Daniel Innerariti señala que, “si la próxima campaña electoral gira en torno al quién (especialmente con quién se va a pactar) y no al qué (pensiones, salario mínimo, ecología, fondos europeos…), ganará la derecha”. En otras palabras, si se continúa la campaña electoral por los caminos diseñados en la precampaña, el triunfo de la derecha parece servido.

Las derechas actuales (compuestas por la extrema derecha y la derecha extrema), tanto políticas como económicas y mediáticas, han decidido poner la fuerza de la prueba de forma personalizada en el Presidente del Gobierno (PG) y atribuirle todas las maldades propias del momento final del apocalipsis y lo hacen sin sonrojo, buscando dar respuestas directas y sencillas a realidades complejas, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, el supremo hacedor y, por lo tanto, el culpable se llama Pedro Sánchez (PS). Se habrá observado que hacer significa, para estas derechas, hacer una catástrofe para España. Esa es su estrategia que se hable del quién y que sea para mal, PS pasa a ser la bestia negra de todos los males universales para España. De esta suerte las derechas consiguen su objetivo fundamental, hacer ruido para tapar los contenidos reales obtenidos por la acción de gobierno.

Es importante saber cuáles son las aportaciones de esas derechas y los acuerdos a los que llegan para acceder al gobierno, sin ningún tipo de vergüenza o de reparo para llevar a cabo eso que llaman “derogar el sanchismo”.

Debemos considerar que durante toda la legislatura el PP ha incumplido de forma fragante, sin sonrojo alguno, la Constitución, a la que tanto clama como ánima en pena, con más parafernalia que convicción. Efectivamente el PP ha bloqueado los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha hecho oídos sordos a la solicitud de la Unión Europea, a la dimisión de su Presidente y al desprestigio creciente de la justicia en España. Las derechas han bloqueado y manipulado a la justicia sin sonrojo y, lo que es peor, ha culpado de sus actos al gobierno y a la izquierda en general, utilizando un mecanismo que se denomina proyección, por el que aparece el otro como depositario de las propias condiciones, lo que permite utilizar varias excusas con el fin de continuar con el bloqueo, presentando que siempre es el otro el culpable de tal situación. De esta suerte utilizan la “culpa” con un fin de moralina de los rescoldos culturales judeo-cristianos occidentales. La población observa atónita la situación porque no acaba de comprender la importancia que para ellos tiene ese comportamiento anticonstitucional y antidemocrático, por parte de las derechas. No estaría de más que se explicara de forma pedagógica a la población la dimensión de estas posturas tan interesadas para las derechas, para el poder real.

Un punto candente de intervención en los pactos de las derechas, hace referencia a las políticas y ejercicio de los derechos de los colectivos LGTBIQ+. Existen errores en la extrema-derecha-extrema de tipo conceptual, ya que consideran que la diversidad de la orientación y de la identidad sexual son entidades patológicas. La homosexualidad había sufrido un tránsito desde el delito por perversión a patología mental (véase la persecución que sufrió el literato inglés Oscar Wilde), hasta que fue despatologizada a principios de los años noventa del siglo pasado, cuando Spiltzer y Williams decidieron proponer a los grupos del sistema DSM de la APA (American Psychiatry Association) en USA que se estudiara, de forma específica, si las características de funcionamiento mental de las personas homosexuales difería del de las personas heterosexuales, la conclusión fue que no había diferencias y las que pudieran existir no se debía a la homosexualidad, sino al hecho de las presiones del contexto social y cultural sobre las personas individuales y por las escasas posibilidades de tolerancia y reconocimiento a estas personas. La despatologización de la transexualidad fue algo más lento y tedioso, hasta que la OMS en 2018 en la CIE-11 decide eliminarla como categoría diagnóstica e incluirla en los códigos Z, que no son códigos diagnósticos, sino que son códigos de actividad sanitaria de cara a los acontecimientos vitales de las personas y que se establecen para justificar la acción sanitaria que precisen estas personas. De forma similar la OMS lo decide tras una investigación, multicéntrica y multicultural (México, Líbano, Senegal, Francia, India y USA) donde se demuestra que los posibles síntomas de las personas trans no son debidos a la transexualidad, sino que son formaciones reactivas a la presión social a la que se ven sometidos por su identidad.

