Se trata de una dicotomía llamativa, efectivamente. Pero es la situación a la que nos ha conducido la derecha política, jurídica y mediática en el momento en que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció la comisión de un delito fiscal.
Es exactamente así. Este señor reconoció un delito ante la fiscalía a través de su abogado y, de inmediato, una serie de operadores políticos, jurídicos y mediáticos de la derecha española emprendieron una campaña de persecución en toda regla contra el Fiscal encargado de combatir el delito.
¿Las razones? Evidentemente, encubrir al delincuente confeso y, de paso, procurar el desgaste del Gobierno que nombró al Fiscal.
Adelanto una opinión y una salvaguarda. Estoy convencido de que el Fiscal es inocente. Y manifiesto formalmente el reconocimiento de la competencia del Tribunal que le juzga, así como el acatamiento a su decisión.
Adelanto esto porque forma parte de la campaña de persecución acusar de vulneración de la independencia judicial a cuantos creemos en la inocencia del indebidamente acusado. Aunque también es cierto que tal acusación nunca se vierte, paradójicamente, contra cuantos creen o manifiestan su culpabilidad indubitada.
Porque la siguiente secuencia de los hechos es innegable.
Un señor delinque.
El abogado de ese señor reconoce su delito y pide un acuerdo a la fiscalía.
El jefe de gabinete de la pareja del señor filtra la falsedad de que fue la fiscalía la que ofreció el acuerdo y que después retiró el ofrecimiento por “órdenes de arriba”.
Varios medios de comunicación publican la mentira y publican la verdad.
El fiscal emite una nota de prensa con la verdad.
Organizaciones ultraderechistas emprenden acciones populares ante la Justicia contra el Fiscal, no contra el delincuente confeso, con recursos del Senado que gobierna la derecha.
El Fiscal, antes que el delincuente confeso, se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo y espera sentencia.
¿Por qué creemos que es inocente? Porque no se ha presentado prueba alguna de su culpabilidad. Y porque los periodistas que supuestamente recibieron la filtración de su parte han negado tal cosa de manera fehaciente ante el Tribunal.
Pero el problema al que nos enfrentamos va mucho más allá de la absolución o la condena de un acusado contra el que no se han presentado pruebas de su culpabilidad, siendo ya grave.
El problema más relevante tiene que ver con la pérdida de confianza en las instituciones de nuestra democracia cuando este tipo de campañas se emprenden con impunidad. La campaña de perseguir al fiscal que persigue el delito, para encubrir al delincuente que lo comete.
Que por qué no ha dimitido ya el Fiscal, para proteger a la institución de la Justicia, plantean algunos. ¿Qué tipo de Justicia se protege haciendo dimitir al inocente ante la campaña orquestada por quienes encubren al delincuente? Si ha de dimitir alguien, ha de ser quien encubre, engaña y acusa falsamente.
La pregunta es esa. ¿Qué tipo de Justicia y de sociedad queremos? ¿La que persigue al delincuente o la que persigue al Fiscal?
