Introducción

En los artículos anteriores hemos valorado la evolución europea y global respecto a los objetivos de la Agenda 2030, así como el papel relativo de la evolución de España en esos marcos respectivos –europeo y global- destacando en el último artículo el grado de avance en los ODS más ligados a la dimensión ambiental: ODS 7 (energía); 13 (cambio climático); 14 (ecosistemas marinos) y 15 (ecosistemas terrestres). La conclusión alcanzada ha sido que, si bien las evaluaciones recogidas señalan un cierto avance en el logro de esos ODS, y un avance relativo hacia las previsiones de la Agenda 2030 en materia ambiental, se está muy lejos del necesario para lograr un verdadero avance en la sostenibilidad ambiental del desarrollo ligado a la necesaria “Transformación del mundo” que exige la Agenda 2030.

También hemos constatado que el avance producido se realiza, principalmente, entre los años 2018 y 2023, con las actuaciones del Gobierno socialista y de coalición, de forma más intensa y sostenida que durante el período 2015-2018, en que los resultados serían achacables a las actuaciones del partido popular presidido por Rajoy. Y ello pese a los fuertes procesos regresivos generados sobre muchos de los Indicadores tanto por la pandemia de 2020 como por la guerra de Ucrania iniciada en 2022. En todo caso, los resultados asociables al partido popular son coherentes con sus posiciones cercanas a la oposición de la extrema derecha y de una parte sustancial de la derecha más nacionalista y negacionista (recordemos la posición de Rajoy y su “primo” sobre el calentamiento global) a los objetivos ligados a la Agenda 2030 (“Transformar el mundo”), fundamentalmente en lo que se refiere a la dimensión ambiental y a la lucha contra el calentamiento global.

Complementariamente al análisis de los ODS ambientales, en este artículo vamos a valorar la evolución seguida en los principales ODS socioeconómicos a través de los indicadores correspondientes que elabora el INE[1] anualmente, considerando, en particular, su Informe relativo a 2024 y los 505 indicadores utilizados para la elaboración de su Informe. Indicadores que, como ya señalábamos en el artículo anterior, al igual que sucede con los utilizados por otras fuentes (NNUU[2], SDNS[3], o EUROSTAT[4]) varían en número y definición, y se refieren a fechas y fuentes heterogéneas.

Desde la perspectiva socioeconómica se puede considerar que el balance global es netamente positivo desde 2015. No obstante, como apreciamos en las páginas siguientes, en España se mantiene la necesidad de corregir las insuficiencias de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, ya que, aunque se avanza, en media, en aspectos como la Población en riesgo de pobreza relativa (y ello, pese al incremento en estos valores que significó la pandemia de 2020), considerando el conjunto de dimensiones de la pobreza, apreciamos que el indicador AROPE (que incluye la población en riesgo de pobreza y de exclusión social), en 2023 superaba el valor de 2019, y la población con carencia material y/o social severa muestra una tendencia creciente desde 2019. Lo que muestra que no es posible lograr una reducción adecuada de las tasas de pobreza y exclusión social solo con el incremento de las rentas medias, la creación de empleo o el aumento del PIB. Y ello pese a que se ha aumentado la proporción de gasto público total dedicada a protección social (del 38,97% al 39,65%) y las transferencias de la Administración pública a las familias han conseguido reducir la tasa de pobreza desde el 42,6 % hasta el 20,2 %, ayudando a retirar de la pobreza a 10,6 millones de personas.

En este marco, apreciaremos que la evolución de las desigualdades puede considerarse globalmente positiva ya que, incluso con la fuerte incidencia negativa de la pandemia del Covid 19, en 2020, y los efectos de la guerra en Ucrania, ya en 2022, las desigualdades en el conjunto de la población se han reducido desde 2015, aunque permanecen todavía a niveles similares a los existentes en 2008. Y la participación del trabajo y de la protección social en el PIB presenta una preocupante tendencia negativa, desde 2020, que implica una distribución regresiva del PIB. Y el incremento de la frecuencia y gravedad de desastres ligados a procesos climáticos o de otro tipo, en España, inciden en el incremento de la desigualdad al afectar en mayor medida proporcionalmente a los más desfavorecidos.

