Introducción.

Iniciábamos en enero los artículos de esta Sección con la consideración de las perspectivas y retos que, previsiblemente, iban a enmarcar la dinámica del año y las tendencias a medio plazo esperables, haciendo referencia a la volatilidad y posibles “sorpresas” (cisnes negros), dada la fragilidad e inestabilidad global que había presidido el cierre de 2021. Destacábamos el riesgo de superación de “tipping points” (puntos de inflexión/saltos cualitativos) y el riesgo de producción de catástrofes de distinto tipo en el marco de las cuatro grandes preocupaciones sobre la situación global: calentamiento global; inestabilidad económico-financiera deteriorada por la Covid-19; incremento de las desigualdades; y conflictos/guerras geopolíticas, que cada día cobraban particular incidencia y gravedad, particularmente por los sucesivos episodios climáticos extremos que se estaban registrando. A lo que unir la inestabilidad y gravedad de la guerra iniciada por Rusia, invadiendo Ucrania.

Señalábamos los riesgos de una recuperación económica demasiado condicionada por las primeras tensiones inflacionistas, los niveles de deuda pública y de las empresas, o las crisis en la disponibilidad de materias primas y las dificultades logísticas todavía asociadas a la pandemia. Procesos que corrían el riesgo de agravar las divisiones sociales y las tensiones geopolíticas preexistentes, dificultando un enfoque coordinado y suficientemente rápido de los principales desafíos con que se enfrenta el Planeta; y, en particular, en frenar el calentamiento global, que aparecía como la amenaza más crítica para el mundo (si obviábamos el riesgo de una guerra nuclear mundial, o una nueva pandemia más incontrolable), tanto a mediano plazo (2 a 5 años) como a largo plazo (5 a 10 años), con el mayor potencial para dañar gravemente a las sociedades, las economías y al planeta.

El nuevo Informe del IPCC.

A finales de este mes de febrero se ha producido la publicación del Informe del IPCC sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático[1] de su Grupo de trabajo II, que complementa el ya comentado en esta Sección, del Grupo I, de agosto de 2021. Sus principales conclusiones reinciden sobre el grave aumento de los efectos negativos asociados al cercano riesgo de superar los 1,5ºC de calentamiento, y el papel crucial de la adaptación y mejora de la resiliencia socioeconómica ante el cambio climático. La síntesis, en 12 puntos, de las principales consideraciones de este nuevo Informe sería:

