El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 22 de febrero una nueva sentencia, la tercera, por la que considera que España incumple “el Acuerdo Marco” europeo sobre el trabajo de duración determinada, que fundamentalmente afecta a la temporalidad en la función pública.

El TJUE piensa que el Gobierno de España y la legislación al uso no han puesto en marcha las medidas necesarias para que el abuso de los contratos llamados de interinidad, se reduzcan de forma sustancial.

Aunque el efecto de la sentencia está pendiente de numerosos detalles de interés, el varapalo insta al Gobierno de España para que convierta en fijos a un indeterminado número de empleados públicos, que prestan servicios en las diferentes Administraciones. Hay algunos expertos que interpretan de la sentencia, que todos aquellos que llevan más de tres años deben pasar a fijos.

El acuerdo del año 2021 entre los sindicatos y la Administración Pública para estabilizar las plantillas antes de acabar 2024, que entonces ocupaban más de 300.000 trabajadores en situación de interinidad, no ha sido suficiente para impedir que el colectivo siga creciendo.

Conseguir rebajar la temporalidad al 8%, como se pretendía en el citado acuerdo es actualmente una quimera. La lentitud en el proceso, unido a la disparidad de criterios entre las distintas Comunidades Autónomas a la hora de regularizar las pruebas de acceso, unido al incremento de contrataciones, como consecuencia de la mayor flexibilidad presupuestaria, para la reposición de plantillas, están convirtiendo ese objetivo en inaccesible.

Es más, la sentencia también critica los procesos llevados hasta ahora. Para el TJUE estos procesos no cumplen ni con la Directiva 1999/70, ni con el Acuerdo Marco.

Lo cierto es que, a día de hoy, hay CC. AA que tanto en la sanidad como en la educación pública superan con creces el 35% de interinidad en sus plantillas. Y esa inestabilidad perjudica laboral y profesionalmente a los trabajadores y también a los usuarios. La calidad del servicio se ve afectada negativamente por la rotación, por las dificultades de formación, o por el cansancio de estos trabajadores, que a menudo deben completar jornadas en más de un centro educativo o sanitario.

A pesar de que la ocupación en el sector público sigue manteniéndose en el 14’5%, igual que en 2011. Hay casi 200.000 funcionarios de carrera menos y más de medio millón de interinos más. El porcentaje de temporalidad se ha doblado en este tiempo. Según la última EPA, la media es del 29’58%, mientras que en el sector privado se ha reducido hasta quedar en el 13’2%.

La Directiva europea 1999/70 del Consejo de 28 de febrero de 1999 recoge el Acuerdo Marco firmado por la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, firmado el 18 de marzo de ese año, es la base en que se apoya esta sentencia. En la directiva se dejaba claro que el plazo máximo de aplicación de la misma podrá extenderse hasta julio del año 2021, y los sectores donde no será posible aplicarla deberán definirse en cada país, por acuerdo entre patronal y sindicatos, o en los convenios a través de la negociación colectiva. Además, los contratos de duración determinada deben circunscribirse a las necesidades que objetivamente definan esos acuerdos, “en base a las condiciones objetivas de cada sector o actividad, todas con fecha de finalización, por la realización de una obra o servicio determinado o por la producción de un hecho o acontecimiento determinado”.

La sentencia insta a que a falta de medidas adecuadas en la legislación española, para preservar y solucionar con arreglo a las normas europeas los  abusos derivados de la utilización sucesiva de contrataos temporales en la a administración, incluidos los contratos indefinidos no fijos, prorrogados  sucesivamente, estos contratos temporales deben convertirse en fijos, aun cuando, tal conversión sea contraria a los artículos 23, apartado 2 (“Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a la función y cargos públicos, con los  requisitos que señalen las leyes”) y al artículo 103, apartado 3 (“La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”), de la Constitución Española, tal y como han sido interpretados por el Tribunal Supremo de nuestro país.

Es más, el TJUE dice que corresponde a la política europea modificar la jurisprudencia nacional, si esta es incompatible con los objetivos de la legislación de la UE, y particularmente con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

Para los sindicatos, la sentencia confirma la necesidad de resolver la “bolsa” de trabajadores interinos existente, y dar una solución más rápida al proceso de regularización actual.