Introducción.
En las películas del oeste el pistolero impone su ley y voluntad por la fuerza, despreciando, humillando y sojuzgando a cuantos afectan a sus intereses. La llegada de Donald Trump y de la oligarquía plutocrática asociada al poder, cada vez nos muestra más que su comportamiento va a ser similar. Su trato al presidente de Ucrania, o sus continuas y contradictorias amenazas al mundo, rememoran los comportamientos del pistolero bravucón que llega a la cantina con el revolver en la mano. Con una diferencia. Estamos hablando del Gobierno de la mayor potencia armamentística del planeta y del mayor soporte, hasta ahora, de instituciones globales ligadas a la ONU equilibradoras de las contradicciones de una sociedad capitalista de mercado globalizada, financiarizada y desigual, que se encuentra, en paralelo, antes riesgos crecientes en su dinámica.
Y acabamos de comprobar que muchas amenazas se están convirtiendo en hechos. Así, acaba de bloquear la financiación y participación de funcionarios estadounidenses en la evaluación climática celebrada en China y ha clausurado el equipo que brindaba apoyo técnico para la próxima evaluación climática internacional, poniendo todo tipo de trabas a la participación de científicos norteamericanos en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (normalmente conocido por sus siglas inglesas: IPCC). Trabas que también ha ampliado a la colaboración de la NASA con el mismo. Y que se unen a la anunciada retirada de las COP de Cambio Climático y de los compromisos asumidos en su marco; y a la puesta en marcha de políticas favorecedoras de la explotación de las energías fósiles, ampliando las que ya con Biden han marcado una tendencia creciente y económicamente muy provechosa para las empresas explotadoras.
Calentamiento global y sus consecuencias en el inicio de 2025.
Una primera constatación es que sigue la dinámica de calentamiento global como consecuencia de que continúan creciendo la utilización de fuentes energéticas fósiles emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). Así, encontramos que para 2024 el incremento de temperatura media global superficial sobre la media del período 1951-1980 se sitúa en +1,9ºC, y el de la superficie marítima en +0,92ºC, habiéndose superado, en media, ya en 2024 los 1,5ºC establecidos como objetivo para el 2100 por la Agenda de París, con la que se habían comprometido prácticamente todos los países del planeta. Calentamiento que cada vez está más claro que está íntimamente relacionado con la mayor amplitud, en frecuencia e intensidad, de los fenómenos meteorológicos extremos de creciente incidencia sobre la salud y el bienestar de la población.
Por otra parte, no parece que el creciente calentamiento tenga muestras de remitir. Los documentos que se están preparando para la próxima COP 30 de Cambio Climático, a celebrar en Brasil este año 2025, dejan claro que, salvo escasas excepciones, no se están cumpliendo los Compromisos adoptados por la inmensa mayoría de países para limitar el calentamiento global, no ya a 1,5ºC, cifra ya superada en 2024, sino incluso para evitar superar la barrera de los 2ºC, pese a las negras perspectivas que ello implicaría para una parte muy sustancial de la población mundial.
Negras perspectivas que inciden sobre muchos de los países en desarrollo que –aunque no son los únicos- están soportando las graves consecuencias de sequías, monzones, huracanes o incendios cada vez más relacionados en su intensidad y frecuencia con el calentamiento registrado. Países que reclaman ayudas para la descarbonización y la adaptación a las consecuencias de este calentamiento global, atendiendo a cuál ha sido la historia y situación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del que se ha derivado el mismo. Emisiones históricas que encabeza EEUU hasta 2023, con el 20% del total emitido en el mundo, seguida de la UE y China, con el 12%, cada una, si bien con China con un peso máximo y creciente en las emisiones totales anuales, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente del Informe de 2024 del PNUMA[1].
Así, con valores homogeneizados para el año 2023, encontramos que EEUU no solo es el que acumula mayores emisiones históricas de gases de efecto invernadero (GEI), sino que es el que presenta unas mayores emisiones per cápita, muy lejos de las del resto de los países del mundo. Y está lejos de llevar a cabo los cambios que permitirían corregir significativamente esa incidencia, que va a agravarse significativamente con las políticas anunciadas por Trump.
