Introducción.

En la segunda parte de esta serie sobre energía hacíamos referencia a las últimas acciones desarrolladas desde la Comisión Europea, con aprobación en marzo[1] y abril[2] de este año, señalando que la incidencia de estas normas sobre la situación española y las posibles consecuencias de un cambio en el Gobierno derivado de las elecciones del 23J, las consideraríamos en el siguiente artículo de esta serie –el actual- dedicado a la energía.

Desde esa perspectiva, los aspectos fundamentales a considerar, algunos de los cuales complementan aspectos que ya se han tratado en los dos artículos de la serie anteriores, tendrán en cuenta:

  1. Siguiendo lo establecido por la UE, la transición energética debe sustentarse en el ahorro y mejora de la eficiencia energética, en la prevista reducción de los costos de las energías renovables, la creciente electrificación global y en el aumento de los precios del carbono para internalizar sus efectos externos sobre el calentamiento global, en un marco en el que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global siguen aumentando.
  2. Igualmente, es fundamental frenar el alza en los altos precios de la energía y lograr una menor dependencia y mayor seguridad energética, lo que exige acelerar el desarrollo de energías renovables, valorando los riesgos del incremento de los costos de las materias primas involucradas.
  3. Por otra parte, siguiendo lo establecido por la AIE, debería llegarse al objetivo, por ahora lejano de alcanzar, de no necesitar incrementar las demandas de petróleo ni de gas nuevos después de 2024 en los países de ingresos altos, ni después de 2028 en los países de ingresos medios y bajos[3]. Aunque también la AIE señala que la electricidad renovable, el hidrógeno y la bioenergía son esenciales, pero insuficientes, ya que casi una cuarta parte de la descarbonización neta dependería de la captura y eliminación de carbono combinada con cambios en el uso de la tierra (deforestación revertida).

Atendiendo a los aspectos señalados, la evolución de los precios energéticos, el ahorro energético y la mejora de la eficiencia e intensidad energética en la economía son capítulos fundamentales de la política energética global. Aspectos sobre los que los nuevos objetivos del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030)[4] elaborado por el Gobierno de coalición, que debe presentar obligatoriamente a la CE, aporta elementos fundamentales a valorar[5] en el presente artículo.

Una segunda consideración tiene en cuenta cual ha sido la evolución del rendimiento energético y de la eficiencia en el uso de la energía en España y cómo esta evolución ha incidido y puede incidir en la productividad y ventajas comparativas de este país, en un marco global en el que, el crecimiento de la población, las innovaciones técnicas y el crecimiento del consumo, han condicionado, de forma decisiva, la demanda global actual de energía, y seguirán condicionándola en el futuro, salvo que se establezcan modificaciones radicales en el ahorro, eficiencia energética y mix energético, difíciles de esperar en la actual coyuntura global, al menos a medio plazo.

En todo caso, el borrador del nuevo PNIEC 2023-2030 establece nuevos objetivos, medidas e inversiones en estos aspectos cuya definición final y desarrollo corresponderán al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 23J, con el riesgo de un Gobierno PP-VOX que en gran parte sería contrario a los objetivos de lucha contra el Cambio Climático que es uno de los referentes fundamentales de estos Planes establecidos como obligatorios por la UE y que, en el mejor de los casos, tiene una prioridad muy secundaria para ellos.

Como consecuencia, por último, hacemos referencia a la dimensión política de las estrategias energéticas y climáticas vigentes, y a los riesgos que pueden derivarse de cambios en los Gobiernos europeos ante las elecciones al Parlamento Europeo, de 2024, y, a más corto plazo, a los potenciales efectos de un Gobierno del partido popular (con o sin VOX) a la vista de las políticas energéticas desarrolladas en el período 2012-2018, ya consideradas en otros artículos de esta Sección de Políticas de la Tierra.

Costes energéticos y sus consecuencias sobre la transición energética en España.