Por lo dicho con anterioridad, ni la orientación sexual ni la identidad sexual se diagnostica, simplemente porque no son trastornos, sino que se debe conocer para intervenir de forma y manera adecuada y asertiva con estas personas. La extrema-derecha-extrema y algunos sectores de la derecha pepera no lo consideran así. Pretenden eliminar derechos conseguidos tras decenios de lucha y reivindicación. Ni la extrema derecha ni la derecha extrema comparten que los derechos de los colectivos LGTBIQ forman parte del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Han conseguido dar la razón a Pedro Zerolo cuando decía que “en mi mundo vds sí que caben, pero en su mundo yo no quepo”, señalando a los colectivos que lo importante no era conseguir los derechos y disfrutarlos, no son una meta, sino un camino de convivencia y reconocimiento humano que deben ser defendidos de forma permanente.

Las derechas están empeñadas en limitar y recortar los derechos de los colectivos LGTBIQ, a los centros asistenciales específicos los denominan, de forma despectiva, como “chiringuitos”, mientras esas derechas les ofertan lo que denominan “tratamientos de reversión”. Estos tratamientos no tienen sentido, primero porque no existe ningún proceso que tratar y, en segundo lugar, porque hasta la propia Comisión ética de la American Medical Association (AMA) señalan como una falta ética grave la oferta y publicidad de este tipo de tratamientos. En España existen poderosos grupos económicos, ideológicos y confesionales (por ejemplo, Hazte Oír) que siguen desoyendo lo que dicen organismos internacionales e incumpliendo la propia ley española. Estos grupos atacan toda vía de salida, como es la educación sexual a todos los niveles educativos, como la LOMLOE, así se va generando una política de generar odio y facilitar los procesos de acoso y ciberacoso (Odd-ratio de hasta 2.8-3.2 en relación a las personas que no son LGBTIQ) en la adolescencia y que terminan con claras agresiones físicas como descargas de las conductas de odio y expresión de la LGTBIQfobia y otras consecuencias no deseadas como la realización de conductas autolíticas.

La negación de la violencia de género, de la violencia machista por parte de las derechas está siendo una constante, pretenden denominarla como violencia familiar y la equiparan con cualquier tipo de violencia. Es una doble falta: una carencia de sensibilidad hacia un tipo de violencia específico de tipo estructural y lo que se debe a una carencia conceptual con claros componentes ideológicos y no pueden asumir los acuerdos internacionales al respecto, como la declaración de Estambul. La violencia machista es un tipo de violencia específica y constatable, con más de mil mujeres asesinadas en España por hombres por el mero hecho de ser mujeres.

El PP había firmado el pacto estatal contra la violencia de género y había participado en las protestas por cada asesinato machista, desde la emergencia de vox el PP se ha retraído, pero desde que se forman los pactos de gobierno entre las derechas el PP ha pasado a aceptar y asumir el vocabulario de vox. La utilización del vocabulario de alguien no es algo baladí, muy al contrario, significa que se asume su discurso subyacente.

Se une esta opción a una descalificación y cierta criminalización del feminismo como aportación cultural. Lo desnaturalizan al señalar que el feminismo aporta violencia y enfrentamiento entre los géneros; el feminismo es un reconocimiento explícito por la igualdad entre ambos géneros, pero en el mismo plano, no de predominio de uno sobre otro. Para este articulista el feminismo representa una verdadera e incruenta revolución cultural y social, que incluye las características de clase para poder comprenderlo en todo su contexto.

Estas derechas también niegan un efecto indeseable de la violencia machista: el daño directo e indirecto sobre los hijos e hijas, niegan lo que se denomina como violencia vicaria, disminuyendo, por lo tanto, la eficacia de la intervención y de los contenidos preventivos. Son defensores del denominado Síndrome de alienación parental (SAP) que culpabiliza a la madre de las desavenencias posibles entre ambos miembros de la pareja y que tienen impacto sobre los hijos o hijas, un trastorno que no se reconoce en ningún sistema de clasificación categorial internacional y que, por fin, la legislación española ha asumido que no se debe utilizar en los procesos judiciales con infantes y adolescentes en liza.

Otro de los acuerdos que incluyen los pactos de las extremas-derechas-extremas consiste en negar que el aborto sea un derecho de las mujeres y, a pesar de estar penado en la ley, continúan con beligerancia en los entornos de los centros donde se realizan abortos o se sugiere acciones de presión que llegan a tener la categoría de tortura mental, como la sugerida en Castilla y León por el vicepresidente del gobierno autónomo o el reciente nombramiento como presidenta de las Corts de Valencia de una activista contra el aborto y de un colectivo ultracatólico como es Hazte oír.

