Los jóvenes en España (el 15,9% de la población) enfrentan una difícil situación socioeconómica: hay 2,5 millones en riesgo de exclusión social, la tasa de paro juvenil alcanza el 25,3% y, consecuentemente, la emancipación del hogar familiar es tardía (30,3 años). Una de las mayores dificultades que afrontan es el acceso a la vivienda, pues dedican hasta el 93,9% del salario al alquiler en solitario, y tan sólo el 30% tienen acceso a viviendas en propiedad (el 70% hace 20 años).
Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España[1] sólo el 15,2% de las personas jóvenes viven fuera del hogar familiar (el dato peor desde 2006). Se debe a que el precio medio del alquiler cerró 2025 en máximos (entre 4,21 y 14,7 euros/m² mensuales). Supone un incremento anual entre el 6,9% y el 16,7%. Madrid (21,77 euros/m²), seguida de Baleares (18,58 euros/m²) y Cataluña (16,39 euros /m²) se llevan la peor parte, en el otro extremo Ourense (4,32 euros/m²), Ávila (4,52 euros/m²) y Soria (4,72 euros/m²) registraron los precios más bajos.
La subida de precios más rápida que la de los salarios ha dado lugar a la conocida como “generación inquilina”, que revela que mayoritariamente (57,9%) viven de alquiler ante la imposibilidad de comprar viviendas. No en vano el precio medio de la misma, a principios de 2026, se encuentra entre 2.300 a 2.900 euros por metro cuadrado, un récord que nos retrotrae al año 2007. Las zonas más caras son Baleares y Madrid, que superan los 5.000 euros/m² (con incrementos interanuales superiores al 10%-20%).
A pesar de las mejoras laborales de los últimos años en materia de empleo juvenil, la inaccesibilidad a viviendas, en cualquiera de sus modalidades (en compra, en alquiler en solitario o en alquiler compartiendo piso[2]) sigue siendo la principal remora para poder independizarse, perpetuándose un círculo vicioso entre la precariedad, el sobreendeudamiento y el riesgo de pobreza.
Para Pilar Blasco, vicepresidenta y responsable de incidencia política del Consejo General de la Juventud, en declaraciones de hace un año:
“Escuchar a las personas jóvenes y dar respuesta a sus problemas no debería ser una cuestión circunstancial. Sabemos que no hay una varita mágica para solucionar el problema estructural de la vivienda, pero pedimos que se realicen políticas a corto y largo plazo lo antes posible”[3].
Las familias siguen siendo las que les amparan tanto emocional, como económicamente, por ser espacios inquebrantables de solidaridad y de apoyo ante las adversidades. Lo anterior les impide romper el “cordón umbilical”, generándoles sentimientos de impotencia y frustración ante la imposibilidad de proyectarse autónomamente hacia el futuro a corto, medio y largo plazo. Haber resuelto sus “deberes” correctamente, estudiar y formarse ya no es garante de llevar las riendas de sus vidas. Coligado a lo anterior, se ha retrasado la maternidad y la paternidad, que se sitúa por encima de los 31-32 años (es llamativo que en torno al 40% de los nacimientos son de madres mayores de 35 años).
Es una generación desorientada (varias ya concadenadas en el tiempo), una generación “perdida”, tal como desde hace años plantean los estudios del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS), un sector poblacional que no acaba de encontrar su lugar en la sociedad, siendo una evidencia las razones que subyacen a su coyuntura.
¿Qué hacer para que nuestros jóvenes recuperen sus vidas? Es preceptiva una reestructuración del mercado laboral que promueva trabajos dignos, a través de la articulación de cuantas medidas ofrezcan facilidades fiscales e incentivos a las empresas para crear empleos. De gran relevancia, como marco de actuación en Europa, consignar el Plan de Garantía Juvenil Plus de trabajo digno para las personas jóvenes 2021-2027 dirigido a los que no están ni ocupados, ni integrados en el sistema educativo/formativo, con el objetivo de que trabajen, bien como aprendices o en la modalidad de prácticas, tras finalizar la educación formal o estar en desempleo. En España está aprobado, por parte de las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales, el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 que detalla 69 medidas con 6 ejes estratégicos, que busca dotar a los jóvenes de las competencias profesionales y técnicas que les faciliten acceder al mercado laboral. Prioritario resulta acometer políticas juveniles que den respuestas efectivas al derecho constitucional a una vivienda digna, tales como las iniciativas del “Bono Alquiler Joven” y el plan “Mi Primera Vivienda”.
Esperemos que los jóvenes no sigan viéndose avocados a cronificar su juventud, que la madurez les llegue como la caída de las hojas en otoño, con parsimonia y armonía…
[1] Véase, https://www.cje.org/categorias/notas-de-prensa/
[2] El alquiler de habitaciones para jóvenes se ha convertido en una alternativa para los jóvenes, con un precio medio de 510 euros al mes en 2025.
