1.200 personas muertas en las carreteras españolas durante 2017. 1.200 personas muertas en las carreteras españolas durante 2017. 1.200 personas muertas en las carreteras españolas durante 2017. ¿Es mucho? Una barbaridad, un fracaso. PERO LO PEOR, ES QUE SON MÁS.

¿Por qué digo esto? El 3 de enero de 2017, el Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, presentaba los datos de accidentes tráfico del año 2016, y los titulares de prensa reflejaban: “El número de fallecidos en 2016 en carretera acaba con 13 años de descensos de víctimas. El balance se cierra con al menos 1.160 muertos en el asfalto, 29 más que en 2015”

En el imaginario colectivo se fijó esta cifra terrible, aunque algunos medios de comunicación señalaban en sus noticias las palabras: “con al menos”. Algo importante, porque en el posterior informe de la Dirección General de Tráfico titulado “Las principales cifras de la Siniestralidad Vial. España 2016. Resumen”, en su página siete, afirmaba que “durante el año 2016, las diferentes policías notificaron 102.362 accidentes con víctimas. Estos accidentes ocasionaron 1.810 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días después del mismo”. Es decir, 650 fallecidos más ese mismo año 2016.

Y en 2017, más. Lo peor es que se veía venir. Para el gobierno del PP, la seguridad vial nunca ha sido una prioridad desde que llegó al gobierno en el año 2011, y las consecuencias se sufren en forma de muerte, heridos y sufrimiento, mucho sufrimiento que es posible y necesario erradicar.

Cinco fallecidos de media diaria en España por accidentes de tráfico es un tsunami de tal magnitud, que desde el gobierno tienen que asumir responsabilidades, cesar a todos los responsables de la DGT, que parecen más observadores de lo que pasa que responsables de la situación; y llegar de manera urgente a un pacto de Estado, que de nuevo considere la seguridad vial como un objetivo nacional prioritario, con una serie de medidas concretas y evaluables. Al tiempo que se abandona la vieja concepción que ve la seguridad vial como algo que solo hay que mejorar.

Este drama no ha llegado de la noche a la mañana. Como se puede observar en el gráfico, el deterioro de la seguridad vial se ha venido produciendo durante los últimos años, y se ha venido denunciando sin que desde el Gobierno se hiciera nada. Las catastróficas consecuencias se pueden observar desde el año 2013, donde la tendencia de descenso en las muertes en accidentes de tráfico se quiebra hasta la actualidad: 1.680 muertes en 2013, 1.688 muertes en 2014, 1689 muertes en 2015, 1810 muertes en 2016.

Desde que en el año 2004 el gobierno socialista transformó la seguridad vial en una apuesta colectiva de la sociedad española, donde había que seguir trabajando para reducir todavía más la siniestralidad y aumentar la seguridad, las carreteras españolas se convirtieron en unas de las más seguras de Europa.

De hecho, en este periodo España pasó de tener más víctimas mortales en accidentes de tráfico por millón de habitantes que Alemania y Finlandia, a tener menos. Algo impensable años atrás. Y mientras en 2016 se contabilizaron en la UE 51 víctimas mortales en accidentes de tráfico por millón de habitantes, en España fueron 39, pese a dejar de ser una prioridad gubernamental y aunque fue un mayor número que un año antes.

Pero cuando no continúas avanzando retrocedes. ¿Es asumible que la primera causa de muerte en España entre los 18 y los 25 años de edad sean los accidentes de tráfico? ¿Es asumible que sigan incrementándose el número de ciclistas y motoristas fallecidos? ¿Es asumible tantos menores muertos?

Como no es ni normal, ni asumible, es inexcusable una reacción rápida y contundente de la sociedad española. Es preciso volver a considerar la seguridad vial, de nuevo, una prioridad nacional que va más allá de mejorar los datos. Siendo conscientes que redoblar los esfuerzos para salvar vidas en las carreteras tiene que ser el objetivo de todos.

No estamos descubriendo nada nuevo. Y ya se ha señalado en muchas ocasiones. El nuevo enfoque debe contemplar la seguridad vial de forma global, estableciendo por ley los nuevos principios, objetivos y herramientas. Y entre ellos: mejorar la formación, educación y sensibilización en seguridad vial; aumentar el presupuesto destinado al mantenimiento y mejora de la seguridad de las carreteras, especialmente secundarias; incrementar la colaboración entre administraciones; reforzar las actuaciones para el cumplimiento de las normas, sobre todo en lo relativo a la incompatibilidad entre alcohol, drogas, conducción y velocidad; acrecentar la protección de peatones, ciclistas, motoristas y personas mayores; reformar los centros de reconocimiento médico para mejorar el cumplimiento de sus funciones; incrementar la participación de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores, prestando especial atención a la seguridad vial laboral y a los nuevos riesgos laborales. Y en todas estas acciones, la tecnología, la innovación y la automatización tienen que jugar un papel protagonista en la seguridad vial del siglo XXI.

Ahora se anuncia la ley de tráfico y otras medias. Bienvenidas sean si van en esta dirección, y no son un simple anuncio para intentar desviar la atención del drama en el que nos encontramos.

La UE se propuso como objetivo estratégico reducir a la mitad el número de víctimas mortales en la carretera entre 2010 y 2020. En España, que en el año 2010 tuvo 2.478 víctimas, supondría reducir las muertes hasta las 1.239. Pero no basta, hay que ser inconformistas y fijarse como sociedad, aunque parezca utópico, el objetivo cero víctimas. Y hasta lograrlo, en el año 2020 estar por debajo de las 500 personas fallecidas. Algo que sigue constituyendo un verdadero drama.