El Sistema Público de Pensiones supone la principal fuente de ingresos de más de 9,5 millones de pensionistas y de sus familias, habiéndose constituido durante la crisis como uno de los elementos que han contribuido a sostener a muchas familias en nuestro país. Además constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades.
En estos momentos el sistema está en riesgo y en consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las pensiones futuras. Y a esta situación nos ha llevado el Gobierno del Partido Popular que a partir de 2012 adoptó una política basada en la devaluación salarial y en el debilitamiento de las condiciones laborales de los trabajadores, una política de precarización, incluso en condiciones de crecimiento del empleo, que ha traído como consecuencia un descenso de los ingresos contributivos de la Seguridad Social, que se han revelado como insuficientes para financiar los gastos contributivos. Como resultado el sistema de la Seguridad Social se ha desequilibrado, y ha aparecido un déficit estructural de millones de euros anuales. En 2016 el déficit se ha situado en el 1,62% del PIB lo que supone más de 17.700 millones de euros.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social
A ello hay que añadir la reforma del sistema de pensiones que hizo el Gobierno del PP en 2013 mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Una reforma que ha empobrecido a más de 9,5 millones de pensionistas con medidas como una revalorización insuficiente y constante de las pensiones al 0,25%, la inclusión del factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, y el favorecimiento de los esquemas privados de jubilación, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social.
Se ha condenado a los pensionistas a una congelación de sus pensiones, con subidas ridículas del 0,25% en estos momentos, por debajo de la subida del IPC, lo cual implica una pérdida de poder adquisitivo que se calcula en el 17,5% en 10 años. Además, el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019, implicará una rebaja inicial de la pensión de acuerdo con la esperanza de vida, conduciendo a un modelo de pensiones menguantes.
Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema.
La revalorización de la pensión conforme al encarecimiento del índice de precios de consumo es una necesidad para la mayoría de pensionistas, especialmente para aquellos que tienen pensiones muy bajas. Hay más de 3,1 millones de pensionistas que cobran una pensión media inferior a los 6.800 euros/año, lo que indica que el 33% del total de pensionistas tienen una pensión que apenas les permite llegar a fin de mes. Además existe un 14,4% de mayores de 65 años que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social según la Encuesta de Condiciones de Vida.
Asimismo se está ampliando la brecha existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres, que está cercana al 36%. La pensión media de jubilación de una mujer es cada mes 450 euros inferior a la pensión de un hombre. Más de 2,2 millones de mujeres jubiladas están sufriendo las consecuencias de las discriminaciones soportadas a lo largo de la vida.
La prueba más clara de que el PP está laminando el Sistema Público de Pensiones es el expolio sistemático al que ha sometido al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Las retiradas masivas del Fondo, que a finales de 2011 contaba con 66.815 millones de euros, lo han dejado en 8.095 millones de euros. El Gobierno ha tenido que recurrir para pagar la nómina de las pensiones a préstamos del Estado a la Seguridad Social y a la retirada del Fondo de Mutuas, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social
¡No nos engañemos! Tras estas políticas hay un objetivo claro: el PP quiere hacer ver a la sociedad que el actual sistema público de pensiones no es viable, que hay que ir rebajando el nivel de las pensiones cada año y que hay que llevar el sistema hacia su privatización a través del establecimiento de fondos de pensiones en el medio plazo.
Las pensiones están en riesgo. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema Público de Pensiones, garantizando el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema y para ello debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta Magna. Para garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones es necesario recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y establecer fuentes complementarias de financiación de las pensiones, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.
En conclusión, debe ser una prioridad asegurar la sostenibilidad y suficiencia de un sistema público de pensiones que garantice unas pensiones dignas tanto a los pensionistas actuales como a los que accederán a una pensión en el futuro. Un sistema, en definitiva, que mantenga y reafirme la defensa de la contribución y la solidaridad, puesto que ha demostrado sus efectos a lo largo de décadas como elemento básico de cohesión y de estabilidad social.
