Ya sé que todos estamos pendientes de las votaciones catalanas, pero nada podemos pronosticar ya hasta que no sepamos los resultados definitivos.

Esperemos que las encuestas no acierten, porque si se produce la división anunciada y resulta difícil la composición de un gobierno estable, volveremos a estar encallados, o seguramente más hundidos en una confrontación a la que no se ve un final feliz.

Pero mientras, en nuestra España, ocurren otras cosas y muy preocupantes.

El Gobierno de Rajoy se ha caracterizado por la amplitud de recortes sociales, de modificación de leyes laborales y de crear una gran brecha de desigualdad social.

Si alguna Comunidad Autónoma ha procurado corregir esa situación, ha tenido al Gobierno de Rajoy obstaculizando cualquier acción de mejora social y de consolidación o respeto a los derechos universales.

Este es el caso de la Comunidad Valenciana y la sanidad universal.

En julio de 2015, recién estrenado el gobierno del socialista Ximo Puig, entró en vigor el decreto-ley por medio del cual la Generalitat Valenciana instauraba la universalidad de la atención sanitaria, una norma que era recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de ese mismo año.

Ahora, más de dos años después, el alto tribunal ha anulado esta ley.

El Constitucional ha declarado inconstitucional el texto, anulando el decreto del Ejecutivo autonómico, que devolvía la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, un colectivo especialmente vulnerable. Y ha tomado esta decisión, en primer lugar, porque el Gobierno de Rajoy ha llevado a cabo la “judicialización política” de una decisión autonómica que respeta los derechos humanos. En segundo lugar, con una explicación ridícula, diciendo que «amplía la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal», algo que sería comprensible si las decisiones autonómicas incumplieran de forma restrictiva una normativa, pero no al contrario, cuando se trata, con las propias competencias y presupuesto, ampliar la cobertura sanitaria. En tercer lugar, con una división amplia del Tribunal Constitucional, que ha contado con cuatro votos particulares, lo que indica que es una decisión “más política que judicial”.

O, como bien dice el presidente Ximo Puig,  “El Gobierno está usando la vía judicial para justificar comportamientos injustificables”.

Y esta decisión llega al mismo tiempo que la Unión Europa sanciona a España por las TRAMPAS que realizó el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana para camuflar y maquillar el déficit, la deuda y el gasto excesivo que hoy está siendo investigado.

Mientras el nuevo gobierno autonómico intenta reparar los daños cometidos a los valencianos, que se han quedado a la cola en materia social, los anteriores gobernantes del PP (con la contemplación y silencio cómplice de Rajoy) se sientan en el banquillo, en las comisiones de investigación y son sancionados por la Unión Europea.

Resulta vergonzosa la actitud de Rajoy. Lamentablemente, en este país, hay demasiado ruido que impide analizar con calma las pocas nueces y la mucha sinvergonzonería que se ha producido estos años pasados.