Desde el punto de vista del bienestar social el balance, con claro-oscuros, también puede considerarse positivo. Mejoran los indicadores asociados a la salud, aunque se detecta una creciente insatisfacción en la atención médica, una disminución de los niveles de salud, un incremento de los gastos sanitarios de los hogares y un deterioro en la esperanza de vida en buena salud al nacer. La evolución en educación y formación puede considerarse relativamente satisfactoria y diversos Indicadores que miden el logro del ODS sobre Educación ya han alcanzado los objetivos previstos para 2030 en 2022; y mejoran los índices de paridad de género o territoriales en la formación en sus distintos niveles, pero disminuye la proporción de gasto público total dedicada a educación (del 9,35% al 9,19%), y se produce un retroceso preocupante en las capacidades logradas de lectura y matemáticas de los alumnos. También mejora la evolución en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, aunque empeora la situación en lo referido a la violencia física, sexual o psicológica contra mujeres.

Avance en los ODS ligados a la pobreza y las diversas formas de desigualdad en España: ODS 1 a ODS 5 y ODS 10.

Como se ha señalado en el artículo anterior, conocemos de forma relativamente detallada el avance hacia los ODS, a través de los Informes que elabora el actual Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030[5], el último relativo a 2024, y del seguimiento de los Indicadores correspondientes elaborado por el INE con su correspondiente evaluación de 2024[6]. la incidencia de las medidas del Gobierno del partido popular, desde 2015 a 2018, presidido por Rajoy, y, desde 2018 a 2023, de los Gobiernos socialistas y de coalición español, presididos por Pedro Sánchez, A lo que se une para la consideración de los avances sobre pobreza y desigualdad, los publicados por el EAPN en 2024[7].

El INE, para el Informe de 2024, dispone de 505 indicadores y sub-indicadores que se adecúan correctamente a lo establecido por Naciones Unidas para el seguimiento de los ODS y de sus Metas correspondientes, aunque no todos ellos disponen de valores comparativos para 2015 y 2023. En todo caso, el INE señala que cubre adecuadamente el seguimiento de más de tres cuartas partes de los 231 indicadores de Naciones Unidas (77%) siendo aplicables a los ODS 1 a 5 y al ODS 10 un total de 219 indicadores y sub-indicadores de los 505 tenidos en cuenta por el INE.

De ellos 29 no disponen de datos referidos a 2015 por lo que no se puede valorar su evolución; 38 tienen una evolución claramente positiva; 57 evolucionan también positivamente, aunque en menor medida; 41 no presentan cambios, de los cuales 27 estaban en el 100% de los objetivos ya en 2015; 26 han evolucionado negativamente; y 28 tienen una evolución negativa fuerte.

El hecho de que un 43% de los Indicadores muestren avances positivos frente a solo un 25% que lo hace negativamente nos podría dar una primera impresión del conjunto, pero no todos los Indicadores ni las Metas y ODS asociados tienen la misma relevancia para el avance hacia la Transformación Ecosocial necesaria.

ODS 1 y 10. Las insuficiencias de la lucha contra la pobreza y la desigualdad en España.

Atendiendo a los Indicadores más significativos para valorar la evolución y grado de cumplimiento de los ODS considerados, tendremos que empezar refiriéndonos al considerado más relevante por parte de Naciones Unidas -ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo- con respecto al que la Agenda 2030 exige tener en cuenta los diversos aspectos de la pobreza y su dimensión multidimensional; ya que ésta abarca no solo a las necesidades físicas primarias sino también a la falta de acceso a derechos sociales y a la carencia de servicios básicos como la salud o la educación. En ese sentido, los indicadores recogidos para este ODS 1 por el INE para cada una de las Metas asociadas al mismo, en aquellos casos que son aplicables a España, son:

Como apreciamos, el INE recoge en estos Indicadores tanto el valor en 2015 y 2023 como la evolución y el gráfico que muestra la tendencia seguida desde 2015 al último valor disponible, si bien hay que tener en cuenta que los datos de renta de los hogares siempre se refieren a un año anterior (el último dato corresponde a 2022).

De manera general observamos una mejora continuada en la Población en riesgo de pobreza relativa, pese al incremento en estos valores que significó la pandemia de 2020. Sin embargo, este diagnóstico cambia cuando consideramos el conjunto de dimensiones de la pobreza, tanto en lo que respecta al indicador AROPE, que en 2023 supera el valor de 2019, como a la población con carencia material y/o social severa que, en ambos casos, muestra una tendencia creciente desde 2019.

