La previsible reacción independentista frente a la Sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre ha devuelto a Cataluña a la situación de crisis del 1 de octubre de 2017 y contribuye a que el resto de España considere que una parte de los catalanes está en rebelión permanente contra las reglas de convivencia que hemos establecido todos los ciudadanos. El presente comentario va a girar en torno a los siguientes interrogantes: i) ¿cuántos catalanes están en rebeldía contra el Estado?, ii) ¿la violencia es exógena al independentismo?; iii) ¿dónde está el estado mayor de la acción violenta?; iv) ¿qué hacer ante el vacío del Gobierno en Cataluña?; v) ¿es arriesgada la prudencia del Gobierno?; vi) ¿hacen falta medidas de excepción?; y vii) ¿cuál es la estrategia a medio plazo?

i) ¿Cuántos catalanes están en rebeldía contra el Estado? Cuando vemos que medio millón de catalanes confluye sobre el centro de Barcelona cualquier español prudente ha de quedarse preocupado: ¡un ejército de medio millón de soldados en guerra contra el Estado! Pero si lo pensamos un poco, no es un dato especialmente preocupante.

En las grandes manifestaciones de la llamada Diada del 11 de septiembre, ha llegado a haber un millón de personas. Es la cifra que la Policía municipal de Barcelona dio para el año 2017, el año que el Parlamento catalán había calentado la situación con a la aprobación de las dos Leyes de desconexión. Luego, medio millón de personas cuando tienen, según los convocantes, un motivo de protesta como las condenas contra los líderes independentistas, no parece una cifra excesiva y además  ha bajado mucho respecto a las Diadas festivas de 2015 a 2017. Cataluña tiene un censo de población de 7.600267 habitantes, de modo que una movilización de 6’5 % de los catalanes parece bastante asumible.

Y si todavía tuviéramos dudas tendríamos que añadir que la marcha de las columnas sobre Barcelona (estilo Marcha Verde de Hassan II o Larga Marcha de Mao) alcanzó sólo unos miles de andarines. Y la gran huelga programada para calentar la manifestación tuvo resultados modestos: un seguimiento máximo de un 20 % en la Sanidad (el 3 de octubre de 2017, un 75%), un 36 % en el Metro de Barcelona, o un 35’5 % en la Función Pública. Y es que cuando se vive el décimo día histórico, la gente empieza a cansarse con tanta Historia.

Por otra parte, dejando a un lado las comparaciones con las anteriores Diadas ¿qué significa que en Cataluña (no en Galicia, no en Extremadura) salga medio millón de personas a una manifestación? Hace algunos años apunté que unos de los varios déficits democráticos de Cataluña consiste en la utilización de la calle como principal instrumento de expresión y movilización, de modo que una manifestación que por definición sólo agrupa a un porcentaje reducido de ciudadanos, se convierte en el termómetro (falso) de la opinión pública catalana (Javier García Fernández: “El oasis desecado”, El País, 18 de noviembre de 2016). Esta idea la acaba de corroborar Juan José López Burniol (“Después de la sentencia”, La Vanguardia, 19 de octubre de 2019) al señalar que el debate sobre el futuro de Cataluña se ha llevado desde hace tiempo a la calle. Luego, si los secesionistas han convertido a las manifestaciones callejeras como principal instrumento de protesta y de confrontación, y la última concentró sólo al 6,5% de los catalanes y, al tiempo, sólo pudo movilizar a unos cientos de andarines y no se logró una huelga realmente general, hemos de llegar a la conclusión de que la protesta ciudadana contra la Sentencia ha sido muy minoritaria. Otra cosa es que la violencia ha colocado una protesta minoritaria al primer lugar de la actualidad.

ii) ¿La violencia es exógena al independentismo? Las escenas de la noche del 16 de octubre en torno a la calle Diputación y al paseo de San Juan o la batalla de la plaza de Urquinaona el 18 de octubre nos enseñan que violencia e independentismo van mucho más conectados de lo que parece. En la noche del 18 de octubre la antigua Consejera de Cultura y ahora Portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrás, fue entrevistada por la SER y repitió, con mucha convicción, los tópicos de los independentistas ante la violencia que provocan sus activistas: que son infiltrados (¿de quién? ¿también del CNI?) y también que la provoca la Policía porque los secesionistas son pacíficos y democráticos. Yo creo que ha llegado la hora de decir que los independentistas no son pacíficos y que utilizan la violencia cuando les interesa.

No se trata ahora de recordar el posible acuerdo Puigdemont-Torra-Rovira-Gabriel cerrado probablemente en Ginebra. Se trata de recordar que hace mucho tiempo (por lo menos desde 2015) el independentismo utiliza una violencia sutil sobre los ciudadanos no independentistas: caceroladas en los barrios burgueses de Barcelona, lazos y signos amarillos en todos los espacios públicos, marchas que confluían a Barcelona y cortaron el tráfico en autopistas y carreteras, cerco a sedes del Partido Popular y del PSC, los CDR y el “tsunami democrático”. Todo eso es violencia como violencia es el asedio a los funcionarios judiciales en el registro de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017. Los independentistas, en su menosprecio al Estado, se han acostumbrado a enfrentarse al Estado invocando siempre un ilimitado derecho de manifestación y de expresión y eso es violencia institucional contra los ciudadanos que no les apoyan. Y por eso, ya sin límites, se van devorando a ellos mismos. La escena que sufrió en la plaza Urquinaona Rufían (el del tuit de las 155 monedas, que no es una monja ursulina) nos enseña la autofagia de los independentistas.

