El martes 26 de junio pasado, en el seno del Foro de la Obra Pública celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander, me planteaban dos preguntas. La primera, si en España existía, o no, una burbuja inmobiliaria especulativa; la segunda, si la política de moratoria en el precio del alquiler puesta en práctica en Berlín podría aplicarse con éxito en España.La respuesta a cualquiera de las dos preguntas ni es sencilla ni es unívoca; pero su trascendencia es tremenda para abordar uno de los problemas más graves que se presenta en una sociedad capitalista como la española, que sigue considerando mayoritariamente a la vivienda como mercancía cuyo precio debe ser regulado por el mercado pese al incumplimiento que ello comporta desde la perspectiva de nuestra propia Constitución, que establece el derecho para todos a disponer de una vivienda digna, y la obligación de las administraciones de evitar la especulación del suelo o, por ende, de la vivienda.