Como hemos señalado en artículos anteriores, la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008 y el auge de los nacionalismos, así como la anexión de Crimea por parte de Rusia y su apoyo a los movimientos independentistas del este de Ucrania, en 2014, habían generado un cambio global y geoestratégico radical. Cambio acelerado después por los efectos ligados a la Covid-19 y a la invasión de Ucrania de 2022, que están dando lugar a la reasignación de cadenas globales de suministro, con la diversificación de fuentes de inputs productivos, la potenciación local de producciones hasta ahora dependientes del exterior, y la vuelta a los países de origen de eslabones de las cadenas productivas de las multinacionales. Sus consecuencias generales, como se aprecia en la actualizada Figura adjunta para el período 2008-2023, son una pequeña disminución de la dinámica global del comercio exterior de mercancías (aunque éste sigue su tendencia creciente a largo plazo) y un incremento generalizado de precios, desde finales de 2021, por fuertes movimientos especulativos, que las previsiones de caída de la demanda por el riesgo de crisis económica están tendiendo a relajar en los mercados especulativos de futuros, fundamentalmente desde diciembre de 2022.

Apreciamos la altísima volatilidad de los precios de los carburantes (fuels) y, en mucha menor medida de las mercancías excluidas carburantes y de los precios industriales, en un marco en el que el volumen de comercio mundial se mantiene con tendencias crecientes, pero en gran parte estabilizado desde noviembre de 2022.

No obstante, las políticas de recorte de oferta de la Organización de Países Productores de Petróleo y sus socios, con Rusia a la cabeza (OPEP+), pretenden mantener el precio del petróleo en el entorno de los 80 $/barril Brent (de referencia en Europa) después de que la invasión rusa de Ucrania, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, llegara a disparar la cotización por encima de los 120 dólares el verano pasado. Su propósito es que se produzca una subida del precio del crudo en el otoño, con Arabia Saudí como principal impulsor de los recortes en la oferta, ratificando las fuertes tensiones existentes entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que refuerza su alianza con Rusia y lo hace, además, en medio de un creciente acercamiento a China.

Sin embargo, la caída en las expectativas de crecimiento económico mundial y la incidencia de la inflación en el consumo están haciendo que la demanda de combustibles se resienta y que los precios se mantengan relativamente estables en los mercados de futuros[6] ante una realidad en la que el desmesurado incremento de precios registrados en 2022 ha generado fuertes inversiones de incremento de la oferta –significativamente en el campo del fracking en toda América- que, en muchos casos, dejan de ser rentables a los precios actuales.

La situación derivada de la invasión de Ucrania, en España, y la incidencia posterior de las medidas adoptadas, tanto por el G7 como por la UE y nuestro propio país, viene encuadrada por el record de inflación registrado en marzo de 2022, derivado del incremento de los precios energéticos (que llegó a una elevación del 43,7%) -y, muy particularmente del de la electricidad (que llegó a una elevación interanual del 530%) y del gas (que llegó a una elevación interanual del 640%)-, que llevaron incrementar el IPC de la Eurozona en más de un 30%; y en cerca de un 37% a su IPC energético, con las correspondientes incidencias negativas sobre la producción, el bienestar y las desigualdades sociales en la UE y en este país.

De manera específica, la Figura siguiente muestra la incidencia de estos precios de la energía en la evolución de los precios en España, donde la energía cobra una incidencia fundamental entre mayo de 2021 y agosto de 2022, reduciéndose posteriormente hasta tener un efecto “deflacionista” desde diciembre de 2022, siendo desde entonces los alimentos la principal componente inflacionaria.

En este marco, hay que señalar que España es uno de los países de la Unión Europea en el que repercute en mayor medida la variación de los precios de la energía y, particularmente la variación de los precios del petróleo y del gas, como consecuencia de la fuerte dependencia exterior del consumo energético del petróleo, en primer lugar, y del gas, en segundo lugar.

De hecho, hay que señalar que precisamente el objetivo de reducción de la dependencia energética es uno de los objetivos fundamentales del nuevo PNIEC 2023-2030, pretendiendo que, con las acciones incorporadas, ésta se reduzca del 73% registrado en 2019 al 51% para 2030. Reducción para la que es fundamental el hecho de que el nuevo PNIEC 2023-2030 promueva pasar de una situación en la que, en 2019, el 27% de la energía primaria procedía de fuentes autóctonas, a un escenario donde esta cifra sube al 49% previsto para 2030, con un incremento superior a 10 puntos respecto a lo previsto en el anterior PNIEC 2021-2030.