Quiero reiterar que, conforme a una tradición que se remonta a 1909, los independentistas no son un grupo pacífico sino violento y tampoco son un grupo democrático porque el primer deber del demócrata es respetar el ordenamiento del Estado. Ningún demócrata, para protestar contra una Sentencia, organiza una marcha de cinco columnas (bien que  modestas) sobre Barcelona, monta una operación de guerrilla urbana o intenta una huelga general. Lo que pasa es que, mientras no se conozca la conexión de los jóvenes guerrilleros y sus jefes, será difícil atribuir a Esquerra o a Junts per Catalunya la violencia que ellos mismos han planificado

iii) ¿Dónde está el Estado Mayor de la acción violenta? Sabemos que en una reunión celebrada en Ginebra el cuarteto Puigdemont-Torra-Rovira-Gabriel organizó el tsunami democrático como instrumento de presión sobre el Estado, sabemos que hay decenas de detenidos tras la guerra de guerrilla en el Ensanche, pero se tiene la sensación que se trata de una guerra donde caen prisioneros los soldados. Pero, ¿dónde están los oficiales y el Estado Mayor? Para cortar de raíz la guerrilla urbana y, sobre todo, para saber qué partidos están detrás de esa guerrilla, es necesario que el Poder Judicial identifique a los inspiradores de los enfrentamientos y a las personas que hacen de intermediarios. Podemos hacer conjeturas (¿Puigdemomnt?, ¿Torra?, ¿Esquerra?, ¿la CUP?), pero la salud democrática requiere que el Poder Judicial identifique a los impulsores de la guerrilla y acaben encarcelados.

iv) ¿Qué hacer ante el vacío del Gobierno Autonómico en Cataluña? No tenemos más que ver la extraña posición del Consejero de Interior Buch, las constantes huidas del Presidente Torra o la salida del propio Presidente que en el Parlamento se quedó solo al proponer un nuevo referéndum: Cataluña no tiene Gobierno y dispone de una Policía que actúa con bastante autonomía, aunque ha acabado por acogerse a la protección de los Cuerpos y Fuerzas estatales de Seguridad. La crisis institucional (previsible desde 2017) ha dinamitado las instituciones autonómicas y el nuevo Gobierno español que se forme deberá buscar una fórmula nueva para que se celebren elecciones al Parlamento autonómico. Ese nuevo Gobierno tendrá que pensar si la parálisis institucional tiene acogida en los supuestos del artículo 155 de la Constitución, salvo que Esquerra demuestre la sinceridad de su mensaje conciliador y pacte con los restantes partidos el cese de Torra y la celebración de nuevas elecciones.

v) ¿Es arriesgada la prudencia del Gobierno? La crisis catalana posee tres elementos centrales: la parálisis del Gobierno autonómico, la protesta mediante la manifestación del 18 de octubre y, en fin, la grave crisis de orden público en la calle iniciada el 14 de octubre. El primer elemento tiene solución a largo plazo, el segundo ya ha agotado sus efectos con la manifestación del medio millón de personas. El tercero sigue vivo aunque parece que va remitiendo. Hoy por hoy, aunque la finalidad de los independentistas no fuera esa, la crisis de orden público se está resolviendo bien y parece que las medidas de contención y de prudencia del Gobierno de la Nación empiezan a dar sus frutos porque se centra en el punto conflictivo que es la crisis callejera. Si la crisis no se extiende y crece, la actitud del Gobierno parece acertada pero deberá estar atento para evitar que se propale por la misma Barcelona y por el resto de Cataluña. Desde ese punto de vista se ha tratado de un problema de orden público bien tratado (mejor que el 1 de octubre de 2017) gracias, en parte, a la colaboración de la Policía catalana que, probablemente, se ha impuesto imperativamente a su Consejero. No obstante, como ha dicho varias veces el Presidente Sánchez, no se puede descartar ninguna medida prevista en el ordenamiento.

vi) ¿Hacen falta medidas de excepción? Como se desprende del punto anterior, si una crisis de orden público se resuelve sin acudir a medidas de excepción, mejor que mejor. Pero todos los españoles deben tener presente que las medidas excepcionales previstas en la Constitución sirven para aplicarse cuando sea necesario. A pesar de las provocaciones verbales de Torra, no parece oportuno acudir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero, ¿se debería declarar el estado de excepción?

El estado de excepción está previsto en el artículo 116.3 de la Constitución y desarrollado por la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Como en los últimos años de la dictadura, a partir de 1968, se declaró el estado de excepción con mucha frecuencia, hay un escrúpulo político-moral a aplicarlo. Pero, con la Constitución de 1978 es un instrumento legítimo que tiene la ventaja de suspender individualmente (y no colectivamente) ciertos derechos fundamentales como el de ser puesto a disposición de un Juez a las setenta y dos horas de la detención o el derecho de circulación y de manifestación. Si la tensión en el Ensanche va descendiendo, no parece necesario acudir al estado de excepción pero un Gobierno democrático no debe dejar de utilizar este procedimiento.

vii. ¿Cuál es la estrategia a medio plazo? El independentismo debe vencerse políticamente. Los demócratas españoles no pueden aceptar con indiferencia una opción política que aspira a romper España y, con ello, el Estado democrático de 1978. Pero la victoria sobre el independentismo exige una estrategia inteligente consistente en recuperar la hegemonía en Cataluña, de modo que se pueda movilizar y contar con el apoyo de la mayoría no independentista. Así lo hemos señalado con frecuencia en este Digital y así lo comentaba recientemente Íñigo Torres Estévez (“¿Incomprensible?”, El País, 19 de octubre de 2019). El próximo Gobierno debe diseñar una estrategia que, en colaboración con los partidos no independentistas (y apoyando el catalanismo no secesionista), incida sobre lo que el viejo marxismo llamaba aparatos ideológicos del Estado. Porque los sentimientos políticos que parecen más arraigados pueden transformarse si se actúa con inteligencia.