Lo cual no va a ser positivo para una dinámica global que, desde 2021, se ha estancado, tanto en la asunción de nuevos compromisos y puesta en marcha de medidas de mitigación de emisiones por parte de los distintos países, como en la reducción neta de emisiones de GEI. Seis partes (China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Rusia y Brasil) fueron responsables del 62% de las emisiones globales de GEI en 2023 y el conjunto del G20 (sin a Unión Africana) del 77% del total.
La ausencia de mayores compromisos en las políticas reales de estos países da como resultado que las previsiones tendenciales en el incremento medio del calentamiento para el año 2030 tienda a mantenerse muy por encima de lo necesario para el logro de los objetivos de la Agenda de París de 2015, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, donde la evolución 2023-2030 prevé un ligero incremento total en las emisiones previsibles. Y ello sin tener en cuenta las consecuencias que pueden derivarse de la nueva política anunciada para EEUU.
Hay que reseñar que según el citado Informe, aunque 107 países responsables de alrededor del 82% de las emisiones mundiales de GEI habían asumido compromisos de cero emisiones netas por ley (28%), o mediante documentos normativos como una CDN o una estrategia a largo plazo (56%), o bien formalizándolos a través de un anuncio público por parte de funcionarios gubernamentales de alto nivel (17%), son los países del G20 los primeros cuyos compromisos actuales hacen poco viable la senda de reducción de emisiones necesaria para lograr el objetivo del 2ºC de calentamiento para el 2100, ya que la mayoría de ellos no van a cumplir sus compromisos de mitigación de emisiones para 2030 con las políticas vigentes antes de la llegada de Trump a la presidencia de EEUU.
Se constata que, hasta la actualidad, la inversión y puesta en marcha de instalaciones de energía renovable y la potenciación del vehículo eléctrico en el parque de automóviles mundial han significado un cambio en la dinámica de emisiones para la generación eléctrica y para el transporte. Las inversiones en producción verde superan, por primera vez, las asociadas a los combustibles fósiles, pero estos siguen representando un volumen creciente en el balance global, en gran parte por los subsidios que reciben y porque la financiación de proyectos que prolongan su uso se cuadriplicó entre 2021 y 2022, lo que retrasa a finales de la presente década el imprescindible pico en su demanda para mitigar las emisiones de GEI.
De hecho, el World Energy Outlook 2024[2] muestra la fuerte dinámica de la energía limpia dentro del sistema energético mundial, realizando unas previsiones netamente optimistas sobre su papel hasta 2050, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, dado que los flujos de inversión en proyectos de energía limpia se sitúan casi al doble de la cantidad combinada que se gasta en nuevos suministros de petróleo, gas y carbón. Y que, por otra parte, los costos de la mayoría de las tecnologías limpias están retomando una tendencia a la baja después de haber aumentado tras la pandemia de COVID-19. De hecho, junto con la energía nuclear, prevé que las fuentes de bajas emisiones generen más de la mitad de la electricidad mundial antes de 2030, fundamentalmente en el Escenario NZE, que recogería las políticas necesarias para alcanzar el escenario de cero emisiones para el año 2050. También superarían el 50% en el Escenario de los compromisos anunciados de políticas condicionadas (APS), no llegando a alcanzarlo en el STEPS que se centra en las tendencias asociadas a las políticas desarrolladas hasta la actualidad.
Las políticas de Donald Trump van a incrementar el peso de las energías fósiles en EEUU con una cierta incidencia en estos Escenarios, que puede aumentar en mayor medida por el seguimiento que pueden promover al respecto países que sigan su trayectoria. El resultado será un previsible mayor calentamiento y una mayor incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos en el planeta.
Tendencias y consecuencias en la esperable nueva política energética de EEUU.
Para la 29COP de Cambio Climático, el Climate Action Tracker (CAT) presentó, en noviembre de ese mismo año, el balance y revisión de la situación de las partes en relación a sus compromisos de descarbonización, incluido EEUU[3]. De ese análisis cabe derivar las siguientes conclusiones asignables a las políticas previas a la elección de Trump.
