Autor: Oscar Iglesias

Cualquier sistema electoral es el resultado de una decisión política. Por tanto, no hay discursos neutros en esta materia. Por este motivo, una de las cuestiones que más puede sorprender en Cataluña, si es que sorprende ya algo, es que tras décadas de incremento constante de autogobierno no haya aprobado una ley electoral propia para sus elecciones autonómicas, y se siga utilizando la ley electoral general, desde que Tarradellas convocara las primeras elecciones autonómicas el 17 de enero de 1980.

Una de las consecuencias que ha traído el problema secesionista de Cataluña ha sido dejar al descubierto a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su complicidad con unos independentistas que han roto el Estado de Derecho, en esa comunidad autónoma, hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los miro, y cuando escucho a Puigdemont decir que “no perdemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno”. O a Junqueras afirmar que “entendemos que hay un mandato democrático para establecer una nueva república”.

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

“Hay que mirar hacia el fin, no importa lo que se esté considerando. Muy a menudo, Dios da al hombre una visión de felicidad, y entonces lo arruina completamente”. Estas palabras de Heródoto vienen a resumir lo que les está ocurrido a muchos secesionistas, que están pasando, en muy poco tiempo, de la euforia de su ensoñación al realismo de la acción de un Estado que tiene el deber de defender la democracia.

Si alguien me pregunta si me ha parecido bien el discurso del Jefe del Estado, la respuesta es sí. Porque el Rey Felipe VI es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, como dice el artículo 56 de nuestra Constitución. Y en Cataluña, se ha producido un golpe de Estado que es necesario sofocar.

“NO OS LO VAMOS A PERMITIR” Éste tiene que ser el mensaje unánime que la sociedad en su conjunto, piense lo que piense sobre la situación en Cataluña, tiene que lanzar a Arran, las juventudes de la CUP, ante el cartel que han realizado con las caras de los 14 ediles de Lleida que se niegan a facilitar el referéndum ilegal del 1-O, y con el lema: “Assenyalem-los [Señalémoslos]”.

La economía española creció un 3,4 por ciento en 2015, dos décimas más de lo adelantado, y un 3,3 por ciento en 2016, una décima más, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha revisado al alza su estimación del PIB de los dos últimos años. Este incremento del PIB, en 4.700 millones de euros, hace más urgente si cabe la necesidad de subir los salarios ya en España.

El optimismo de los datos macroeconómicos, con cuatro años de crecimiento y los últimos por encima del tres por ciento, no ha regresado a la mayoría de los cuartos de estar de las familias españolas.

La acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos, es lo que se entiende por Seguridad Nacional en nuestro ordenamiento.