El acuerdo del Gobierno y el Partido Popular para elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de boicot por parte de la derecha política y la derecha judicial, tiene el gran valor de restaurar la validez de la Constitución. Por lo menos a partir de algunas semanas todos los órganos constitucionales estarán en funcionamiento y podrán contribuir a una convivencia política regular.

Pero la renovación del CGPJ no va a resolver los problemas de politización del Poder Judicial porque las dos derechas, la política y la judicial, ya se han acostumbrado a hacer política de oposición al Gobierno y no se van a desenganchar de estas prácticas. Me gustaría que fuera de otra forma, pero todos los indicios apuntan a que a va tener que trabajar el CGPJ de manera muy firme y constante en la labor de despolitizar el Consejo y que esa labor no va a ser fácil porque una minoría muy amplia de los nuevos Vocales proceden de las dos derechas y no van a cejar en sus prácticas, que contribuyen a desprestigiar a los Jueces ante los ciudadanos.

Ejemplos de politización del Poder Judicial y del alineamiento de algunos de sus miembros en la lucha política contra el Gobierno se producen todas las semanas, pero en esta semana del 1 de julio tenemos:

  • El discutible auto de las Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) inventando una variedad de delito de malversación de caudales públicos inexistente en la sentencia que condenó a los impulsores del procés con el agravante de reivindicar una función del Poder Judicial que va más allá de su cometido constitucional de aplicar la Ley (véanse José Antonio Martín Pallín: “La amnistía: el Tribunal Supremo ante su espejo”, y Jordi Nieva-Fenell: “Ley de amnistía: el Tribunal Supremo se resiste”, El País, 2 y 3 de julio de 2024, respetivamente. más el editorial del mismo diario de 2 de julio “Justicia creativa”).
  • La entrevista del Magistrado de la trama rusa a la televisión alemana donde presume de obstaculizar la Ley orgánica de amnistía.
  • La comparecencia de la esposa del Presidente del Gobierno ante un Magistrado (padre de una Concejal del PP) que ha abierto una causa general (inquisitorial) para lo que pueda descubrir.
  • Las sentencias del Tribunal Constitucional que van confirmando lo que muchos dijimos acerca de la causa de los ERE de Andalucía: que la Magistrada instructora y los Tribunales de Sevilla y Supremo se habían extralimitado al considerar delictivas las previsiones de una Ley del Parlamento andaluz.

Me temo que cada semana tendremos dos o tres noticias de este cariz hasta que el CGPJ sea capaz de poner orden en la desbocada carrera política de algunos órganos judiciales. Mientras tanto, suena a broma que las dos derechas hablen de independencia del Poder Judicial, cuando han decidido de consuno que la independencia judicial se utilice como un arma de lucha política contra el Gobierno.