El aborto es un de hecho reconocido como derecho de las mujeres por organismos internacionales como la ONU y la OMS. En España tampoco hay que reclamar el derecho a la libertad de conciencia de los profesionales médicos y no hay que airearlo porque está contemplado de forma clara y rotunda en la propia ley. Es tan claro lo que se acaba de exponer que existen Comunidades Autónomas donde ningún centro sanitario de gestión pública directa realiza abortos, sino que se derivan a la asistencia privada concertada, porque todos los profesionales sanitarios del sistema público se han declarado objetores, lo que a todas luces infringe el verdadero espíritu de la ley.

El derecho a una muerte digna ha sido reconocido por la ley de eutanasia, ampliamente aprobada en el Congreso de los Diputados ya ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por las derechas, como es habitual con todo a lo que hace referencia a incrementar los derechos civiles que reconocen la libertad individual.

Con la ley de eutanasia los gobiernos de las CCAA que gestionaba el pp, han puesto todo tipo de trabas a su desarrollo, haciendo un verdadero filibusterismo a la hora del desarrollo de la ley. Retraso en el nombramiento del Comité autonómico de evaluación, nombramientos de profesionales francamente contrarios a la aplicación y desarrollo de la ley, enlenteciendo el estudio de las personas que solicitan la eutanasia. Lo más relevante es la tentativa de confundir a la población, hablando de temas que no se contemplan en la ley como subsidiarias de aplicar la eutanasia, por ejemplo, casos de salud mental, las personas con demencia establecida sin haber realizado el testamento vital, casos de padecimientos que no son mortales o deteriorantes directamente, confundir a la opinión pública con el concepto de la eutanasia al decir que es una ley para evitar los consumos sanitarios de las personas mayores. En las personas con discapacidad se tiene elaborado un manual de aplicación de la eutanasia, con lo que habría que sugerirles que lo revisaran, puesto que se aprobó en el Consejo Interterritorial.

Las derechas plantean “una revisión de los criterios de aplicación de la ley de eutanasia”, pero ¿qué quieren revisar y qué significa revisar? Porque lo que pretenden simplemente es derogarla. La derecha del PP señala que hay que defender a los médicos que no quieren aplicar la eutanasia, es decir que quieren tener objeción de conciencia, pero eso es hacer ruido, porque la ley señala el reconocimiento de la objeción de conciencia y que se abrirá un registro de los médicos objetores, como defensa de esa decisión.

En el caso de la eutanasia es un ruido insufrible, ya que todo lo que dicen querer cambiar ya está contemplado en la propia ley, por ello el Tribunal Constitucional ha decidió dar paso a su legalidad y constitucionalidad.

Durante la crisis económica el gobierno del PP realizó una reforma laboral en la que se perdieron derecho de los trabajadores y trabajadoras, se incrementaron los contratos temporales y se difundieron los contratos basura, de tal suerte que existían trabajadores y trabajadoras en situación muy precaria, sobre todo las mujeres y los jóvenes, el paro era insufrible con tasas del 20% de la población activa. La llegada del gobierno progresista hizo que se estudiara la reforma laboral, consiguiendo un pacto con las organizaciones sociales, un acuerdo entre los sindicatos y la corporación empresarial, así que CCOO, UGT y CEOE acuerdan con el ministro unas condiciones mínimas para la reforma laboral. En el Congreso de los Diputados se aprueba por un error de un diputado del pp. La implementación y desarrollo de la reforma laboral evidencia que el paro disminuye de forma gradual pero constante, que el 50% de los contratos son fijos, que se incrementaban los contratos para mujeres y jóvenes.

Las derechas ponen palos en las ruedas intentando descalificar los resultados, que si es el país con más paro de la EU, que si es la que tiene más paro de jóvenes, que el descenso es por el contaje de los fijos discontínuos (criterios que también aplicaron ellos porque es un criterio de la EU).

Así que ellos van a cambiar la reforma laboral, el PP dice que votó no a la reforma laboral porque la consideraban “objetivamente mala”, pero el señor Fakejoo ahora dice que la reforma laboral es “sustancialmente buena” ¿qué es esto? ¿a qué se hace caso? Ahora sabemos que lo que pretenden hacer es instaurar el despido libre ¿se atreverán a decirlo explícitamente?

La reforma de las pensiones del PP desnaturalizó el sentido de esta prestación social, lo justificaba con el deseo de asegurar la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones. El incremento interanual de las pensiones se establecía, como máximo, en el 0,25%. Rescatar el pacto de Toledo, permitió estudiar de forma seria y responsable la sostenibilidad de las pensiones y la adecuación del incremento al IPC interanual, así este año han tenido un incremento del 8,5%.