A este respecto hay que destacar las conclusiones del citado Informe de EAPN (2024) que señala cómo el incremento del AROPE se debe al crecimiento del grupo de personas que no son pobres y, sin embargo, pasan a tener restricciones y carencias materiales y/o sociales como consecuencia de la importante pérdida de renta real de los últimos años como reflejan, entre otros, el aumento de los indicadores de pobreza energética y de población con dificultades, tanto para afrontar gastos imprevistos como para llegar a fin de mes. Lo que les lleva a establecer que, en primer lugar, España no mantiene una reducción proporcional adecuada de sus tasas de pobreza y/o exclusión para conseguir el objetivo comprometido en la Agenda 2030. Para cumplir proporcionalmente en 2023 el Objetivo a alcanzar para 2030, 2,6 millones de personas tendrían que haber salido de la pobreza y/o la exclusión social. En segundo lugar, queda claro que ni el incremento de las rentas medias, ni la creación de empleo, ni el aumento del PIB per cápita se traducen de manera automática en una reducción proporcional de la pobreza y la exclusión social. Por último, destaca que, este año, la totalidad de transferencias de la Administración pública a las familias consigue reducir la tasa de pobreza desde el 42,6 % hasta el 20,2 %, es decir, retira de la pobreza a un total de 10,6 millones de personas. Aunque entre 2015 y 2022 disminuye la proporción de gasto público total dedicada a educación (del 9,35% al 9,19%) si bien se incrementa en salud (del 14,00% al 14,60%) y en protección social (del 38,97% al 39,65%). También, como apreciamos en el Cuadro siguiente, la proporción de discapacitados que reciben prestaciones ha disminuido entre 2015 y 2022.

Complementariamente a estos Indicadores sobre pobreza y desigualdad conviene incorporar los recogidos en el ODS 10 (Reducir la desigualdad en los países y entre ellos) referidos a las desigualdades generados por la evolución del 40% más pobre.

Como apreciamos, la evolución de las desigualdades puede considerarse globalmente positiva ya que, incluso con la fuerte incidencia negativa de la pandemia del Covid 19, en 2020, y los efectos de la guerra en Ucrania, ya en 2022, la evolución desde 2015 es positiva, pero la participación del trabajo y de la protección social desde 2020 presenta una preocupante tendencia negativa que implica una distribución regresiva del PIB.

En todo caso, un análisis más detallado de la desigualdad implica considerar que ésta tiene componentes más transversales y se expresa a través de discriminaciones de distinto tipo. En ese sentido, con respecto a los niveles de desigualdad y su evolución un Indicador complementario normalmente utilizado es la relación entre la proporción de los ingresos totales registrados por el 20% (o el 10%) de la población con mayores ingresos y el de la población con el 20% (o el 10%) de los menores ingresos, recogidos normalmente en la Ratio S80/S20 (o S90/S10), cuya evolución se refleja en la Figura siguiente:

Apreciamos que las desigualdades adquirieron un máximo en 2015 y, desde entonces ha habido un paulatino descenso de las mismas, salvo en 2021, tras la pandemia, pero permaneciendo todavía a niveles similares a los existentes en 2008.

Complementariamente, volviendo a las Metas del ODS 1, apreciamos una relativa mejoría en la recepción de percepciones sociales, salvo en el caso de personas con discapacidad:

Por otro lado, con datos de los censos respectivos, apreciamos la ausencia de problemas en la dotación de servicios a las viviendas:

Y, por último, apreciamos que los Indicadores utilizados en la Meta 1.5. son, en parte, los mismos que los de la Meta 13.1, del ODS 13, ya considerada en el artículo anterior:

Ante las consecuencias derivadas del calentamiento global y cambio climático asociado, apreciamos el incremento de la frecuencia y gravedad de desastres en España y, por otra, el correcto –pero lento- proceso de avance de las medidas de adaptación, prevención y resiliencia socioeconómica que se está llevando a cabo en corporaciones locales y comunidades autónomas, en coordinación y colaboración con la administración general del estado. No obstante, la mortalidad asociada a desastres se incrementa en contraposición a que dicha mortalidad tiende a reducirse en el conjunto mundial.

Avance en el ODS ligados al hambre y la seguridad alimentaria. ODS 2.

