El Gobierno, junto a los sindicatos UGT y CC. OO., firmaron un acuerdo para reformar la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Aunque, tras 20 meses de negociación compartida con las organizaciones empresariales, estas no han suscrito el acuerdo que ha dado pie a la elaboración de un anteproyecto de ley, aprobado en el pasado Consejo de Ministros del 28 de abril. Es de esperar que la dinámica parlamentaria que se avecina permita enriquecer la norma con las aportaciones políticas y empresariales en un tema vital para la salud de los trabajadores y el conjunto de la sociedad.

La actualización de la norma llega tras casi 30 años desde la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, y responde a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023/27, elaborada en torno a seis objetivos estratégicos:

  • Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
  • Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático.
  • Mejorar la gestión de seguridad y salud en las pymes.
  • Reforzar a los trabajadores más vulnerables.
  • Introducir la perspectiva de género en este ámbito.
  • Fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo para afrontar mejor las crisis.

No hay duda de que, aunque algunos aspectos planteados en la negociación han quedado pendientes, según los sindicatos firmantes del acuerdo, se han logrado avances y compromisos significativos que pueden incidir favorablemente en la prevención y salud laboral de los centros de trabajo.

Entre las claves de la reforma destacan: la transversalidad de la perspectiva de género en todo el texto, no solo con el lenguaje inclusivo, sino con la filosofía que conlleva la propuesta de ley desde la exposición de motivos. También se busca impulsar la identificación de los riesgos psicosociales laborales, para lo cual el Gobierno se compromete a aprobar un real decreto ley de riesgos psicosociales. La integración de la prevención con medios propios en las empresas es un paso muy positivo para internalizar la prevención de riesgos. La planificación de las medidas preventivas deberá tener en cuenta la emergencia climática y las transiciones demográfica y digital.

Estas claves de la reforma contarán con una serie de instrumentos como: el uso de los recursos propios de la empresa prioritariamente, salvo en los casos donde sea imprescindible el uso de servicios de prevención ajenos. Se potencia reforzar la figura de la persona trabajadora designada para supervisar la actividad preventiva y la correcta interacción del servicio de prevención ajeno. Se establece la figura del delegado/a territorial para llevar el control de la actividad preventiva y visitar las empresas “blancas” o sin representación unitaria del personal. El servicio mancomunado de prevención quedará reforzado. La formación presencial se priorizará frente a la online, y la específica deberá estar enmarcada en la empresa proveedora correspondiente.

Se dotará de más medios a los representantes en función de las personas trabajadoras en las empresas, reduciendo el número de trabajadores para que las empresas tengan obligación de contar con un servicio propio de prevención: de 500 trabajadores/as que estaba antes a 300 que contempla el anteproyecto referido, y de 250 a 150 para las empresas de especial peligrosidad. Se propone incrementar un 20 % el crédito horario de los representantes unitarios. El personal autónomo podrá ser solicitante de proyectos subvencionados de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Se posibilitará la gestión de la adaptación del puesto de trabajo para trabajadoras embarazadas, para lo cual se elaborará una guía para la evaluación de los riesgos del embarazo.

No hay duda de que la reforma plantea una actualización amplia del marco preventivo. Para las empresas supone reforzar la evaluación presencial de riesgos, la vigilancia de la salud de sus trabajadores, la gestión de los riesgos psicosociales, climáticos y tecnológicos, así como la revisión del modelo de organización preventiva.

Los accidentes laborales son una auténtica lacra. España cerró el pasado año con 735 fallecidos. En los primeros dos meses de este año 2026 ya han fallecido 104 personas, y la tendencia es enormemente negativa. Es por ello, entre otras cuestiones, que urge ponerse manos a la obra para reducir estas cifras y hacer que el lugar de trabajo no sea el espacio propicio para sufrir.