  1. Los actuales patrones de desarrollo insostenible están aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los riesgos climáticos.
  2. El cambio climático inducido por el hombre, incluidos los fenómenos extremos más frecuentes e intensos, ha causado impactos adversos generalizados, con pérdidas y daños relacionados con la naturaleza y las personas, que van más allá de los esperados de la variabilidad climática natural.
  3. La vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas al cambio climático difiere sustancialmente entre y dentro de las regiones. Aproximadamente entre 3 300 y 3 600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, y una alta proporción de especies es vulnerable al cambio climático, siendo la vulnerabilidad humana y del ecosistema interdependientes. En todos los sectores y regiones se observa que las personas y los sistemas más vulnerables se ven afectados de manera desproporcionada.
  4. Un calentamiento global de 1,5 °C provocaría aumentos inevitables de múltiples peligros climáticos y presentaría múltiples riesgos para los ecosistemas y los seres humanos. Limitar el calentamiento global a 1,5 °C reduciría sustancialmente las pérdidas y los daños, en comparación con niveles de calentamiento más altos, pero no los puede eliminar.
  5. Si el calentamiento global supera transitoriamente los 1,5 °C, muchos sistemas humanos y naturales se enfrentarán a graves riesgos adicionales. Dependiendo de la magnitud y la duración del exceso, algunos impactos provocarán la liberación de gases de efecto invernadero adicionales y algunos efectos serán irreversibles, incluso si se reduce el calentamiento global, a medida que los sistemas naturales y humanos se ven empujados más allá de su capacidad de adaptación.
  6. La magnitud y el ritmo del cambio climático y de los riesgos asociados dependen en gran medida de las medidas de mitigación y adaptación que se adopten. Y, aunque los impactos negativos proyectados y las pérdidas y los daños relacionados aumentan con cada incremento del calentamiento global, existen opciones de adaptación factibles y efectivas que pueden reducir los riesgos para las personas y la naturaleza. Pero la eficacia de la adaptación disminuirá con el aumento del calentamiento.
  7. Se han observado avances en la planificación e implementación de la adaptación, lo que ha generado múltiples beneficios, pero el progreso es desigual, y los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y más difíciles de gestionar, ante la interacción de riesgos climáticos y no climáticos. Además, algunas respuestas al riesgo climático inmediato y a corto plazo, generan nuevos impactos y riesgos y reducen la oportunidad de una necesaria adaptación transformadora.
  8. La viabilidad de implementar opciones de adaptación a corto plazo difiere entre sectores y regiones, pero una planificación e implementación flexible, multisectorial, inclusiva y a largo plazo de acciones de adaptación que beneficien de manera interrelacionada a muchos sectores y sistemas aumentan la viabilidad y la eficacia de la adaptación. Deben superarse las limitaciones financieras, de gobernanza, institucionales y políticas para mejorar la adaptación.
  9. Para implementar, acelerar y sostener la adaptación en los sistemas humanos y los ecosistemas se requiere compromiso político y buena gobernanza: seguimiento, marcos institucionales, políticas e instrumentos con metas y prioridades claras, mayor conocimiento sobre impactos y soluciones, movilización y acceso a recursos financieros adecuados, monitoreo y evaluación, y procesos de gobernanza inclusivos.
  10. Las perspectivas de un desarrollo resiliente al clima son cada vez más limitadas si las emisiones actuales de gases de efecto invernadero no disminuyen rápidamente, especialmente si se supera el calentamiento global de 1,5 °C en el corto plazo. Por ello, un desarrollo resiliente al clima en todo el mundo es cada vez más urgente y exige respuestas integrales, eficaces e innovadoras, que aprovechen sinergias en el marco de la promoción de un desarrollo sostenible inclusivo, que priorice la reducción de riesgos, la equidad y la justicia, con procesos de toma de decisiones, finanzas y acciones integrados en todos los niveles de gobernanza, sectores y plazos. El desarrollo resiliente al clima se ve facilitado por la cooperación internacional y si los gobiernos en todos los niveles trabajan con las comunidades, la sociedad civil, los organismos educativos, las instituciones científicas y de otro tipo, los medios de comunicación, los inversores y las empresas.
  11. La planificación e inversión integradas e inclusivas en la toma de decisiones sobre la infraestructura urbana, incluidas las infraestructuras sociales, ecológicas y grises/físicas, pueden aumentar significativamente la capacidad de adaptación de los asentamientos urbanos y rurales.
  12. Salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas es fundamental para el desarrollo resiliente al clima, a la luz de las amenazas que el cambio climático les plantea y sus funciones en la adaptación y la mitigación.

Una síntesis de la relación entre riesgos y medidas para lograr la resiliencia se refleja en la Figura siguiente.

Este Informe actualiza datos y avisa del incremento de los riesgos registrados respecto a informes anteriores si se produce una actuación insuficiente, tanto en mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) como en adaptación o en la generación de resiliencia socioeconómica, ante una evolución del incremento de temperaturas que sigue una senda gravemente peligrosa, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.

Y reitera las dificultades de frenar el proceso de forma compatible con una sociedad de consumo capitalista en expansión mundial, destacando que los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y más difíciles de gestionar, ante la interacción de riesgos climáticos y no climáticos.

Energía y su impacto sobre los precios y las políticas ambientales.

Los últimos datos del INE[2] sobre la inflación en España, para febrero de 2022, situaban ésta en una tasa interanual del 7,6%, cifra desconocida en este país desde crisis de hace más de 35 años cuando la peseta tenía que ser devaluada para recuperar la competitividad de la economía española.

España no es el único país con tensiones inflacionistas. EEUU, con un 7,9 % interanual derivado de las tensiones en los servicios y las mercancías no alimentarias ni energéticas; o la zona euro europea, con tasas por encima del 5%, donde la energía es la responsable de la mitad de esta cifra, señalan una dinámica cuyo origen hay que buscar en el inicio de la pandemia.

Como considerábamos en esta sección en los artículos que dedicamos a la globalización y a los efectos de la pandemia sobre la misma (22/10/2021), las fuertes caídas en el comercio mundial de mercancías, en los precios del petróleo (llegaron a ser negativos por el problema de almacenamiento de la sobreproducción ante la caída de la demanda) y del resto de materias primas y productos manufacturados, se revertieron a partir del crecimiento de la demanda derivado de los fuertes incentivos públicos realizados por los distintos gobiernos, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, que reproduce la del artículo de octubre de 2021, pero ampliada hasta el 31 de diciembre de 2021, último dato comparable disponible.