En segundo lugar, con respecto al ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible), el INE incorpora 25 Indicadores correspondientes a 8 Metas diferenciadas, cuya definición puede apreciarse en INE (2024)[8]. De estos Indicadores, los relevantes a efectos de los objetivos de este artículo serían la importancia dada al aumento del sobrepeso y de la obesidad (Meta 2.2) y la consideración de los cambios producidos en el sector agrícola, donde se aprecia: el deterioro de la renta media de las pequeñas explotaciones y de la asociada a cada hora trabajada pese al fuerte aumento de los euros/jornal desde 2020 a 2022; el fuerte incremento de precios de la alimentación, cereales y pan, desde 2021; la reducción del peso de la agricultura en la economía y en el gasto público; la relativa mejora ecológica y ambiental del sector y el positivo esfuerzo genético realizado.

Avance en el ODS ligado a garantizar una vida sana y el bienestar. ODS 3.

Con respecto al ODS 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades) se definen 13 Metas con un total de 43 Indicadores definidos por el INE. De ellos los referidos a la mortalidad ligada al parto (materna, neonatal o de menores de 5 años) presentan valores y evolución a grandes rasgos, positiva, en un marco de fuerte caída de la tasa de fecundidad de las mujeres. La dotación médica y farmacéutica es creciente, pero se produce una creciente insatisfacción en la atención médica, una disminución de los niveles de salud y un incremento de los gastos sanitarios de los hogares. Lo que va unido a un deterioro en la Esperanza de vida en buena salud al nacer desde 2019 a 2021.

Es positiva la evolución asociada a los accidentes de tráfico, en las vacunaciones y en las enfermedades, salvo en el caso de la diabetes y del cáncer. Destaca el aumento del consumo de alcohol frente a la caída de los fumadores. Y se produce un incremento de la incidencia de los suicidios, pudiendo destacar como indicadores más representativos de la evolución los siguientes:

Avance en el ODS ligado a la educación. ODS 4.

El ODS 4 recoge el objetivo de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, sobre el que Naciones Unidas define 10 Metas y el INE incorpora 64 Indicadores, si bien los relativos a la Meta 4.7. (De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible) coinciden con los considerados en el artículo anterior para la Meta 13.3., habiendo señalado que, en general, observábamos que la información sobre esos Indicadores no permitían evaluar la dinámica seguida, aunque el índice que establece el INE muestra que, o hemos alcanzado -o estamos cercanos al logro- de la Meta establecida por Naciones Unidas ya para 2020.

 

Igual sucede en la Meta 4.b. (De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo) para la que el INE solo recoge datos para 2022.

Respecto a las Metas 4.a. (Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos) o a la Meta 4.c (De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo) los objetivos se consideran alcanzados al 100% para los Indicadores definidos.

Con respecto al resto de Indicadores podemos señalar el deterioro en las competencias en lectura y matemáticas en general, salvo en lectura en secundaria (del Indicador 4.1.1., 9 sub-indicadores son negativos frente a 3 positivos). Y ello pese a que mejora la tasa de escolarización y el porcentaje de población que completa las etapas de secundaria (Indicador 4.1.2. con evolución positiva en sus cinco sub-indicadores) así como los niveles de formación académica y capacitación en todas sus dimensiones (Indicador 4.1.3. con evolución positiva en sus cinco sub-indicadores) o, en particular, con habilidades informáticas (Indicador 4.4.1. con evolución positiva en sus dos sub-indicadores). También mejoran los índices de paridad de género o territoriales en la formación en sus distintos niveles (Indicador 4.5.1. para los tres sub-índices con valores comparables desde 2015. Por último, con respecto a la Meta 4.6. (De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética) los datos se refieren exclusivamente a 2012, si bien alcanzando porcentajes del orden del 70% en todos los Indicadores.

Como síntesis, la situación desde el punto de vista de la educación y formación puede considerarse relativamente satisfactoria salvo en las capacidades logradas de lectura y matemáticas derivada de la misma, donde se produce un retroceso preocupante.

Avance en el ODS ligado a la igualdad de género. ODS 5.