En todo caso, esta fuerte dependencia energética y la incapacidad de influir en los precios de la energía de los mercados globales, explican que el coste de la energía en estos, y particularmente el del petróleo, así como el tipo de intercambio euro/dólar, sean factores determinantes en la fijación del precio de la energía en España, hasta la actualidad, aunque con una tendencia decreciente por el auge de las energías renovables y por las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición[7], algunas de las cuales se han visto ampliadas y parcialmente modificadas –pero manteniendo los objetivos deflacionistas y de compensación a los más perjudicados- en el Consejo de Ministros de 27 de junio de 2023[8].

En todo caso, la inflación genera graves problemas de competitividad comparada que, en el caso de la economía española, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, llega al tercer trimestre de 2022 con el máximo de inflación respecto a las tasas globales o a las tasas de la Eurozona, EEUU, China, Alemania, Francia e Italia, iniciando desde entonces un rápido descenso que le sitúan en condiciones óptimas respecto al resto del mundo, salvo China, en la que los cierres asociados a la lucha contra el Covid 19 hacen que el descenso sea mucho más acusado en los últimos trimestres.

Hay que señalar que las previsiones de La Caixa, reflejadas en la Figura anterior, muestran una tendencia a la uniformidad de tasas de inflación para finales de 2024 en la Eurozona y en los principales países europeos, con tasas trimestrales entre el 2,1% -para España- y el 2,5% para Alemania, con una media del 2,4% para la Eurozona. Si bien la incertidumbre socioeconómica global, la evolución de los tipos de interés, los mercados especulativos de futuros y la relación de tipos de cambio euro/dólar, en un marco de creciente dependencia de los mercados energéticos europeos de EEUU, añaden fuerte incertidumbre a estas previsiones.

En todo caso, con los últimos datos del INE, podemos señalar que, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, gracias a las medidas del Gobierno de coalición, el transporte combinado de viajeros ha reducido sus precios en un 47,7%; la electricidad en un 34,9%; los combustibles líquidos en un 27,1%; el transporte en autobús, metro y tranvía, en un 24,5%; el gasóleo, en un 15,5%; la gasolina en un 8,4%; y el gas natural en un 7,1%. Y, de hecho, los datos provisionales publicados por el INE para el mes de junio de este 2023 ya señalan que la inflación interanual se ha reducido por debajo del 2%, siendo el primer país europeo de relevancia económica significativa que lo consigue; aunque la inflación subyacente (sin alimentos frescos ni energía) sigue en tasas muy elevadas, del 5,9%, según estos datos provisionales.

Como síntesis, podemos señalar que, en el marco de la UE, el Gobierno de coalición ha sido ejemplar en sus medidas de reducción de la inflación, con resultados muy positivos desde el tercer trimestre de 2022 a la actualidad, gracias a las actuaciones dirigidas a la protección del acceso a la energía a los más vulnerables y a la reducción de costes energéticos para familias y empresas, ante la grave coyuntura sufrida de especulación energética desbocada desde mediados de 2021, e incrementada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Especulación energética a la que hay que añadir, como señala el último informe de la OCDE[9] sobre España, el fuerte aumento de los beneficios empresariales como responsables de las altas tasas de inflación.

Inflación que, adicionalmente tiene efectos diferenciales sobre los distintos niveles de renta, siendo mucho más negativa sobre los más desfavorecidos (con una mayor propensión al consumo y una menor capacidad de ahorro), lo que pone en valor las políticas fiscales y sociales del Gobierno de coalición (actualización de pensiones y del salario mínimo, establecimiento del ingreso mínimo vital, ayudas al transporte público y rebajas energéticas, etc.) que han ayudado a minorar el grave problema histórico de las desigualdades en España. Y ante el que, nuevamente, nos encontramos con los riesgos de unas políticas europeas de inspiración neoliberal y conservadora, que pueden verse reforzadas en España por los Gobiernos del partido popular y VOX, poniendo en riesgo los avances registrados –todavía manifiestamente insuficientes, como muestra la evolución de la tasa de riesgo de pobreza y el indicador AROPE de la UE[10]– en igualdad y protección social.

