“El Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido: Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía”. Con estas palabras, de nuevo, el Tribunal Constitucional anulaba la implantación de las 35 horas laborales en una Comunidad Autónoma, al valorar que se vulneraban las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

En el año 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto la ampliación de la jornada de los funcionarios hasta las 37,5 horas semanales, con el argumento de combatir la crisis. Desde entonces, y a medida que la situación económica lo ha ido permitiendo, distintas Comunidades Autónomas han decidido volver a las 35 horas semanales con el mismo resultado. La Comunidad Autónoma instauraba las 35 horas semanales, el gobierno del PP lo denunciaba al Tribunal Constitucional, y éste anulaba la decisión de reducir la jornada laboral.

El último ejemplo se ha producido recientemente con Andalucía, después de suceder con Castilla-La Mancha en 2015, con el País Vasco (aunque en este caso no fue el TC), y con ayuntamientos como el de Madrid. En este caso, como en los anteriores, y según la sentencia, la jornada de los funcionarios de la Administración autonómica tendrá que ser, como mínimo, de 37,5 horas semanales y de entre 20 y 25 horas lectivas por semana para los docentes. Al entender que la reducción aprobada resulta incompatible con la ley estatal.

La postura del Gobierno del PP, en este asunto de las 35 horas, demuestra nuevamente su falta de cintura política, de previsión y de planificación, porque los propios cambios económicos que está provocando la automatización y la robotización, junto con las transformaciones sociales que está impulsando, encaminan las jornadas laborales hacia nuevas reducciones horarias, como viene sucediendo desde hace más de un siglo.

Por ese motivo, se necesitan gobiernos que lideren el cambio económico, político y social que se avecina en la nueva era digital, en la que ha entrado la humanidad. La resistencia a los cambios podrá retrasarlos un breve periodo de tiempo, pero no podrá impedirlos.

Es necesario volver a las 35 horas laborales para los trabajadores públicos y también aplicarlas al resto de trabajadores. Esta decisión, es calificada por algunos, los de siempre, como un desastre para la economía y el empleo. A estos predicadores de catástrofes hay que sacarles de su individualismo egoísta y traerles a una equidad social que hoy es más posible que nunca en la historia de la humanidad.

Si se pudo a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en sociedades más pobres que las actuales, ahora también. Hace falta valentía, determinación y acción. Y quizás un poco de memoria. Memoria para recordar que el 28 de noviembre de 1919, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América, aprobó el Convenio por el que se limitaban las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales.

Este convenio, que entraría en vigor el 13 de junio de 1921 estableció en su artículo dos que “en todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana”.

Memoria para recordar que el 22 de junio de 1935, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, adoptó el Convenio relativo a la reducción de las horas de trabajo a cuarenta por semana (Entrada en vigor: 23 junio 1957 El artículo primero decía que “todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se declara en favor: (a) del principio de la semana de cuarenta horas, aplicado en forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores; (b) de la adopción o del fomento de las medidas que se consideren apropiadas para lograr esta finalidad, y se obliga a aplicar este principio a las diversas clases de empleos, de conformidad con las disposiciones de detalle que prescriban otros convenios ratificados por dicho Miembro”.

La jornada laboral de ocho horas, fue uno de los logros más importantes que los trabajadores, a través de sus organizaciones, consiguieron en la primera mitad del siglo XX. Ahora, es preciso continuar ese camino.