Como apreciamos, ya a finales de 2021, el cierre de centros productivos, los problemas de logística y transporte ante una demanda de inputs energéticos y no energéticos en fuerte crecimiento, y las expectativas especulativas de los mercados de futuros llevaron a un incremento muy sustancial de precios, radicalizado en el caso del petróleo por las tensiones geoestratégicas creadas en el mercado energético, pero que afectaban también al resto de inputs productivos ante los vaivenes de una pandemia cuyas variantes no dejaban de tener incidencia sobre la oferta de los mismos y sobre su logística y el transporte.

Es bueno recordar que, en las multinacionales de los combustibles fósiles, la aceptación del necesario abandono, para frenar el calentamiento global, de grandes volúmenes de sus reservas en carbón, petróleo o gas, no es precisamente pacífica[3]. Que la viabilidad del “fracking” que convierte a EEUU en el mayor productor energético sólo se produce de forma relevante por encima de los 60 $/barril Brent, y es explosiva si se superan los 100 $/barril Brent. Que, como veíamos en la referencia a la 26COP celebrada en Glasgow en noviembre de 2021 (artículo de 25/11/2021 de esta sección) el Pacto de Glasgow por el Clima[4] implicaba presiones para que los gobiernos, empresas y ciudadanos incrementaran sus esfuerzos para evitar superar los 2ºC de calentamiento, ya que los compromisos presentados por las distintas “partes” a esta 26COP implicaban el llegar -a final de siglo- a un calentamiento de entre 2,1ºC y 3,5ºC, con una media de 2,7ºC y unas consecuencias en términos de costes humanos, patrimoniales y naturales que podrían llegar a cuestionar –en los Escenarios más desfavorables- la supervivencia de una parte muy importante de los actuales habitantes del planeta, y grandes migraciones desde áreas inhabitables.

Como hemos señalado, la inflación en el ámbito europeo se deriva del incremento de precios en la energía y, en mucha menor medida, del producido en inputs, servicios o productos manufacturados. De hecho, en España, el INE señala la importancia del incremento del precio en el capítulo de los gastos en vivienda (25,4%) y transporte (12,8%), como consecuencia del coste de la energía (con niveles record en electricidad -80,5%- y combustibles líquidos, 52,3%).

Las consecuencias económicas y políticas de esta situación en la UE no se han hecho esperar, y las tensiones sobre los Gobiernos son crecientes y difíciles de enfocar, en un marco en el que la dependencia europea en el suministro de energías fósiles, donde importa más del 50 por ciento de la energía que consume, con una gran dependencia ante Rusia. De ella provenía un tercio de las importaciones de petróleo, el 39 por ciento del gas y el 29 por ciento de combustibles sólidos, con países como Austria, Finlandia o Lituania, cuyo consumo de gas era al 100% suministrado por Rusia; o Eslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania, cuya dependencia superaba el 50%, lo que da una idea de la fragilidad de la UE ante conflictos como el de la invasión de Ucrania por Rusia; e incluso puede que haya sido un factor presente en la decisión tomada por el Kremlin para suponer una falta de reacción de la UE ante dicha invasión.

Pero la imprescindible sustitución de importaciones y el alza de precios pone en rentabilidad al “fracking” norteamericano en la sustitución del gas ruso (¿mercados que garantizan su viabilidad a largo plazo?) y beneficia a multinacionales ligadas a explotaciones en países no precisamente ejemplares, con precios energéticos inflados también por la especulación tradicional e incontrolada de los mercados de futuros.

Se supone que mayores precios de las energías fósiles incrementan la rentabilidad de las energías renovables y pueden incentivar su peso en la electrificación y su más rápida generalización como alternativa a las energías fósiles, si vienen acompañadas del desarrollo del almacenamiento energético (baterías, hidrógeno, centrales hidroeléctricas reversibles, etc.). Pero también los costes de producción de baterías o del hidrógeno “verde” o “azul” se está incrementando –por primera vez en el caso de las baterías- como consecuencia del coste en los inputs necesarios y de las dificultades logísticas todavía remanentes, sobre el que el actual cierre de ciudades y centros productivos globales, en China, por la incidencia de la variante “omicrón” de la Covid-19, no es más que un recordatorio.