Por último, señalemos que el borrador de PNIEC (2023-2030) recoge las expectativas de precios internacionales de los combustibles fósiles recomendadas por la Comisión Europea hasta el año 2030 como marco en el que establecer las políticas y efectos derivados:

Pero la actual situación geopolítica y socioeconómica global, junto con las incertidumbres asociadas habrían hecho recomendable la consideración de Escenarios alternativos, sobre todo en lo que hace referencia al precio del gas. Adicionalmente, también tiene importancia la previsión de los precios de los derechos de emisión de CO2, que la CE considera fundamentales para desanimar las emisiones también desde la perspectiva de los costes, y para los que el PNIEC 2023-2030 también recoge e incorpora en sus previsiones, la evolución prevista por la CE:

Nuevamente, la incertidumbre sobre estos precios ante la evolución histórica de los mismos, y su incidencia en los costes de producción internos, así como sobre la posible repercusión de las medidas de internalización de las diferencias de emisiones en frontera para el comercio internacional, hacen que este sea un elemento adicional de incertidumbre en las previsiones realizadas en el PNIEC 2023-2030.

Ahorro, eficiencia e intensidad energética.

La eficiencia energética (lograr la misma producción y nivel de satisfacción con menores consumos energéticos) es un principio fundamental de desarrollo de la sociedad que, según algunos autores clásicos como Smil, V. (2018)[11], están en la base de los procesos de transformación que la misma ha venido teniendo a lo largo de su historia.

En este sentido, es coherente que la Comisión Europea estableciera el principio de “primero, la eficiencia energética”[12] y que las dos Directivas aprobadas sobre Eficiencia Energética[13] establecieran un conjunto de medidas para el fomento de la eficiencia energética, buscando un aumento de la eficiencia en un 20%, en 2020, y un 32,5% para 2030 que, en la actualización actual prevista, pasa a ser de un ambicioso 40,5%, indicativo en energía primaria, y 38% vinculante en energía final para el citado 2030.

A este respecto, el último Informe de la AIE[14] presentado a la 8ª Conferencia Global sobre Eficiencia Energética, celebrada en Versalles en junio de 2023, muestra una versión relativamente optimista –como suele ser normal en esta Agencia- respecto a la evolución y potencialidades de la Eficiencia Energética en el mundo. Así, señala que la eficiencia energética mundial mejoró un 2,2% -con Europa cerca de haber duplicado esta cifra- en 2022 (duplicándose mundialmente el promedio de los cinco años anteriores), gracias a que: 1) los países que representan más del 70% del consumo mundial de energía han mejorado sus políticas de eficiencia desde el comienzo de la última crisis energética mundial. 2) Más de 25 países lanzaron importantes campañas de concienciación para ayudar a reducir el consumo de energía y se gastaron más de 900 000 millones de USD para proteger a los consumidores de las crecientes facturas de energía. 3) Las ventas de tecnologías clave para la mejora de la eficiencia energética están aumentando: las ventas de bombas de calor más del 10 % a nivel mundial en 2022 y casi un 40 % en Europa; la participación de los vehículos eléctricos en las ventas mundiales de automóviles en 2022 fue del 14 % y se espera que aumente al 18 % en 2023. 4) Estima que se podría duplicar la mejora de la eficiencia energética a más del 4 % anual esta década, si se acelera la implementación de todas las políticas comprometidas y se triplica la inversión anual relacionada con la eficiencia, de los 600 000 millones de USD actuales, a los 1,8 billones de USD al final de la década. La pregunta es si es viable este incremento con la fuerte alza de los tipos de interés generada por los bancos centrales.

En el caso de la UE27, España y países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, la Figura siguiente muestra la evolución desde el año 2000 al 2020 de la Intensidad energética, corregida la valoración económica nacional por el poder de compra correspondiente.

Como apreciamos, España había reducido su Intensidad en un 22% entre el año 2000 y el 2019, frente a una reducción del 24% en el caso de la UE, y del 39% en el Reino Unido. No obstante, España presentaba una Intensidad favorable en todos los grandes sectores de consumo, salvo en el caso del Transporte, en el que era peor que la media europea: 0,0278 kep/€10 para España, frente a 0,0229 para la UE, en 2019.