Las derechas no toleran este hecho y lo descalifican directamente acusando de todos los males económicos a este hecho. Queda mucho por hacer en este campo, pero asegurando el derecho de las personas mayores. Debe ser asegurado el sistema público de pensiones, porque no lo está con el pacto de las derechas: el PP defiende los fondos privados de pensiones y la deben existir y se debe liquidar.

A la extrema-derecha-extrema tampoco le gusta la sanidad pública y uno de sus líderes ya ha dicho que España no se puede tener una sanidad gratis para toda la población”, los del PP no son tan explícitos, pero contribuyen a ello privatizando la asistencia: limitan o disminuyen los presupuestos sanitarios de gestión pública, incrementan las partidas para los conciertos con la sanidad privada y les asignan gestión de servicios públicos.

Existen, al menos, cuatro ejemplos de lo señalado con anterioridad: En Galicia y Castilla y León limitaron el desarrollo de los servicios asistenciales de Atención Primaria. En Madrid y Andalucía haciendo que su inversión en sanidad ocupe los dos últimos puestos del gasto anual por habitante de todas las CCAA.

Población y profesionales salieron a la calle para reclamar una sanidad pública y de calidad. Luego ese clamor no se tradujo en votos y, de forma paradójica, vuelven a gestionar el tránsito hacia la sanidad privada pagada con los presupuestos públicos, es decir: una perversión más, lo que hace que Noam Chomsky tenga razón, una vez más, en dos de sus grandes premisas: los pasos para privatizar los servicios públicos y el poder de la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder.

Es muy peculiar su concepto acerca del cambio climático y la contaminación medioambiental, no importa que la ciencia aporte evidencias científicas a cada paso de lo que sucede, no importa que esas evidencias se vayan confirmando en la práctica cotidiana. Su solución resulta pasmosa: poner tiestos en las ventanas.

La descalificación de todas las medidas recomendadas a nivel internacional para minimizar el efecto del cabio climático es la norma habitual por parte de las derechas, así consta en sus pactos con la descalificación a los objetivos de la estrategia internacional 2030.

Como ejemplo, baste ver la ley de regadíos que pone en peligro la viabilidad del humedal de Doñana o su oposición a todo lo que se pretenda legislar sobre la transición ecológica.

El último punto del decálogo de la ignominia que figura en los pacos entre las derechas para gobernar: los migrantes extranjeros. Se sabe que ocupan espacio y puestos laborales que no quieren los españoles, pero que esos servicios son necesarios para la sociedad española, además de colaborar en las cotizaciones a la seguridad social y en el pago de impuestos.

La extrema-derecha-extrema lanza un discurso totalmente de alarma continua contra estos colectivos y en concreto con los “MENAS” (menores extranjeros no acompañados). Han propagado todo tipo de improperios y mentiras, buscando la alarma y que la sociedad reaccionara con rechazo a estos colectivos, pero además con estas actitudes favorecen la aparición de conductas y sentimientos de odio. Tras estos sentimientos de odio no es extraño que aparezcan las conductas de odio llenas de agresividad.

El resumen de todo lo antedicho: potenciar el populismo, donde se simplifica lo complejo y se aportan soluciones simples, imposible de sobrevivir sin generar un gran sufrimiento popular. La experiencia internacional debe servir de enseñanza: Trump en USA y Bolsonaro en Brasil, ambos terminan juzgados por la ley democrática. Trump es acusado de 37 delitos federales, entre ellos usurpar documentos clasificados. Bolsonaro ha sido condenado hasta 2030 sin poder presentarse a elecciones y no poder desempeñar puestos públicos, la razón es haber incitado a la población a crear desórdenes sociales tras las elecciones brasileñas en las que fue derrotado por Lula.

Aquí se ha desgranado el panorama que crean los pactos de las derechas, un pacto de la ignominia que revierte la legislación que genera un avance en las libertades individuales y nos retrotrae a épocas pasadas y nos recortan libertades conseguidas entre todos. Las derechas no toleran la libertad de las personas, lo recubren con una parafernalia de palabras vacías de contenido. Utilizan la palabra de libertad, pero la arrastran por el barro de limitarla para tomar cañas y prohibiendo pensar u obtener informaciones diversas, decididamente no les agrada la libertad.

Tenemos elecciones, estemos atentos porque puede acontecer lo sucedido con anterioridad en las CCAA y ayuntamientos. Se genera odio hacia Pedro Sánchez y se termina limitando nuestros avances sociales.