Atendiendo al ODS 5 (Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas) para el que Naciones Unidas define nueve Metas y el INE considera 51 Indicadores, la conclusión general es la de que se ha producido un avance muy significativo desde 2015 hasta el último año para el que se recoge información. Así, con respecto al Indicador 5.1.1. (Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo), de la Meta 5.1., el Objetivo se ha logrado al 100, ya desde 2015. Sin embargo, los indicadores asociados a la violencia física o psicológica en mujeres son, en general, no favorables (en el Indicador 5.2.1., cinco sub-indicadores son negativos frente a siete positivos), lo que empeora para el caso de la violencia sexual (diez de los once sub-indicadores del Indicador 5.2.2., empeoran).

No relevante por su incidencia es la Meta 5.3. (Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina) y los datos de la Meta 5.4. (Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país) se refieren a 2010 exclusivamente.

Los mayores progresos se producen en la Meta 5.5. (Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública) con avances muy destacados en todos los sub-indicadores, si consideramos los datos de 2023, actualizando el de 2022 que era negativo en el Informe del INE. Igualmente, la evolución es positiva en lo que se refiere a la Meta 5.a. (Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales) donde el marco jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras, si bien la situación relativa varía según concepto, tal y como apreciamos en el Cuadro siguiente.

Por último, se supera el 99%, con mejoras respecto a 2015, en el logro de la Meta 5.b. (Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres)

En todo caso, complementariamente a estos Indicadores ligados a la discriminación por género es coherente incorporar la Meta 10.3 del ODS 10:

Como apreciamos se detecta un incremento muy significativo, entre 2015 y 2021 en la población (tanto hombres como mujeres) que se sienten discriminados o acosados, pese a que, tras la pandemia de 2020, la cifra ha registrado una significativa reducción, insuficiente para alcanzar los niveles de 2015.

Evoluciones más significativas en ODS complementarios ligados a la evolución socioeconómica de la población.

Desde el ODS 6 es preciso señalar que la consideración conjunta de la calidad del agua como elemento fundamental para la vida y el abastecimiento humano, así como su función de input productivo no puede considerase desde una perspectiva global media, dada la diferencia en la situación de las distintas cuencas hidrográficas españolas, aspecto que ya ha sido tratado en numerosos artículos de esta Sección, destacando su importante papel, tanto en cuanto consumo de recursos como en cuanto en su incidencia en la calidad de las masas de agua, del uso agrícola. En todo caso, los indicadores de las seis Metas consideradas reflejan la correcta situación del abastecimiento (Indicador 6.1.1, aunque el porcentaje de población en esta situación se haya reducido de 2015 a 2022) y de la depuración de aguas residuales (positiva evolución de los Indicadores 6.2.1 y 6.3.1). También mejora la situación de las masas de agua, aunque los datos sólo se dispongan para 2021, y las masas de agua superficiales y subterráneas solo alcancen el buen estado en menos de dos terceras partes (Indicador 6.3.2).

Más directamente ligado a las actividades socioeconómicas hay que citar los ODS 8, 9, 10 y 11, con evolución diferenciada en sus consecuencias, destacándose en el Cuadro los Indicadores más representativos de los cambios más relevantes producidos con variaciones más significativas en positivo (rojo) o negativas (en azul).

Con respecto al ODS 8, entre los aspectos que significan un retroceso en los Indicadores destacan aspectos económicos muy significativos referidos al crecimiento económico y a la productividad (Indicador 8.1.1 y 8.1.2). Entre los aspectos que reflejan una evolución positiva destacan los referidos a la mejora de la eficiencia en el uso de materiales (Indicador 8.4.2.), el Salario medio por hora (Indicador 8.4.2.), la Tasa de paro y la Tasa de empleo en todas sus variantes (Indicador 8.5.2.), los jóvenes ni/ni (Indicador 8.6.1.), la reducción de la mortalidad en el trabajo (Indicador 8.8.1) o el incremento y adecuación de los gastos públicos al empleo y a la protección social (Indicador 8.b.1.), con un balance global que podemos considerar netamente positivo.

En todo caso, es preciso matizar el significado positivo de alguno de estos Indicadores. Así, en particular, atendiendo a la evolución de la Renta Media per cápita tanto en términos nominales como reales, una vez descontada la inflación, apreciamos que, en la realizada en 2023 se registra una renta media per cápita inferior a la de 2008, previa a la crisis, un 4,4% superior a la de 2015 y con una caída continuada, por el fuerte incremento de la inflación, desde 2020, situándose, en 2023, ligeramente por debajo del valor de 2018.

