Según Eurostat uno de cada diez trabajadores en España vive en riesgo de pobreza, como se recoge en un informe con datos de 2024 publicado a principios del mes de noviembre, que revela que el 11,2 % de los ocupados, el 10,1% mujeres y el 12,1% hombres, tanto asalariados como autónomos, no logra superar el umbral de la pobreza pese a tener empleo. Esta cifra, que apenas mejora la del año anterior, sitúa a nuestro país por encima de la media europea del 8,2 %, las mujeres un 7,3% y los hombres un 9%, y entre los tres peores resultados de toda la Unión Europea (UE), solo por detrás de Luxemburgo 13,4 % y Bulgaria 11,8 %. Eurostat define este indicador de pobreza laboral como la proporción de trabajadores de 18 años o más cuyo ingreso disponible está por debajo del 60 % de la mediana nacional.
Con un menor índice de pobreza laboral destacan Finlandia con un 2,8 % y República Checa un 3,5 %. Esta gran variación entre países (desde un 2,8 % en Finlandia hasta el 13,4 % en Luxemburgo, mientras Alemania e Italia se sitúan en torno al 9 %, y algo por debajo del 8 % Francia), lo que nos indica las grandes diferencias respecto a la protección de los derechos laborales y los mecanismos de redistribución que se desarrollan en los ámbitos nacionales. Los datos señalan que no siempre es suficiente con tener empleo para evitar el riesgo de pobreza, pues los salarios mínimos, la estructura del mercado de trabajo, la contratación temporal, la parcialidad, y el sistema de protección social son determinantes para garantizar empleo de calidad y salarios justos.
Los hogares con muy baja intensidad de trabajo, aquellos donde los adultos apenas trabajan durante el año, presentan tasas de pobreza que pueden superar el 60 %, como se indica en el informe. Por eso no solo importa tener empleo individual, sino también la cantidad de horas de trabajo que se tiene en el hogar, el “trabajo insuficiente” sigue siendo un factor clave de vulnerabilidad. En cuanto al indicador más amplio de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), en 2024 fue del 21 % de la población europea, más de 93 millones de personas, y en España el 25,8%, que suponía que 12,5 millones de personas se encontraban situaciones de vulnerabilidad, la cifra más baja desde 2014.
Ante estas situaciones de pobreza o exclusión social todos los países de la UE tienen definidas estrategias de actuación junto con los mecanismos de intervención previstos a escala europea, concretamente, el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), que se firmó 2017 por todas las instituciones del UE en la Cumbre de Gotemburgo, a favor del empleo justo. El Pilar se orienta a la adaptación del modelo social europeo a los retos de la demografía, la digitalización y el cambio climático para conseguir una Europa social fuerte. Se compone de veinte principios y derechos que se estructuran en tres capítulos que contienen entre otras las siguientes materias: igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, las condiciones equitativas de trabajo con empleos seguros y flexibles y las medidas de protección e inclusión social.
En la Cumbre europea de Oporto celebrada en 2021 se adoptó un plan de acción del PEDS, con las medidas y acciones en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También se adoptaron tres grandes objetivos que deben alcanzarse en 2030 y que orientan las políticas y reformas nacionales, siendo esos objetivos a escala de la UE: conseguir una tasa de empleo de al menos el 78 %; que anualmente al menos el 60 % de los adultos asistan a cursos de formación y reducir en unos quince millones el número de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza. Estos tres objetivos están apoyados por el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y de los fondos Next Generation EU. En 2021 en la UE había más de 90 millones de personas y casi 20 millones de niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
La pobreza laboral en Europa revela una paradoja: el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción del desempleo no siempre se traducen en bienestar. Mientras millones de personas mantienen un empleo, siguen sin poder llegar a fin de mes. La persistencia de la pobreza laboral pone en cuestión una de las premisas básicas del modelo europeo: que el trabajo es el camino más seguro para salir de la pobreza.
Sin embargo, el deterioro de la calidad del empleo y el aumento del coste de la vida, y particular de la vivienda, están erosionando esa garantía. Tener un contrato laboral ya no basta, importa cuántas horas se trabajan, en qué condiciones y con qué salario. Desde la Comisión Europea se vienen impulsando nuevas normas para promocionar unos salarios mínimos adecuados e impulsar las políticas activas de empleo para reducir la precariedad.
En España, desde 2018 el Gobierno progresista viene impulsando con el diálogo social los derechos laborales y la protección social, con medidas como las adoptadas durante la Covid-19 o la crisis energética. Se han adoptado importantes progresos sociales: los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional para alcanzar el 60 % del salario medio de acuerdo con la Carta Social Europea, la Reforma Laboral de 2021 que ha reducido la temporalidad y mejorado las condiciones de trabajo o los avances en el sistema de protección social como el Ingreso Mínimo Vital. La economía y el empleo están creciendo de manera sostenida, pero persisten la estacionalidad, la parcialidad involuntaria y sectores con salarios que crecen por debajo de la inflación. Las políticas laborales deberían consolidar los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional, impulsar los salarios dignos en los contratos públicos, la contratación estable y a tiempo completo, reforzar las políticas activas de empleo y su coordinación con los sistemas de complementos salariales y rentas mínimas.