La estructura territorial y urbana promovida desde la década de los setenta del siglo XX para España, que llevó al estallido, en 2008, de la burbuja especulativa inmobiliaria (viviendas unifamiliares y urbanización dispersas, dependencia del uso del vehículo privado, polígonos industriales y centros comerciales en las periferias, reducción de la densidad y edificabilidad urbana, etc.) ha incidido desfavorablemente en el consumo energético y en su eficiencia, al propiciar una mayor movilidad personal, un uso más intensivo del vehículo privado y un mayor número de desplazamientos y un mayor coste energético en el ciclo completo del producto inmobiliario, lo que explica, en parte, la evolución seguida en la Figura anterior entre los años 2000 y 2005. No obstante, hay que destacar que entre los años 2000 y 2020 se produjo una reducción de la participación relativa en el consumo de energía en el transporte nacional (del 43%, en el 2000, al 36,7% del total en 2020), y en la industria manufacturera (del 30%, en el 2000, al 24,0% en 2020), compensada por el incremento de la participación del consumo del sector residencial (del 16%, en el 2000, al 20,2% del total en 2020) y los servicios (del 8%, en el 2000, al 12,5% del total en 2020), como apreciamos en los siguientes gráficos.

Complementariamente, atendiendo a los datos globales disponibles para 2021, la estructura comparada del porcentaje de energía primaria consumido por tipo, se recoge en la Figura siguiente, donde destaca el papel del petróleo y de las energías renovables en España frente a la Unión Europea y el Mundo.

Atendiendo a la dinámica e hipótesis asumidas, el PNIEC 2023-2030, recoge las siguientes previsiones de consumo de energía final (excluidos usos no energéticos) hasta 2030 para España:

Señala que, con las medidas propuestas y las hipótesis y modelos aplicados, se llegaría a la siguiente evolución y previsiones hasta el 2030, para la importación y producción de energía primaria, generando una fuerte reducción en la demanda final, en Ktep, y en la ratio de dependencia energética primaria (% importado sobre el total de energía primaria) para España:

Con estas previsiones, efectivamente las medidas y actuaciones previstas en el PNIEC 2023-2030 podrían ampliar considerablemente los objetivos de reducción de la dependencia energética, logrando que ésta se reduzca del 73%, registrado en 2019, al 51% estimado para 2030.

Gran parte de esa mejora de la dependencia energética se asocia con previsiones de ahorro energético que están en línea con los objetivos de ahorro energético establecidos por la prevista nueva Directiva de Eficiencia Energética Europea (ya aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo), que exige alcanzar ahorros anuales en términos de energía final, respecto a la media del consumo de los años 2016 a 2018, del 1,3% en 2024 y 2025, del 1,5% en 2026 y 2027 y del 1,9% en 2028, 2029 y 2030. Lo que llevaría a una senda, para España, asumida en el PNIEC 2023-2030, que se recoge en el Cuadro siguiente:

Algunas consideraciones políticas de las actuaciones en el sector de la energía.

La UE mantiene los objetivos de descarbonización al 2030 y 2050, lo que exige acelerar el desarrollo de energías renovables, y mejorar el ahorro y eficiencia energética. Lo que, a su vez, permite avanzar en la seguridad energética y mejorar la competitividad europea.

Por otra parte, como hemos visto anteriormente, se prevé que persista la caída de los costes relativos de las energías renovables y que sigan creciendo la electrificación y el aumento de los precios del carbono para conseguir el avance en la descarbonización.

En este marco, el borrador presentado a la CE del PNIEC 2023-2030 español, muestra, siguiendo las directrices de la UE, una mejora sustancial en los Objetivos establecidos para 2030 respecto a los asumidos en el anterior PNIEC 2021-2030 y en la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente.

En teoría, según las hipótesis y modelos utilizados en el PNIEC 2023-2030, y suponiendo la materialización del volumen de inversión acumulada prevista de 294.000 millones de € hasta 2030, sus efectos macroeconómicos se concretarían en un aumento del 2,5% del PIB en 2030 con respecto al escenario tendencial, aumentaría el empleo entre 430.000 y 522.000 personas/año, se verían netamente beneficiados los hogares de menor renta y, fundamentalmente, se reducen notablemente las emisiones de contaminantes atmosféricos, estimándose que las muertes prematuras asociadas se reducirían un 49% en 2030 (6.067 muertes prematuras estimadas) con respecto a 2019 (11.952 muertes prematuras registradas).