En primer lugar, se destaca que la puesta en marcha por Biden, el 16 de agosto de 2022, de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés)[4] ha movilizado niveles históricos de inversión en energía renovable que han incidido positivamente en la descarbonización del sector eléctrico, aunque insuficientes para satisfacer el incremento de la demanda eléctrica que sigue en gran parte satisfecha con el uso del carbón y del gas fósil. No obstante, complementariamente hay que señalar las regulaciones revisadas en 2024 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) en los sectores de energía y transporte, que habrían podido mejorar en mayor medida los efectos de la IRA en la política de descarbonización recogida en la misma, muy insuficiente, en todo caso, para cumplir los compromisos de descarbonización asumidos[5].
En segundo lugar, el aumento en la extracción de combustibles fósiles para uso interno y para la exportación, sustituyendo a las importaciones europeas de combustibles fósiles rusos, han tenido una incidencia creciente, desde 2022, en dicho incumplimiento, habiendo convertido a EEUU en el mayor productor de petróleo crudo y gas fósil del mundo, siendo el mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL). Todo ello ayudado porque, desde 2022, los combustibles fósiles están recibiendo los mayores subsidios del gobierno desde 2010 y Biden siguió aprobando proyectos de combustibles fósiles a gran escala hasta el final de su mandato[6].
En el sector del transporte, la apuesta del IRA por la inversión en la fabricación y uso de vehículos eléctricos (VE) –subsidiando también su compra- y la mejora del marco regulatorio para los VE de la ERA, revisando sus estándares de emisiones hasta 2032, pretendían colaborar en la descarbonización del sector para 2050.
Menos avances prácticos se venían produciendo en el sector industrial, de la construcción y agrario y del sector servicios, aunque la IRA desbloqueó miles de millones de dólares en financiación para tecnologías industriales en su fase de investigación y desarrollo, al tiempo que introduce y amplía créditos fiscales para la captura, utilización y almacenamiento de carbono, proyectos de energía renovable y materiales críticos, y producción de hidrógeno limpio. La potenciación de la producción ganadera sin establecer una reglamentación que reduzca las emisiones de la producción animal en un país con las tasas más altas de consumo de carne y productos lácteos del mundo, poco ayuda a la descarbonización del sector.
Por último, tampoco EEUU ha cumplido sus compromisos en lo que se refiere a sus contribuciones internacionales al clima (realmente ha venido aportando menos del 10% anual comprometido) ni a dejar de financiar el uso de los combustibles fósiles en el extranjero.
Como conclusión, el CAT reconoce que la IRA es el paquete de políticas climáticas más ambicioso de la historia de EEUU, pero es claramente insuficiente con los objetivos de la Agenda de París de 2015. De hecho, destaca que, si todos los países siguieran el enfoque de EEUU, el calentamiento global alcanzaría los 3°C para fin de siglo.
Un análisis complementario sobre los orígenes, objetivos y resultados de la IRA y los cambios esperables con la nueva política de Trump tiene que partir tanto en cuanto a la promoción de la inversión del país como de su dinámica geopolítica. En el primer aspecto no es de esperar el mantenimiento más que parcial del conjunto de subvenciones, exenciones fiscales, inversiones en infraestructuras y proteccionismo mercantil ligados a la economía verde, con lo que el proceso de descarbonización asociado a la misma se verá radicalmente reducido[7]. En particular, Trump ha utilizado en su campaña que la fabricación de vehículos eléctricos encarecía la motorización en un país en el que la mayoría de la población depende del coche, amenazaba a la industria tradicional americana porque requiere muchos menos trabajadores que la fabricación de coches dotados de motores de combustión interna, y porque usa materias críticas y componentes que en gran parte se importan del exterior. Como resultado, se encarece el precio del vehículo, se afecta a la riqueza en combustibles fósiles del país y se destruye la producción tradicional automovilística estadounidense.
Sí es de esperar, sin embargo, que se mantengan las ayudas a la (re)industrialización y las concesiones finales contenidas en la Inflation Reduction Act a la industria fósil que han llevado a una revitalización del sector petrolífero y gasístico estadounidense tras la invasión rusa de Ucrania, en 2022.