Con respecto al ODS 9, centrado en Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, hay que señalar que, entre los aspectos que significan un retroceso en los Indicadores, destacan aspectos económicos referidos a la reducción del peso del sector manufacturero en el PIB y en el empleo, así como la reducción del peso de las pequeñas industrias en el mismo (Indicadores 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3) o la Proporción del valor añadido por la industria de media y alta tecnología en el valor añadido total de la industria (Indicador 9.2.1.).

Entre los aspectos que reflejan una evolución positiva destacan los referidos a la mejora del valor añadido del sector manufacturero per cápita (Indicador 9.2.1.), los Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB (Indicador 9.5.1.), el Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de habitantes (Indicador 9.5.2.) o la Proporción de la población cubierta con redes móviles de Evolución a Largo Plazo (LTE) (4G) que cubre prácticamente a la totalidad de a población. Como consecuencia, en términos generales podemos considerar que el balance global para este ODS 9 es positivo.

Con respecto al ODS 10, centrado en Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, hay que señalar que, una vez vista su incidencia en las desigualdades dentro del epígrafe 3 de este artículo y la correspondiente al sentimiento de discriminación, incorporado en el epígrafe 7, quedarían a considerar en el bloque económico los Indicadores que corresponden a las Metas y evoluciones siguientes:

Como podeos apreciar, la solidez financiera se incrementa generalmente sobre 2015, excepto en el Capital de nivel 1 sobre el activo total, si bien, en 2022 hubo un empeoramiento casi generalizado sobre 2021.

Por último, en el ODS 10 el INE valora la Meta 10.7. (Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas) para la que el INE considera la evolución del número de refugiados acogidos favorablemente y la Meta 10.b. (Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales) valorando positivamente la evolución seguida en la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Con respecto al ODS 11, centrado en Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, hay que señalar que algunos Indicadores reinciden en aspectos considerados en ODS y Metas anteriores o aportan información complementaria, como sucede en el caso de la vivienda, la incidencia de los desastres, la contaminación, o el acoso personal. Desde esa perspectiva hay valoraciones reiterativas pero, atendiendo a los 19 Indicadores valorados por el INE, podemos señalar, tal y como apreciamos en el Cuadro siguiente, que existen 12 con evolución valorada positivamente y solo 5 evolucionan negativamente, que se corresponden con: la Población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda; Población que sufre problemas de ruidos producidos por vecinos o del exterior; la creciente incidencia de los desastres; o el incremento de la generación de residuos urbanos per cápita.

Algunas reflexiones finales sobre los logros en los ODS en España.

Ya hemos señalado en los artículos anteriores sobre los ODS y la Agenda 2030, el acierto de considerar 169 Metas, que concretan los 17 ODS definidos, y tener en cuenta un conjunto de 231 Indicadores, en la actualidad, que permiten medir, o valorar, directa o indirectamente, a través de sub-indicadores complementarios, el grado de consecución de las respectivas Metas y ODS asociados y su evolución en el tiempo.

También hemos destacado que los Indicadores, las metodologías para su valoración y las formas de discriminación de los niveles de logro de ODS que se definen por el INE, EUROSTAT, la OCDE, el SCNS o Naciones Unidas han ido cambiando en el tiempo, lo que dificulta una valoración de la evolución seguida en muchos casos, o la comparación entre países o regiones, siendo estas comparaciones sólo válidas en términos aproximados; y sólo en la medida en la que los Indicadores utilizados se consideren –en cada caso y territorio- representativos del avance hacia los correspondientes ODS.

En el artículo anterior concluíamos que era posible, con las evaluaciones recogidas por el INE para los Indicadores ambientales, señalar un cierto avance en el logro de los ODS más directamente ligados a Energía, Cambio Climático, Océanos y Ecosistemas Terrestres, lo que implicaba un avance hacia el éxito relativo de la aplicación de la Agenda 2030 en materia ambiental en España. Aunque este avance estaba muy lejos del necesario para lograr un verdadero avance en la necesaria “Transformación del mundo” en materia ambiental que exigiría la Agenda 2030. Y ello tanto por la insuficiencia de los Indicadores tenidos en cuenta para medir las transformaciones producidas en elementos ambientales clave, como por la escasa mejora en algunos de los aspectos integrantes de lo que debería ser un adecuado desarrollo ecosocial.