Pero no podemos olvidar que las medidas de castigo a Rusia por su invasión de Ucrania, con la generación de fracturas geopolíticas y nuevas líneas divisorias internacionales, junto a la fuerte incidencia de la especulación financiera asociada a los mercados de futuros -que explica, en gran parte, la evolución de los precios registrados de la energía y de los alimentos, así como la creciente inflación subyacente-, están disminuyendo la prioridad real y los esfuerzos por la descarbonización europea a corto plazo y poniendo en cuestión algunas de las líneas fundamentales del Pacto Verde Europeo.

Ya hemos señalado en artículos anteriores que Populares y liberales presionan contra la Agenda Verde de la UE (particularmente contra la Directiva para Restaurar la Naturaleza, o contra reducir las emisiones de nitrógeno, el endurecimiento de las normas de contaminación de automóviles, o contra la prohibición ya pactada de vender coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035 si no se incluía una excepción para los motores de combustibles sintéticos), por sus previsibles negativos efectos electorales, particularmente sobre los agricultores y las comunidades rurales, pidiendo “pausar” la transición ecológica.

Lo que, previsiblemente va a generar un retraso en las exigencias asociadas a la transición ecológica hasta las nuevas elecciones europeas de 2024. Lo que unido a las actuales crecientes exigencias en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad Europeo –aunque suavizado- también impulsado desde las posiciones más conservadoras y liberales de la UE- estableciendo como norma final la preexistente –y retrasada por los efectos de la COVID 19 y la invasión de Ucrania- reducción del déficit fiscal al 3% anual y un endeudamiento público inferior al 60% del PIB, va a tener consecuencias obvias sobre la acción en el campo energético y en el proceso de descarbonización.

De hecho, las nuevas exigencias de la UE de que se planteen por los Gobiernos, en los Presupuestos que elaboren para 2024, sendas de reducción del gasto corriente (limitando su crecimiento nominal al 2,6% de crecimiento para 2024, en España), exige una fuerte reducción de las subvenciones y reducción de impuestos en el sector energético (que la CE estima en un 0,6% del PIB para España, que debería dedicarse a la reducción del déficit anual), aunque, a su vez, la CE aboga por que se mantenga la inversión pública (sobre todo la proveniente de fondos europeos) que permita la doble transición digital y ecológica. No obstante, la CE ya ha anunciado que “propondrá al Consejo abrir el procedimiento de déficit excesivo para España, en primavera de 2024 sobre la base de los datos de 2023”, que inevitablemente superarán el 3% del PIB, poniendo a España bajo el procedimiento de control fiscal europeo. Lo que no sólo afecta a España, sino a 13 países europeos, incluidos Alemania, Francia e Italia.

En todo caso, la CE ha aceptado la senda fiscal presentada por España en el Programa de Estabilidad presentado en abril de este año, asumiendo que cumplirá con las exigencias fiscales establecidas, al incorporar –según la regulación vigente en España- el final de las ayudas energéticas extraordinarias, y mantener el impuesto por los beneficios “caídos del cielo a las energéticas y a la banca, para 2024, lo que permite mantener el aumento del gasto corriente por debajo de la previsión del aumento del PIB.

Pero los efectos de las actuaciones y políticas ejecutadas y previstas sobre la renta disponible de los ciudadanos (fundamentalmente, pero no solo, residentes en el medio rural) está incentivando un riesgo de derechización que, como venimos señalando, exige medidas inteligentes, prácticas, ambientalmente sostenibles y de apoyo, no solo a la población que más lo necesita, sino también a una clase media cuyo deterioro de las condiciones de vida va deslizándola, poco a poco, hacia el radicalismo de extrema derecha o hacia una abstención que beneficia a ésta. Lo coyuntural vuelve a entrar en conflicto con los necesarios cambios estructurales y a relativizar la prioridad del objetivo de transición ecológica y la lucha contra el cambio climático (que presenta riesgos muy graves para España a medio/largo plazo) definiéndose pautas poco deseables para la salud y bienestar ciudadanos.