Pero detrás de la elección de Trump y de sus políticas antiecológicas podemos encontrar otras consideraciones perfectamente recogidas por Christophers, B. (2024) que tienen que ver con el mercado de la electricidad, el papel de las grandes multinacionales energéticas en el mismo, y la ruptura que podía implicar a medio plazo una transición energética y ecológica para sus intereses.
En concreto, es pertinente su referencia a que las “transiciones ecológicas y energéticas” no se están materializando con suficiente rapidez, a pesar del reconocimiento mayoritario de su necesidad para reducir las emisiones de carbono. Y a pesar de que la intervención estatal en forma de subvenciones industriales y de precios garantizados, el progreso tecnológico y las nuevas economías de escala han hecho que las energías renovables no solo sean competitivas desde hace varios años, sino que, en la actualidad, son la forma más barata de energía.
Pero es precisamente este abaratamiento, derivado de las escasas barreras de entrada de nuevos productores que llevan a una mayor competencia, lo que reduce los márgenes de beneficio sobre las inversiones iniciales precisas. Las políticas asociadas a la “transición energética” han intentado compensar estas deficiencias mediante subvenciones y desgravaciones fiscales, pero los problemas subyacentes persisten cara al futuro y no solo afectan a los productores de energías renovables, sino al conjunto de los productores energéticos que ven reducido el precio de la energía y sus beneficios.
Por ello es comprensible que, pese a que la producción y consumo de combustibles fósiles ha seguido aumentando en EEUU bajo el mandato de Biden, las grandes multinacionales fósiles hayan apostado por la elección de Trump soporte complementario de sus planes de seguir ampliando su tradicional rentable capacidad de extracción de combustibles fósiles, frente a una transición energética disruptiva por la reducción de los costes energéticos y de sus externalidades ambientales, pero nada beneficiosas para sus accionistas.
La lógica conclusión es que la elección de Trump implica un cambio radical en las políticas energéticas, en las previsiones de las emisiones de GEI de este país, en sus consecuencias sobre el calentamiento global y en el propio equilibrio energético, comercial y de precios globales.
Con más detalle, en el próximo artículo nos referiremos a las consecuencias de estos cambios sobre una UE que tiene unos costes energéticos medios que más que duplican los de EEUU, y cuya dependencia de las importaciones energéticas americanas han crecido de forma desmesurada desde 2022.
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[1] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2024). Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024. No más promesas de humo, por favor. En medio de una enorme disparidad entre lo dicho y lo hecho, los países preparan nuevos compromisos climáticos. Nairobi. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404
[2] https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf
[3] https://climateactiontracker.org/documents/1277/CAT_2024-11-14_GlobalUpdate_COP29.pdf
[4] La Inflation Reduction Act ha presumido de ser la legislación federal de EEUU sobre el clima más importante aprobada en la historia de Estados Unidos. Pero solo lo puede hacer por ser la primera norma de este tipo que se promulga en este país, aunque sus disposiciones son claramente insuficientes para la incidencia de EEUU en la crisis climática, y, en el mejor de los casos, solo podía valorarse como un primer paso en una senda que la elección de Trump ha venido a truncar radicalmente.
[5] Contribución Determinada a Nivel Nacional –NDC- con el objetivo de EEUU de reducir las emisiones entre un 50% y un 52% por debajo de los niveles de 2005 para 2030.
[6] La IEA (2024) estima que Estados Unidos aumentará significativamente su producción y exportaciones de petróleo y gas hasta 2050, aunque disminuirá su producción de carbón para uso interno, aumentando su exportación hasta 2050 por encima de los niveles actuales.
[7] En la realidad, y pese a las afirmaciones de Trump, es poco probable que desaparezcan las exenciones fiscales concedidas a la adquisición de vehículos eléctricos utilizadas por la clase media, o las dirigidas a que los propietarios de viviendas pueden incrementar el valor de sus activos instalando bombas de calor, paneles solares y estaciones de carga de vehículos eléctricos en sus garajes.
