La reciente crisis parlamentaria del llamado Decreto Ómnibus, resuelta rápidamente por el Gobierno, debería obligar a una reflexión de los actores políticos y medios de comunicación acerca de la importancia que para el equilibrio social y la estabilidad de la democracia tienen los mayores en las naciones europeas, incluida la nuestra, en las que el envejecimiento de la población es un hecho que tiene que llamar la atención de los poderes públicos, con el fin de adecuar sus políticas presentes y futuras a una realidad que, salvo excepciones, se suele tratar en términos negativos, o simplemente frívolos, como si se tratara de un lastre para el desenvolvimiento económico y financiero del país. Desde mi punto de vista, tales actitudes, trufadas de conmiseración y de falta de realismo, denotan escasa visión de futuro y también de ausencia de preocupación sobre la estabilidad del modelo de gobierno democrático basado en el sufragio universal, que es el imperante en la Unión Europea de la que somos socios.

La Unión Europea agrupa un conjunto de países que, una vez desaparecido el bloque soviético, representan la zona más socializada del mundo, con gobiernos elegidos por sufragio universal, que tratan de preservar un modelo político y económico que, con todas las matizaciones habidas y por haber, ha logrado en los últimos sesenta años los mayores niveles de bienestar y de equilibrio social. Y ello ha sido posible porque las democracias sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial se afanaron en las políticas de estímulo y protección de las familias para rejuvenecer sus poblaciones, gravemente quebrantadas por los estragos de la guerra, lo que, junto con el crecimiento económico, contribuyó al ensanchamiento de las clases medias que todos los sociólogos y politólogos siempre han considerado un factor determinante de la estabilidad política y electoral.

España no era una democracia en las décadas posteriores a la Guerra Mundial. Había sufrido su propia Guerra y el fenómeno necesario de reconstrucción de la población y de crecimiento económico que se vivía en Europa terminó llegando a nuestro país, que a partir de los años 60 del siglo pasado empezó a contar con generaciones jóvenes y vigorosas, cuya contribución al desarrollo económico extendió las clases medias, bien es verdad que sin alcanzar los estándares de protección social de nuestros vecinos europeos. Aún así, ese segmento de la población hizo posible la transición a la democracia, avanzada la década de los años 70, cuando el mundo se adentró en una época de crisis energética, la del petróleo de 1973, que fue, a mi juicio, el prólogo de un cambio de valores y de políticas, que eclosionaron en un modelo distinto a partir de la disolución de la Unión Soviética y la recomposición de Europa Occidental con la reunificación de Alemania en 1990.

A partir de entonces, el capitalismo financiero hizo su entrada en el Continente con toda su escala de valores individualistas que empezaron a hacer mella en todo aquello que sonara a protección social o familiar, inoculando discursos que trataban de convertir en añejos o periclitados aquellos otros principios o valores que habían contribuido a la estabilidad envidiable de Europa Occidental, representada singularmente por la Unión Europea. Hace más de treinta años del inicio de aquellos discursos, todavía vigentes, y nuestras naciones han envejecido, la mayoría de los gobernantes y de los partidos políticos han sido embebidos por las nuevas doctrinas y ello, unido a las crisis económicas y financieras inherentes a ese nuevo capitalismo, les ha impedido prever, que es algo consustancial con el buen gobierno, que la depauperación de las clases medias y la desesperanza creciente de parte de las generaciones jóvenes iba sembrando vientos de fronda en las democracias europeas.

Por eso, conviene observar la realidad del envejecimiento con sentido positivo, ya que en estos momentos de zozobra y de dudas acerca de la salud de las democracias, el segmento de los mayores, cada vez más extenso, cubrirá momentáneamente el déficit de las clases medias que han sido por excelencia el factor de estabilidad política y social. Ahora casi han dejado de serlo como lo demuestra la evolución política de los últimos años. Y lo que queda, si los modelos y valores imperantes no se revisan con rigor.

Las pensiones son un problema, como lo son otros servicios públicos, y los gobernantes tienen la obligación de afrontarlos mejorando la administración de los recursos sin crear alarmas innecesarias y poniendo en marcha políticas para rejuvenecer la población como ya se hizo en tiempos anteriores. Tenemos el ejemplo de los países escandinavos, singularmente Noruega, que ya lo hicieron en su día, y están recogiendo los frutos de las mismas. Quiero decir que todo está inventado y practicado, sólo falta voluntad y un poco más de dedicación a lo que importa. De momento, los mayores y pensionistas han demostrado en España ser un elemento estabilizador de la política y, durante la grave crisis financiera de 2008 y años subsiguientes, fueron el auxilio insustituible de miles de familias españolas.

Lo ocurrido en las Cortes con el Decreto Ómnibus y la rápida resolución del Gobierno es una llamada de atención, que no debería caer en saco roto. Esos mayores representan alrededor de un 30% del censo electoral, pero, además de eso que no es desdeñable, representan en estos tiempos de incertidumbre el mayor factor de equilibrio social de la nación. Por todo eso, más que hacerse eco de alarmismos vanidosos, hay que profundizar en algo más simple que había quedado bastante olvidado: administrar eficazmente los recursos disponibles. Si ello, además, se acompaña de políticas favorables a la familia, para aumentar nuestro capital humano, en algún momento se romperá el maleficio de ser España el país con más baja natalidad del mundo.