En ese sentido no podemos olvidar el objetivo de VOX de derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ni el hecho de que eran ocho, hasta ahora, pero previsiblemente en aumento tras los resultados electorales de mayo de 2023, las Comunidades Autónomas –destacando la de Madrid y Cataluña- que proponen que se relajen unas normas de calidad del aire que pueden dar lugar a infracciones de  la CE sobre las mismas por su incumplimiento de la senda obligatoria establecida, pese a que, fundamentalmente, inciden sobre la salud de los ciudadanos y sobre el incremento de la mortalidad por contaminación e incremento de los efectos negativos del cambio climático.

Dada la posición del PP y de VOX, es evidente que estas consecuencias se van a incrementar en España y podrían incrementarse también en la UE si alcanzan la mayoría el 23J, al sumarse al grupo de países retardatarios de la imprescindible transición ecológica que permita sustentar la salud y bienestar ciudadana.

No es por lo tanto baladí el riesgo de puesta en cuestión de la Hoja de ruta para la descarbonización en 2050 de la UE y de España, que establecen que la diversificación de fuentes de energía hipocarbónicas y sus sistemas e infraestructuras de apoyo (que incluyen las redes inteligentes, las viviendas pasivas, la captura y el almacenamiento de carbono, los procesos industriales avanzados y la electrificación del transporte -incluidos el avance en las tecnologías de almacenamiento de energía de uso en el transporte) como elementos sustanciales adecuadamente recogidos en el borrador de PNIEC 2023-2030 español.

Porque no podemos olvidar que los problemas principales, en España, para avanzar en la dirección plasmada en el PNIEC 2023-2030 son aspectos muy directamente ligados a sectores económicos muy ligados a posturas tanto de VOX como del PP: la estructura oligopolística del sector, muy reacio a cambios que afecten al actual equilibrio de poderes o al esquema de tarificación eléctrica vigente; el volumen de inversiones y subvenciones públicas precisas, difíciles de materializar sin la adecuada priorización con el fuerte endeudamiento público comprometido con el objetivo de un déficit inferior al 3%.

Porque el modelo energético vigente en España encomienda a las redes energéticas y al mercado la satisfacción de las demandas de energía, lo que implica que son las empresas encargadas de las redes de combustibles, gases o electricidad, y las redes de distribución de carburantes y de electricidad, claramente controladas en régimen de oligopolio, así como la agrupación en el sistema eléctrico de la demanda nacional, los que permiten optimizar la generación en grandes plantas y atender requerimientos energéticos crecientes en cantidad y calidad. Sin embargo, este modelo dificulta la competencia e inviabiliza la utilización de recursos locales, el autoconsumo, las comunidades energéticas locales y un marco de energía distribuida que sería el marco más adecuado para la transición energética y ecológica en España.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición español van en las líneas necesarias desde 2018 y se refuerzan en las adoptadas desde marzo de 2022 y propuestas en el PNIEC 2023-2030. Además, hasta la actualidad, en el marco de la UE, España está siendo ejemplar en la protección del acceso a la energía a los más vulnerables y en la reducción de costes energéticos para familias y empresas en una coyuntura de especulación energética desbocada, iniciada en 2021, e incrementada por la invasión rusa de Ucrania.

También ha sido ejemplar en la promoción de energías renovables, fundamentalmente tras la declaración de la Emergencia climática, en 2019, siguiendo el objetivo del Pacto Verde Europeo de descarbonizar la economía europea para el 2050. En tan solo cuatro años, ha aumentado la potencia renovable un 36%, y ha multiplicado por cinco veces y media a los prosumidores y el autoconsumo, tras la derogación del conocido como “impuesto al sol”. Y dispone de plantas regasificadoras que han asegurado la independencia relativa de los suministradores de gas natural en la difícil coyuntura registrada en la UE. Pero no ha dejado de sufrir las consecuencias de un incremento progresivo de los precios energéticos, y en particular del gas, con una fuerte influencia en el alza del precio de la electricidad, consecuencia del proceso marginalista de fijación de su precio, que el Gobierno de coalición español cuestiona, porque han llevado la inflación española y europea a cotas no registradas desde los años ochenta del siglo XX.

