Cuando un representante público traiciona a sus electores a cambio de cargos o dádivas, hay corrupción, hay corrompido y hay corruptor.

La prohibición del mandato imperativo aún aporta una lamentable cobertura legal a estas conductas, pero su inmoralidad es evidente

El caso de los tres diputados murcianos fugados de Ciudadanos para beneficio del PP es un transfuguismo de libro. Y con estas maneras, Casado liga inexorablemente el presente y el futuro del PP a lo peor de su pasado.

En Murcia, el PP de hoy ha confirmado que sigue siendo el PP del tamayazo, el PP de la gürtel y el PP de la kitchen. El PP encallado en el cenagal de la corrupción.

El pasado jueves día 25 se sucedieron hasta tres imágenes paradigmáticas sobre la situación que atraviesa la derecha española.

Por una parte, los medios de comunicación mostraban a los máximos dirigentes del PP, expresidentes de Gobierno incluidos, testificando en el caso de la financiación ilegal de su partido.

A la vez, los mandatarios del ministerio del Interior durante el Gobierno Rajoy comparecían ante la comisión que investiga los turbios manejos de Villarejo y compañía para tapar las corruptelas del PP.

Y, casi simultáneamente, los integrantes del Pacto por la Estabilidad Institucional y contra el Transfuguismo, todos salvo el PP, condenaban la compra de diputados por parte de ese partido en Murcia.

Las estrategias de comunicación con las que la derecha política y mediática han intentado paliar daños no pueden ser más alambicadas y paradójicas.

El relato derechista sostiene que, en realidad, todo es culpa de Sánchez, naturalmente.

Los portavoces y tertulianos de la derecha se esfuerzan durante estos días en explicar que la pretensión de gobernar allí donde se han ganado las elecciones, como en Murcia, resulta ilegítimo y desestabilizador.

Al parecer, según estos voceros, lo realmente legítimo y estabilizador es gobernar con el apoyo de tránsfugas tras haber perdido las elecciones, como hace la derecha en Murcia.

Se procura, además, alimentar un debate bizantino acerca de qué es o qué no es transfuguismo. En un alarde creativo, el PP ha llegado a sostener que quienes practican en realidad el transfuguismo son la dirección nacional, la dirección regional y la mayoría de los diputados de Ciudadanos que suscribieron aquella moción de censura.

El mundo al revés. La lógica política, el sentido común y cualquier guía moral mínimamente decente, establecen que la interpretación de la voluntad de los electores de una formación política corresponde a su dirección o, alternativamente, a la mayoría de sus integrantes.

Si uno, dos o tres representantes públicos de esa formación política llevan su disenso a la traición y, además, reciben un beneficio por ello, estamos ante un comportamiento tránsfuga y, por tanto, corrupto.

Un portavoz del PP ha llegado a asegurar que “el PSOE rompe el tablero de juego” con sus mociones de censura. Sin embargo, las mociones son procedimientos democráticos, legales y, por consiguiente, plenamente legítimos.

El problema democrático relevante no está en la oportunidad o inoportunidad de una moción de censura legítima. El auténtico problema reside en que uno de los “jugadores”, por mantener el símil, incumple las normas del juego sistemáticamente.

Podemos decir algo más, incluso. En nuestro sistema político, el PP, con sus prácticas corruptas, con el transfuguismo inmoral, con su financiación ilegal y con sus cloacas policiales, practica sistemáticamente un juego distinto al del resto.

Nosotros jugamos a la democracia. Lo suyo es otra cosa. Y ya está bien.