Para complementar el análisis, en este artículo nos hemos centrado en los principales Indicadores socioeconómicos asociados a los ODS que permitirían tener una visión más completa del grado de transformación producido en España entre 2015 y la fecha de los últimos datos disponibles.

En síntesis, el resultado nos permite afirmar que se está produciendo una mejora continuada en la Población en riesgo de pobreza relativa, pese al incremento en estos valores que significó la pandemia de 2020. Pero si consideramos el conjunto de dimensiones de la pobreza, el indicador AROPE, en 2023 supera el valor de 2019 como consecuencia del crecimiento del grupo de personas que no son pobres y, sin embargo, pasan a tener restricciones y carencias materiales y/o sociales. Y ello debido a la importante pérdida de renta real de los últimos años, en los que se ha producido un fuerte incremento de precios de la alimentación, cereales y pan, desde 2021, o de la energía, desde 2022, incrementando el porcentaje de población con dificultades, tanto para afrontar gastos imprevistos como para llegar a fin de mes. De hecho, la población con carencia material y/o social severa muestra una tendencia creciente desde 2019.

Lo que lleva a establecer que, en primer lugar, España no mantiene una reducción proporcional adecuada de sus tasas de pobreza y/o exclusión para conseguir el objetivo comprometido en la Agenda 2030, ya que dicho objetivo exigiría que 2,6 millones de personas de las ahora existentes hubieran salido de la pobreza y/o la exclusión social en 2023. No obstante, aumenta la proporción de gasto público total dedicada a protección social (del 38,97% al 39,65%), con medidas como la revalorización de las pensiones, el fortalecimiento de la economía de los cuidados y la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad, la mejora de los servicios públicos esenciales, garantizando su acceso a todos, la financiación del ingreso mínimo vital o las actuaciones dirigidas a proteger a los trabajadores ante riesgos de exclusión del mercado laboral. Medidas que han llevado a que las transferencias de la Administración pública a las familias hayan conseguido reducir la tasa de pobreza desde el 42,6% hasta el 20,2%, es decir, retirar de la pobreza a un total de 10,6 millones de personas.

Y ello en un marco en el que la renta media per cápita en términos reales, en 2023, una vez descontada la inflación, es inferior a la de 2008, un 4,4% superior a la de 2015 y con una caída continuada, por el fuerte incremento de la inflación, desde 2020, situándose, en 2023, ligeramente por debajo del valor de 2018. Además, se produce un retroceso en el crecimiento económico medio anual y en la productividad, aunque mejora el salario medio por hora, la tasa de paro y la tasa de empleo en todas sus variantes, así como se reduce la proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian. También destaca la reducción de la mortalidad en el trabajo o el incremento y adecuación de los gastos públicos al empleo y a la protección social, así como la Ayuda Oficial al Desarrollo.

En todo caso la situación socioeconómica varía por sectores. El peso de la agricultura en la economía y en el gasto público disminuye a la vez que se deteriora la renta media de las pequeñas explotaciones y de la asociada a cada hora trabajada pese al fuerte aumento de los euros/jornal desde 2020 a 2022. También se reduce el peso del sector manufacturero en el PIB y en el empleo, así como el peso de las pequeñas industrias en el mismo; o la proporción del valor añadido que representa la industria de media y alta tecnología en el valor añadido total de la industria. No obstante, mejora del valor añadido del sector manufacturero per cápita, los gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB, o el número de investigadores equivalentes a tiempo completo por cada millón de habitantes.

En este marco, la evolución de las desigualdades puede considerarse globalmente positiva ya que, incluso con la fuerte incidencia negativa de la pandemia del Covid 19, en 2020, y los efectos de la guerra en Ucrania, ya en 2022, las desigualdades en el conjunto de la población se han reducido desde 2015, año en que las desigualdades adquirieron un máximo, pero permanecen todavía a niveles similares a los existentes en 2008. Y la participación del trabajo y de la protección social en el PIB presenta una preocupante tendencia negativa, desde 2020, que implica una distribución regresiva del PIB.

