Desde que la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, anunció que plantearía hacer una reforma de la Incapacidad Laboral Temporal, (ILT), de forma que los trabajadores que lo deseen puedan trabajar algunas horas estando de baja, la catarata de reacciones ha sido constante. Desde sus socios en el consejo de ministros, a los sindicatos y empresarios, pasando por los partidos políticos que sustentan al propio gobierno, las asociaciones de pacientes del cáncer, etcétera. Todos con mayor o menor contundencia se han opuesto. Para la mayoría, la propuesta supone un retroceso en los derechos de los trabajadores. La ministra de trabajo resumió el rechazo en una sola frase, “con la salud de los trabajadores no se juega”.

Al margen de los avatares que la propuesta conlleve, lo cierto es que la presentación ha sido la ejemplificación de cómo no debe hacerse un anuncio de estas características. Presentar una propuesta como esta, sin antes haber hecho un estudio serio y riguroso sobre las causas del incremento de las bajas laborales, sin ponerse de acuerdo con los agentes sociales, sin coordinarse con el Ministerio de Trabajo y de Sanidad o con las asociaciones de distinto tipo que están relacionadas por defender afectados de enfermedades de larga duración, es un tremendo error que puede condenar al fracaso una iniciativa, como mínimo discutible, y que así vista da la sensación de ser una ocurrencia más que llevar al cesto de las ideas que luego se pagan en las urnas.

Lo cierto es que desde 2023 se registran 450 bajas por cada mil trabajadores, la máxima proporción registrada en las últimas décadas.

Esto supone que el gasto en subsidios de incapacidad temporal se haya disparado un 17’6% en los ocho meses del 2024 hasta los 10.422 millones de euros. En ocho meses se ha gastado el 86% del presupuesto estimado para todo el año 2024, lo cual obligará a ampliar las previsiones de gasto en más de 3.000 millones de euros para terminar el año.

Pero estos alarmantes datos no van a resolverse con la propuesta de la Ministra, es más, las razones de estos incrementos pueden deberse al incremento de la población trabajadora, a la mayor media de edad de los mismos, a la demora de las respuestas de los servicios públicos de salud en rehabilitaciones, cirugía, luxaciones, lesiones menores, etcétera. Con enormes listas de espera y a la existencia de unos servicios de prevención de riesgos y salud laboral de las empresas que, por la razón que sea, no están haciendo bien su trabajo.

Evaluar previamente estos y otros factores, y esperar a que se materialicen en todas las Comunidades Autónomas los convenios con las Mutuas impulsados por la mesa de diálogo social, para colaborar con el sistema de salud en el tratamiento de enfermedades con grandes listas de espera, hubiese sido lo prudente.

A grandes rasgos, y con la información que ha transmitido la Ministra, la idea es introducir una figura a caballo entre “el alta y la baja médica”. El trabajador incapacitado podría, de esta manera, volver a trabajar parcialmente para que la reincorporación sea más progresiva, aunque tendría que estar sujeto a la voluntad personal y siempre bajo supervisión médica.

Seguramente los supuestos de acogida más claros sean los enfermos de larga duración y el de los trabajadores con pluriactividad, es decir, aquellos que tengan más de un trabajo en alta en la Seguridad Social y puedan estar de baja para uno de ellos, pero puedan desarrollar el trabajo en el otro.

Los recelos, además de por la presentación, vienen fundamentalmente con la palabra “voluntariedad”; un término que, en el ámbito de las relaciones laborales, está muy descafeinado por las coacciones y presiones que desde las empresas se pueden hacer sobre las personas afectadas por bajas prolongadas.

Hay veces que una enfermedad puede ser parcialmente compatible con el trabajo e incluso conveniente para una mejor recuperación. Entiendo que, si el día antes de una alta médica el trabajador está enfermo y al día siguiente recuperado, es una ficción. Ahora bien, para poder avanzar en el debate y evitar la manipulación del mismo es imprescindible que en la propuesta se garantice que siempre habrá una supervisión médica de la sanidad pública, que la decisoria voluntariedad del trabajador esté garantizada por algún sistema externo a la empresa, que haya un compromiso de los servicios de prevención y salud laboral, y sobre todo, la disposición favorable de la empresa para no utilizar su preeminencia como presión.

“Esto no va de que se trabaje estando enfermo, sino de que no haya que esperar a recibir el alta definitiva para poder regresar al trabajo en la medida en que sea posible y en función de cada caso”. Decía recientemente Octavio Granados, que fue Secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004/11.