionada por el cambio climático y sus efectos, sino que tampoco se benefician equitativamente de las respuestas de adaptación y resiliencia socioeconómica que se adoptan. Por ello, compensar la distribución desigual de los riesgos ambientales en la sociedad española es también una dimensión importante de una justicia social imprescindible para avanzar en una transición ecológica justa.

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[1] EEA (2025) Europe’s environment 2025 Published 29 Sept 2025 https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025 Este Informe quinquenal es el más completo sobre el estado actual y las perspectivas del medio ambiente, el clima y la sostenibilidad. Recoge datos de 38 países del continente europeo.

[2] https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025/countries/spain

[3] Antonio Serrano Jul 30, 2025 Políticas de la Tierra https://fundacionsistema.com/sostenibilidad-ambiental-del-desarrollo-en-espana/

[4] Antonio Serrano Sep 6, 2025 Políticas de la Tierra. https://fundacionsistema.com/el-desarrollo-humano-en-espana/

[5] EUROSTAT (2025). Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context 2025 edition. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-flagship-publications/w/ks-01-24-018

[6] https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/energia/files-1/pniec-2023-2030/PNIEC_2024_240924.pdf

[7] https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532_mod_tcm30-509532.pdf

[8] Según estimaciones de la AEMA, tan solo los fenómenos meteorológicos extremos y los relacionados con el clima han causado pérdidas económicas directas en España superiores a 95 000 millones de euros desde 1980