Desde el punto de vista del bienestar social, entre 2015 y 2022 disminuye la proporción de discapacitados que reciben prestaciones, si bien se incrementa la proporción del PIB en salud (del 14,00% al 14,60%) -sobre la que es preocupante el aumento del sobrepeso y de la obesidad. La dotación médica y farmacéutica es creciente, pero se produce una creciente insatisfacción en la atención médica, una disminución de los niveles de salud y un incremento de los gastos sanitarios de los hogares. Lo que va unido a un deterioro en la Esperanza de vida en buena salud al nacer desde 2019 a 2021. No obstante, en conjunto, la mortalidad ligada al parto (materna, neonatal o de menores de 5 años) presentan valores y evolución a grandes rasgos, positiva, en un marco de fuerte caída de la tasa de fecundidad de las mujeres. Es positiva la evolución asociada a los accidentes de tráfico, en las vacunaciones y en las enfermedades, salvo en el caso de la diabetes y del cáncer. Destaca el aumento del consumo de alcohol frente a la caída de los fumadores. Y se produce un incremento de la incidencia de los suicidios.

Disminuye la proporción de gasto público total dedicada a educación (del 9,35% al 9,19%), aunque en diversos Indicadores que miden logro de ODS sobre Educación ya se han alcanzado los objetivos previstos para 2030 en 2022, y mejoran los índices de paridad de género o territoriales en la formación en sus distintos niveles. No obstante, se detecta el deterioro en las competencias en lectura y matemáticas en general, salvo en lectura en secundaria (9 sub-indicadores negativos frente a 3 positivos), pese a que mejora la tasa de escolarización y el porcentaje de población que completa las etapas de secundaria, así como los niveles de formación académica y capacitación en todas sus dimensiones o, en particular, en habilidades informáticas, en un marco en el que las redes móviles de Evolución a Largo Plazo (LTE) (4G) cubren prácticamente a la totalidad de a población.

Atendiendo a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres la conclusión general es la de que se ha producido un avance muy significativo hasta desde 2015, año para el que ya se obtenía el 100% del valor de algunos Indicadores, hasta el último año para el que se recoge información. Los mayores progresos se producen en la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Igualmente, la evolución es positiva en lo que se refiere a la igualdad de derechos a los recursos económicos, el acceso a la propiedad y al control del patrimonio, los servicios financieros y la herencia. Se logra casi totalmente el objetivo de mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Pero, sin embargo, los indicadores asociados a la violencia física o psicológica en mujeres son, en general, no favorables y empeoran para el caso de la violencia sexual. Y se produce un incremento muy significativo, entre 2015 y 2021, en la población (tanto hombres como mujeres) que se sienten discriminados o acosados, pese a que, tras la pandemia de 2020, la cifra ha registrado una significativa reducción, insuficiente para alcanzar los niveles de 2015.

Se constata el incremento de la frecuencia y gravedad de desastres en España que inciden en el incremento de la desigualdad al afectar en mayor medida proporcionalmente a los más desfavorecidos y, por otra, el correcto –pero lento- proceso de avance de las medidas de adaptación, prevención y resiliencia socioeconómica que se está llevando a cabo en corporaciones locales y comunidades autónomas, en coordinación y colaboración con la administración general del estado. No obstante, la mortalidad asociada a desastres se incrementa en contraposición a que dicha mortalidad tiende a reducirse en el conjunto mundial.

Como síntesis, del conjunto de los artículos dedicados a los ODS y la Agenda 2030 podemos concluir que, considerando las trasformaciones energéticas, ambientales y socioeconómicas, ni en España ni en la UE, ni mucho menos en el conjunto del Planeta se está avanzando de forma suficiente para conseguir el objetivo comprometido en la Agenda 2030 de lograr una Trasformación que incida de forma significativa en el logro de un desarrollo ecosocial crecientemente imprescindible.

 

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[1] https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

[2] https://unstats.un.org/sdgs

[3] SDNS (2024) Sustinable Development Report 2024. https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2024/sustainable-development-report-2024.pdf

[4] Europe Sustinable Development Report 2023/24 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2024/europe-sustainable-development-report-2023-24.pdf

[5] https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documento/informes-progreso.htm

[6] INE (2024). https://www.ine.es/ods/publicacion_ods_2024.pdf

[7] https://www.eapn.es/estadodepobreza/

[8] En Fuente: INE (2024) se recogen los enunciados de cada uno de los 17 ODS y de sus Metas correspondientes, con la evaluación de los Indicadores asociados en cada caso. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm