La celebración de las fiestas de fin de año y comienzos del año 2016, junto al reiterado problema catalán, la resaca de las elecciones del 20-D y las especulaciones sobre futuras coaliciones electorales han silenciado de manera burda e interesada la decisión unilateral del Gobierno (en funciones) relacionada con dos asuntos relevantes para la ciudadanía: el incremento del SMI y sobre todo el aumento de las pensiones para el año 2016. Paralelamente, y en contradicción con ello, el Gobierno mantiene su afán de multiplicar su propaganda triunfalista en torno al crecimiento económico y la creación de empleo (ante unas hipotéticas elecciones generales), a pesar de que los Servicios de Estudios de diversas instituciones económicas (FMI, La Caixa, BBVA, Funcas…) están haciendo previsiones a la baja para este año y la Comisión Europea recuerda la obligación de seguir ajustando las cuentas del Estado (en torno a 9.000 millones de euros en este año) para cumplir los compromisos de déficit público con Bruselas.

Con estas nuevas previsiones es muy posible, si nadie lo remedia, que se corrijan a la baja los pronósticos optimistas del Gobierno en relación con el incremento del PIB y, lo que es más importante, la creación de empleo, sobre todo cuando no se vislumbra un cambio de modelo productivo y se sigue apostando por una economía competitiva basada exclusivamente en la capitalización de las empresas, a través de bajos salarios, alto índice de precariedad de nuestro mercado de trabajo, devaluación de la negociación colectiva y el desplome de la protección por desempleo.

El Incremento del SMI aprobado confirma una vez más esta apuesta socialmente regresiva e inaceptable. Para el año 2016, el Gobierno, a través del Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, ha incrementado el SMI en un 1%, pasando de 648,6 euros a 655,2 euros mensuales, lo que significa una subida verdaderamente ridícula; en todo caso, inferior a 7 euros mensuales. La decisión, al margen del diálogo social, ha sido fuertemente contestada por UGT y CCOO, que defienden que el SMI debería, en una fase de crecimiento económico, alcanzar 720 euros en 2016 y 800 euros mensuales, en enero de 2017, con el propósito de recuperar el poder adquisitivo perdido (desde 2010 el SMI ha perdido 4,1 puntos) y de que se vaya aproximando al 60% del salario medio neto (actualmente en el 34,2%) -como establece la Carta Social Europea-, lo que mejoraría nuestra posición en la UE-15, actualmente sólo por delante de Grecia y Portugal. Además, un incremento de esta naturaleza fomentaría de manera notable el consumo interno y ayudaría a superar la creciente desigualdad y pobreza.

De la misma manera, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social que ha vuelto a revalorizar las pensiones para el año 2016 en tan sólo el 0,25%, tanto para las pensiones contributivas como para las no contributivas, como ya ocurrió en los años 2014 y 2015, al amparo de la ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revaloración del Sistema de Pensiones, aprobada unilateralmente por el PP. El incremento resulta insignificante: la pensión media de jubilación aumenta 2,5 euros al mes y la pensión mínima tan sólo 2 euros. A pesar de todo ello algunos medios de comunicación (los voceros del Gobierno) han titulado que “las pensiones ganan poder adquisitivo”, cuando esto de ninguna manera se corresponde con la realidad: las pensiones en teoría perderán de entrada poder adquisitivo en 2016, puesto que los PGE (como reconoce el Gobierno actual) contemplan un incremento de los precios (IPC-2016) del 1%, por lo que perderán el 0,75% de su capacidad de compra. A ello hay que añadir la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en los años 2011 y 2012 (-4,8%) -no corregida suficientemente por la inflación coyuntural negativa de los años 2014 y 2015-, lo que, según CCOO, ha supuesto que la gran mayoría de las pensiones (tres de cada cuatro) pierdan el 1,10% de su poder adquisitivo desde comienzos de la crisis (año 2007).

A esta pérdida del poder adquisitivo hay que sumar los grandes destrozos causados por el copago sanitario (sobre todo en los enfermos crónicos), que no ha sido denunciado con la contundencia necesaria en la pasada campaña electoral. El Servicio Nacional de la Salud (SNS) gastó en medicamentos extra hospitalarios, desde septiembre de 2014 a agosto de 2015, 9.448,34 millones de euros y el gasto de los pensionistas representa el 85% del total (8.034,1). El copago de los pensionistas a la financiación de esos medicamentos ascendió a 638 millones de euros en el periodo citado anteriormente (datos del Ministerio de Sanidad, recogidos por Fidel Ferreras). A todo ello hay que añadir que a partir del año 2012 se excluyeron de la financiación pública 400 fármacos que antes se recetaban gratuitamente a los afiliados al Sistema. El resultado es que los pensionistas tuvieron que pagar por los medicamentos sacados de la financiación pública 410 millones de euros, a los que hay que sumar los 638 millones del copago, que suman un total de 1.048 millones de euros, que son los que finalmente pagaron los pensionistas desde septiembre de 2014 a agosto del 2015. En definitiva, cada décima de revalorización interanual del Sistema público de pensiones equivale a 110 millones de euros (valor 2016), por lo que la revalorización del 0,25% que se viene produciendo en los últimos años, 2014-2015, ha costado anualmente 275 millones de euros al Sistema público. Por lo tanto, y a pesar del 0,25%, el copago y la exclusión de medicamentos hacen perder a los pensionistas aproximadamente el 0,75% de su poder de compra cada año. Lo peor de todo es que seguirán perdiendo poder adquisitivo mientras no se suprima el copago y se elimine la exclusión de medicamentos, a lo que habría que sumar, en ese supuesto, la diferencia entre el aumento de las pensiones y el incremento de precios en el futuro.

En todo caso, estamos ante un asunto que preocupa mucho a los ciudadanos y, particularmente, a los actuales pensionistas y a los jóvenes, ante la alarma interesada del sector financiero sobre el futuro de las pensiones y las alternativas que proponen: Fondos Complementarios de Pensiones para los que disponen de ingresos para ello -que son muy pocos-, mientras el resto es condenado a pensiones de supervivencia. Debemos insistir en que el problema de las pensiones tiene relación directa con los ingresos del Sistema y no con el exceso de gasto y la cuantía (escasa) de las pensiones. Por eso es urgente recuperar el Pacto de Toledo y el consenso roto por el Gobierno Rajoy, al margen de que hay que apostar por la creación de empleo de calidad, resolver los problemas de precariedad, eliminar las bonificaciones a la contratación (tarifas planas), recuperar los salarios…, que están deteriorando seriamente los ingresos a la Seguridad Social. Y, finalmente, si es necesario, estudiar otras fuentes adicionales para financiar el Sistema, como ocurre en otros países de la UE: recurso a impuestos, separación de fuentes, aumento de las cotizaciones…

La práctica política del pasado Gobierno en asuntos de esta naturaleza explica sobradamente las dificultades que tiene Rajoy para llegar a acuerdos de gobierno con la izquierda y menos con la política económica y social, el abuso manifiesto del decreto ley y la corrupción generalizada de la pasada legislatura. Tampoco el PP puede pactar -dada su visión de la Unidad de España- con los partidos nacionalistas, por lo que Rajoy se encuentra solo y con muy poca capacidad de maniobra. Por eso, y ante el hipotético fracaso del PP, la izquierda (PSOE, Podemos e IU) -encabezada por el PSOE como segunda fuerza en el parlamento- está obligada a buscar unos mínimos compromisos de investidura, para abordar con garantías de éxito el problema catalán (con propuestas y no con amenazas) y avanzar en el desarrollo de una política económica más eficaz, más justa y sostenible en términos sociales y, desde luego, comprometida con el pleno empleo y la redistribución de la riqueza. No existe en la actual situación una solución más razonable, porque la celebración de unas nuevas elecciones generales tampoco nos garantiza una relación de fuerzas sustancialmente distinta de la que tenemos en la actualidad: todos los pronósticos indican que la izquierda conseguiría más apoyos y que, por lo tanto, la ciudadanía seguiría exigiendo el cambio político como viene reclamando desde hace mucho tiempo.

En todo caso, la situación es extremadamente compleja porque también está en juego la relación de fuerzas dentro de la izquierda (pugna entre el PSOE y Podemos), a pesar de que esto es precisamente lo que menos preocupa a los ciudadanos. En el mundo de la política las prisas son malas consejeras y, en consecuencia, cualquier intento deliberado de acudir a una segunda vuelta (nuevas elecciones) resultará incomprensible para una gran mayoría de los electores que ya se han pronunciado con claridad en las urnas. Por eso, Podemos debe asumir su rol de tercera fuerza política (no es comprensible “sobreactuar” y menos exigir de entrada el “derecho a decidir”, como requisito imprescindible para llegar a un Acuerdo) y, por supuesto, el PSOE tiene que concretar mucho más su propuesta programática y trabajar para aunar voluntades en su seno, sin prisas pero sin pausas, remando todos al unísono, porque de lo contrario se convertirá en un partido irrelevante y sin futuro. En este sentido, no será ocioso recordar, a los que pretenden frenar el Acuerdo, que el fracaso electoral de Pedro Sánchez, más que un fracaso personal, es la suma de los fracasos de los responsables de todas las agrupaciones territoriales del PSOE.