Autor: Hilde Sánchez Morales

Los trabajadores pobres, llamados en la bibliografía especializada anglosajona  woorking poor o in-work poverty son personas ocupadas, tanto asalariadas como trabajadores por cuenta propia durante al menos siete meses en el año previo a la realización de una encuesta específica y que pertenecen a hogares cuya renta anual disponible se sitúa por debajo del 60% de la mediana de ingresos de su país (nuestra referencia es la Encuesta de Condiciones de Vida del INE).

Hace varias semanas el Foro Económico Mundial en Davos presentó públicamente su informe anual en el que a partir de los resultados del Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI 2018), que mide el desarrollo en 103 países a partir de 11 áreas de progreso económico diferentes a las del Producto Interior Bruto y la gestión sostenible de los recursos naturales y financieros, centrándose en el crecimiento, el desarrollo, la inclusión y la equidad intergeneracional, ha realizado un diagnóstico a nivel mundial en este terreno.

Federico Engels en el año 1845 publicaba su estudio sobre la Situación de la Clase Obrera en Inglaterra, en donde describía su surgimiento y analizaba los cambios acaecidos en el sistema de producción por la revolución industrial. Dedicó algunos párrafos a los más desfavorecidos, tanto a los que se refugiaban en albergues o asilos, como a los que dormían literalmente en la calle o en parques públicos

En el año 1995 el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED (https://grupogets.wordpress.com/) realizó el Primer Estudio Delphi sobre Tendencias Científico Tecnológicas, que fue replicado,  en función de los avances de cada momento, en 2002, 2005, 2011 y 2015. Dentro de las áreas de prospección se ha dedicado atención a las previsiones en materia de tecnologías de la comunicación y la información, la robótica y la genética humana. El ritmo de los avances, a lo largo de estas dos décadas, ha sido vertiginoso y muchas previsiones emitidas por los expertos consultados en las sucesivas ediciones han  sido superadas en espacios muy acotados de tiempo.

Hace varios meses Naciones Unidas hizo público el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017, elaborado por primera vez conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En él se muestra el aumento del número de hambrientos en el mundo, que alcanza a 815 millones de personas (11% de la población total), al tiempo que hay millones de adultos y niños afectados por múltiples formas de malnutrición que  apremian su salud (http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf).

El filósofo alemán Max Scheler planteó que los valores están contenidos dentro de la ética, que son directos e inmediatos a las personas, que se organizan como positivos o negativos y que están jerarquizados. Sostuvo que no hay valores morales, puesto que son valores puros, que se objetivan en la realización de otros valores en función de su polaridad y jerarquía. Estos últimos tienen gran relevancia, pues orientan nuestras actuaciones individuales y sociales.

En la compleja España en la que nos encontramos instalados en las últimas semanas y embriagados por los precipitados hechos que nunca hubiéramos pensado se escenificaran, pareciera que no hubiera más allá, cuando en realidad el mundo gira y gira y perpetuemos las paradojas e injusticias aviesas de una sociedad desarrollada, en donde la riqueza más explícita y la pobreza más severa conviven y no pueden por menos que escandalizar a cualquier ciudadano de bien.

No es hasta mediados del siglo XX, en concreto el 20 de noviembre de 1959, cuando en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386-XIV, se alude por primera vez a los derechos de los niños, incluyendo diez principios. No resultaba suficiente para proteger sus derechos, puesto que legalmente no tenía carácter obligatorio. En 1978 el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas una versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño y, tras diez años de negociaciones con gobiernos, líderes religiosos e instituciones de todo el mundo, el 20 de noviembre de 1989 se aprobó el texto final de la misma.