También la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, de 2020, ha sido un hito en esta evolución y en las pautas seguidas desde entonces en el ahorro de energía, el impulso a la eficiencia energética y a las energías renovables, la intervención directa en el mercado limitando el precio del gas o de la electricidad, acotando los beneficios extraordinarios de las tecnologías inframarginales (todas las tecnologías de generación, exceptuando el gas y el carbón), la minoración de costes energéticos a los más desfavorecidos a través del aumento de la carga fiscal a las empresas energéticas, o la nacionalización o inyección de liquidez a empresas en claro riesgo de quiebra, como ha sido el caso de las comercializadoras energéticas.

La pregunta es hasta qué punto estos compromisos con la UE y esta Estrategia de descarbonización o el borrador del PNIEC 2023-2030, serían viables o se cumplirían sin riesgo de medidas correctivas por la CE bajo un indeseable –ya solo desde esta perspectiva- Gobierno del PP-VOX.

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[1] Directiva RED III que pretende aumentar la capacidad instalada total de energías renovables en la UE, desde el 32% del mix vigente, hasta el 42,5% de aquí a 2030, con una recomendación indicativa de llegar al 45% para ese año e incremento de objetivos sectoriales en transporte, industria, edificios y calefacción y refrigeración urbanas, además de exigir que los Estados aumenten las zonas para la instalación de energías renovables (consideradas de interés público superior) en las que los proyectos de estas energías estarán sujetos a un procedimiento de concesión de permisos simplificado y rápido.  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/30/council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-renewable-energy-directive/

[2] Dirigidas a reducir emisiones de GEI en los principales sectores de la economía, garantizando al mismo tiempo que los ciudadanos y las microempresas más vulnerables, así como los sectores expuestos a “dumping” en carbono por empresas extranjeras, reciban un apoyo efectivo en la transición climática. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/

[3] Proceso que, lógicamente, desata el rechazo y resistencia de las multinacionales de las energías fósiles y de los países depositarios de este tipo de recursos. Y, también, de una forma clara, de los demandantes productivos más directamente ligados al uso de las energías fósiles (fundamentalmente, pero no solo, los del transporte y la petroquímica) que precisan de fuertes inversiones de adaptación (vehículos eléctricos y transformaciones productivas) para avanzar en la senda de la descarbonización.

[4] https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=607

[5] El borrador de actualización del PNIEC 2023-2030, debía presentarse a la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2023, como establece el artículo 14 del Reglamento de Gobernanza Europeo, incluyendo unos objetivos coherentes con la reducción de emisiones adoptada a nivel europeo. Y, en cumplimiento del artículo 10 del Reglamento de Gobernanza Europeo, que dispone que cada Estado miembro deberá garantizar la participación del público en la preparación del PNIEC, se ha puesto a información pública hasta el 4 de septiembre de 2023, de cara a la elaboración del documento definitivo que, de conformidad con el Reglamento de Gobernanza, ha de ser remitido a la Comisión en junio de 2024.

[6] Como señala The Economist en el artículo citado en la Figura anterior, el posicionamiento neto especulativo en los mercados de futuros del petróleo) se ha desplomado. El volumen de almacenamiento flotante cayó de 80 millones de barriles en enero a 65 millones de barriles en abril de 2023, su nivel más bajo desde principios de 2020. Como resultado, las previsiones más generalizadas son que, salvo acontecimientos inesperados, el crudo Brent se mantenga cerca de los 80 dólares el barril y que el gas incremente su precio en otoño-invierno en el entorno del 30 % con respecto a los niveles actuales.

[7] Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf, que complementaba, entre otras, a las medidas ya adoptadas en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, y el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayoristas.

[8] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230627.aspx

[9] https://www.oecd.org/economy/panorama-economico-espana/

[10] https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

[11] Smil, V. (2018)- “Energía y civilización. Una historia.” ARPA. Barcelona. 2021.

[12] Tal y como se establece en la Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 sobre el principio de “primero, la eficiencia energética”: directrices y ejemplos para su aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá.

[13] Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE, actualizada en 2018/2002/UE. https://energy.ec.europa.eu/document/download/0be7e0cc-52ed-4774-ab60-6d906f137b02_en?filename=energy_efficiency_factsheet_es.pdf

[14] AIE (2023).- “Energy Efficiency -The Decade for Action”. https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-the-decade-for-action