La derecha española ha confirmado, una vez más, ese viejo defecto que le lleva a tratar cada pérdida del poder como si de una vil usurpación se tratara. El tiempo pasa, pero muchos dirigentes conservadores siguen mostrando una muy lamentable concepción patrimonial del poder público.

Desde Rajoy hasta Hernando, pasando por decenas de portavoces territoriales, buena parte del PP ha salido en tromba a descalificar como ilegítima la moción de censura que ha provocado su salida del Gobierno. El ya ex-presidente ha llegado a calificar como “estigma” y “precedente grave en la democracia” la aplicación de un precepto vigente en nuestra norma constitucional.

El PP intenta socavar la legitimidad del nuevo Gobierno con el argumento de que su Presidente “no ha ganado las elecciones”. Se trata de un tosco intento de confundir a la opinión pública. En la democracia parlamentaria española no gobierna el candidato del partido que más votos obtiene de los electores, sino aquel que es capaz de concitar más apoyos entre los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

No muy lejos de la propia sede madrileña del PP se encuentra el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, en el que los populares desalojaron en su momento al PSOE de la alcaldía, a pesar de que el socialista Juan Barranco fuera el candidato más votado por los ciudadanos. Rajoy debiera recordarlo bien, porque ya era por entonces un dirigente destacado de la derecha fraguista.

El artículo 113 de la Constitución es tan legítimamente aplicable como lo es el 99, que sirvió para hacer Presidente a Mariano Rajoy, o como lo es el 155, ejercido por el Gobierno del PP con el leal apoyo de la oposición socialista. Tachar como fraudulento a un Gobierno avalado por la mayoría absoluta del Congreso tan solo refleja una querencia constitucional lamentablemente selectiva.

Los dirigentes conservadores aducen también que los 84 diputados socialistas denotan una “debilidad extrema”, y que los apoyos de “grupos extremistas de izquierda e independentistas sectarios” responden a “oscuros pactos en los despachos”. Pero lo primero es ya una tónica generalizada en los gobiernos europeos, y en muchos gobiernos municipales y autonómicos de España. Y lo segundo es sencillamente una falacia, desmentida por sus propios protagonistas. ¿Alguien puede creer que la designación de Borrell como ministro puede formar parte de un “pacto oculto” con los independentistas?

Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno de España porque esa ha sido la voluntad democrática de la gran mayoría de los representantes de los españoles en el Parlamento, aplicando con plena legitimidad un precepto de la Constitución vigente.

Es más, esa panoplia amplia y diversa de partidos y grupos parlamentarios solo pudo activarse gracias al evidente respaldo popular a la moción de censura. Tras la divulgación de la sentencia del caso Gürtel, el clamor de la sociedad española obligaba a sus representes a exigir la responsabilidad política del Gobierno del PP y a recuperar la dignidad de las instituciones democráticas con un nuevo Presidente.

El alivio y la esperanza son los sentimientos dominantes entre la mayoría de los españoles desde la aprobación de la moción de censura el pasado primero de junio. Y el desafío al que se enfrenta el nuevo Gobierno consiste precisamente en dar satisfacción a tan altas expectativas con una gestión a la vez prudente y ambiciosa, humilde y con alcance.

El Presidente Sánchez ha establecido una hoja de ruta muy razonable: censura, estabilidad y elecciones. La censura está lograda y el Gobierno Rajoy ya es historia. La estabilidad a perseguir debe ser institucional, social y territorial: limpiando el espacio público de corrupción; atendiendo las urgencias sociales que han provocado las reformas injustas de la derecha; y reconduciendo los conflictos territoriales mediante el diálogo y el acuerdo, en el marco de la Constitución y las leyes. Tras todo esto, las elecciones.

Las mujeres y los hombres elegidos por Pedro Sánchez para conformar este Gobierno esperanzador han sido muy bien recibidos en la sociedad española, por sus trayectorias, sus capacidades y sus talantes a favor del diálogo y la calidad democrática.

Los 84 diputados y diputadas del Grupo Socialista en el Congreso, junto a los senadores y senadoras socialistas, estamos dispuestos para dar apoyo leal y eficaz a este Gobierno, en una actitud de permanente búsqueda del entendimiento con los demás representantes de la ciudadanía española. Porque responde a la necesidad, sí. Y porque nos lo creemos, también.