En entrevista a La Vanguardia del 14 de diciembre, el Presidente de la Conferencia Episcopal de España, el Arzobispo Argüello, ha dado a conocer su opinión sobre algunas materias políticas y constitucionales, en la misma línea de algunas consideraciones que ofreció el pasado mes de julio a la opinión pública. La opinión del arzobispo de Valladolid no deja de ser inquietante, por lo que supone de llevar a la Iglesia a la confrontación política directa con el Gobierno.

La Iglesia española, desde la Guerra de la Independencia, ha participado demasiadas veces en la confrontación política, siempre desde posiciones conservadoras y ultraconservadoras. Apoyó el absolutismo de Fernando VII, tomó partido por los carlistas en las guerras civiles subsiguientes a la muerte de aquel Monarca, representó el extremismo antiliberal y antidemocrático en el reinado de Isabel II, en el Sexenio democrático y en la Restauración. No se suele recordar que al comienzo de la Segunda República el más moderado Cardenal Vidal y Barraquer presionó todo lo que pudo para que la Constitución de 1931 calificara a la Iglesia Católica como corporación de Derecho público. Y si bien entre 1931 y 1936 la Iglesia no fue especialmente beligerante por influencia del Nuncio Tedeschini, con el comienzo de la Guerra Civil se puso del lado de los sublevados hasta publicar la Carta Colectiva de 1 de julio de 1937, que sólo tres prelados no firmaron (Vidal y Barraquer, Segura y Múgica). No hace falta recordar el apoyo de la Iglesia a la dictadura hasta el punto de que, junto con la Guardia Civil, las parroquias y los conventos fueron el principal instrumento de control social de la dictadura.

Ya en democracia, la Iglesia consiguió aparecer en el artículo 16.3 de la Constitución que proclama las especiales relaciones de cooperación, ¡en el artículo dedicado a la libertad religiosa! Una extravagancia jurídica y política que denota la influencia eclesiástica que se proyectó en los Gobiernos posteriores como, por ejemplo, cuando la Iglesia impulsó la rebelión contra la reforma educativa del Ministro Maravall.

Con estos antecedentes, el pasado mes de julio el mismo Arzobispo Argüello y el Secretario de la Conferencia Episcopal entraron al debate político y pidieron la celebración de elecciones, lo que sólo fue explícitamente rechazado por la Iglesia catalana. El pasado domingo, en la sección política (no religiosa) de La Vanguardia el Arzobispo Argüello ha vuelto al debate político. Por un lado, se ha reafirmado en su petición de elecciones, tal como piden el Partido Popular y Vox. Por otro lado, el Presidente de la Conferencia Episcopal, quizá recordando su licenciatura en Derecho antes de ser consagrado sacerdote, aprovechó la entrevista con Enric Juliana para darnos una pequeña lección de Derecho Constitucional. El Arzobispo de Valladolid teorizó sobre el bloqueo institucional y pidió elecciones, moción de censura o cuestión de confianza: “Es decir, lo que prevé la Constitución”. Y por si había dudas, ante la pregunta del entrevistador, se reafirmó: “No creo haber roto neutralidad alguna. A la pregunta de esta entrevista, respondo remitiéndome a la Constitución y a los mecanismos que esta prevé”. Pero el representante de los Obispos españoles podía ser un poco más fino en términos jurídicos, porque tanto la disolución del Parlamento como la cuestión de confianza son facultades exclusivas del Presidente del Gobierno y no debe ser la Iglesia Católica la que le presione. Es una injerencia que pone a la Iglesia en el centro del debate político.

Además, al mismo tiempo el Arzobispo analizó el artículo 2º de la Constitución y nos ofreció sus dudas y su exégesis:

“Porque uno de los problemas importantes que tiene nuestra salud democrática es la articulación del Estado autonómico. Veamos tres expresiones que están en la Constitución. Por una parte, la nación española, que es la que detenta la soberanía. Esta es otra cuestión importante porque hay que distinguir entre autoridad, soberanía y detentador de la soberanía. Quien detenta la soberanía es la nación española. Pero luego la misma Constitución habla de nacionalidades. Claro, nacionalidad viene de nación. Entonces, ¿cómo conjugamos nación detentadora de la soberanía y nacionalidades? Ahí entonces decimos que hay naciones culturales. Pero, ¿qué significa nación cultural? ¿Qué significa nación política? ¿Quién es el detentador de la soberanía? ¿Cómo articulamos el valor de las lenguas propias y el valor de una lengua común? Habría que atreverse a mirar todas esas cuestiones con valentía, pero es difícil valorar el significado de las diferencias que no rompan ni la libertad ni la igualdad sin caer en el ‘café para todos’”.

Tras lo cual, cuando el Ministro Bolaños le escribió para quejarse de haber roto la neutralidad política que debe mantener la Iglesia, el Presidente de la Conferencia Episcopal se ha vuelto a reafirmar, según La Vanguardia del 16 de diciembre. Sólo el Arzobispo de Tarragona ha mostrado su disconformidad en público, si bien eldiairo.es se refiere a otros obispos, que se muestran disconformes en privado.

Esta nueva injerencia del presidente de los obispos españoles muestra, en primer lugar, que el Estado Mayor de la rebelión contra el Gobierno (político, judicial, mediático) ya ha fichado a una parte del obispado. En segundo lugar, es una grave imprudencia porque lanzar a la Iglesia a la batalla política nos devuelve a épocas históricas donde la beligerancia eclesiástica contra todo lo que no fuera la tradición generaba anticlericalismo y confrontación. Además, si la Iglesia se mete de lleno en la lucha política en favor de las derechas, pone en el punto de mira sus privilegios, que son impropios de una sociedad laica.

En todo caso, la Iglesia española se sitúa en una encrucijada, neutralidad o beligerancia, que, una vez más, puede llevarle a otro conflicto con parte de la sociedad.