Autor: Oscar Iglesias

Observando lo hecho por Errejón a Podemos y a Pablo Iglesias, me viene a la memoria la frase de Diana de Poitiers: “Para tener un buen enemigo elige un amigo: él sabrá dónde asestar el golpe”. El problema es que el golpe de Errejón a Podemos es un golpe a las esperanzas de millones de españoles, que desean el cambio en muchas comunidades autónomas y municipios hoy gobernados por el PP.

“Son unos presupuestos cargados de valores sociales y de enorme sentido común y pido a todas las fuerzas parlamentarias que los apoyen para que España y Cataluña avancen en la modernización de la economía, el empleo digno y la reconstrucción del Estado del bienestar”.

La sensación de inseguridad es creciente en España, y hay que combatirla ya, para garantizar la convivencia y la libertad. En las sociedades democráticas, la seguridad es un derecho de los ciudadanos, que además éstos reclaman de forma permanente y efectiva a sus gobiernos.

Algunos partidos políticos, medios de comunicación y empresarios de las encuestas han comenzado una campaña de desprestigio contra el Presidente del CIS, con la falsa excusa de la polémica en cuanto a la metodología de las encuestas.

En el último Barómetro del CIS, se realizaba la siente pregunta: “Hay algunos países en los que últimamente se ha legalizado la venta de marihuana, ¿Está Ud. a favor o en contra de que en España se legalice la venta de marihuana en determinados establecimientos y en determinadas condiciones?”

El 6 de diciembre de 1978 los españoles tenían una cita con su historia. Y no solo acudieron, sino que su respuesta fue contundente: llenaron las urnas de democracia.

La confianza en la sensibilidad del ordenamiento constitucional desempeña un papel crucial en la preservación de la autoridad de la Constitución.

Una vez que de forma mayoritaria la sociedad española desea que se reforme la Constitución, es preciso conocer el tipo de reforma que es demanda por la ciudadanía.

El espectáculo dado por el Tribunal Supremo, a cuenta de dictar que es el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas, y la posterior reacción del Gobierno de España, aprobando un real decreto ley para que sean los bancos y no los clientes quienes paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentales (IAJD), ha situado de nuevo a los bancos en el centro de una polémica que les obliga a reaccionar ante la grave repercusión que está teniendo para su reputación presente y futura, su regulación y su cuenta de resultados.

Los ciudadanos, cada vez son más conscientes del deterioro de las instituciones, y de la necesidad de realizar reformas constitucionales precisas para lograr que el funcionamiento del Estado atienda adecuadamente el interés general de los españoles.