Y nuevamente hay que recordar que la dependencia europea también es tremendamente elevada en el campo de las materias primas metálicas con aplicación ambiental o en la alta tecnología. De hecho, importa el 100% de 8 de los 14 elementos más relevantes (antimonio, cobalto, galio, germanio, indio, litio, niobio, tantalio, renio, wolframio, platino, paladio, rodio y tierras raras) con orígenes de estas importaciones, en el 75% de los casos, en manos de un solo país, con el riesgo de desabastecimiento y potenciales riesgos inflacionarios que ello comporta.

Por otro lado, el incremento de los precios de las energías fósiles se supone que implicaría un menor consumo de las mismas, e iría en la línea pretendida por la propuesta de la Comisión Europea en su “Fit to 55”[5], donde, esquemáticamente, acompañado de un Fondo de ayuda a los más desfavorecidos por las medidas, para facilitar una transición justa, se pretendía incrementar los costes de dichas energías fósiles y dinamizar la implantación de renovables y la eficiencia energética, para el 2030, por la vía de que:

  • Entre el 38 y el 40% de la energía que se consuma en la UE deba ser de origen renovable.
  • Mejora de la eficiencia energética: 36-37% para la energía final consumida y 39-41% para el consumo de energía primaria.
  • Obligación del establecimiento de puntos de recarga eléctricos, “hidrogineras” y de gas licuado natural: Para 2030, cada 60 km exista un punto de recarga eléctrico y un adecuado desarrollo de los mismos en las ciudades. Y cada 150 km para vehículos pesados. Oferta de carga eléctrica y gas natural licuado en los puertos marítimos. Oferta de electricidad en aeropuertos.
  • En 2035, quedarán prohibidas las ventas de coches y furgonetas nuevas con motores de combustión (coches eléctricos o de pila de hidrógeno) y para 2050 quedará prohibida su circulación.
  • Mercado del CO2 que emiten para las emisiones difusas de la edificación y el transporte, para incrementar el coste diferencial de las emisiones, contribuyendo a su reducción.
  • Progresiva penalización para las empresas que no incluyan en sus objetivos la descarbonización progresiva concordante con el objetivo de descarbonización de la UE al 2050.
  • Endurecimiento de las condiciones del mercado de emisiones para elevar el precio de la tonelada de CO2 cuyos efectos se están haciendo sentir ya sobre el conjunto de la economía y se sentirán en mayor medida en el futuro.
  • Evitar el dumping de emisiones: las importaciones serán gravadas con un arancel climático europeo en función de su huella de dióxido de carbono diferencial con los mismos productos fabricados en la UE, afectando a sectores de gran consumo energético, como la producción de acero, aluminio, cemento, fertilizantes y electricidad en los que la producción europea, que paga por sus emisiones, compite con desventaja con respecto a estas importaciones. Este arancel se pretende introducir de forma progresiva a partir de 2026, pero la oposición exterior, incluido EEUU, es muy fuerte.
  • Reformar la directiva sobre impuestos energéticos para cambiar la imposición por volumen por un impuesto en función de la carga energética de cada combustible, lo que tendrá una incidencia muy significativa sobre los combustibles.

Medidas que debían ser incorporadas en los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, a revisar en 2023, si bien muchas de estas cuestiones y sus repercusiones ahora están siendo revisadas y matizadas, al igual que los principios de algunas regulaciones en la fiscalidad o formación de precios de la electricidad, o de los combustibles fósiles, que iremos comentando en la medida en que se materialicen.

Efectos sociopolíticos.

La invasión de Ucrania por Rusia ha sido un elemento adicional a una situación socioeconómica, política y geoestratégica global frágil, inestable y de futuro difícilmente previsible, en la que el continente europeo es el más gravemente perjudicado.

La Unión Europea se está viendo obligada a reconsiderar muchas de sus políticas no sólo en lo que se refiere a sus relaciones con Rusia, sino en el marco global de lo que sería el derecho comunitario, ante factores con incidencia creciente sobre el malestar social, que podríamos sintetizar en:

  • Especulación y costes energéticos inflacionarios, que distorsionan las ya de por sí difíciles previsiones globales futuras, con potencial abandono de medidas de mitigación del calentamiento global, e incremento de los riesgos climáticos.
  • Taxonomía europea con la pretensión de incluir gas y nuclear como “verdes” en la “contabilidad ambiental” para disminuir tensiones en precios energéticos, y que incidirían en el riesgo anterior de incremento de emisiones de GEI y de calentamiento global.
  • Efectos sostenidos de la Covid19 con repercusiones socioeconómicas en el malestar ciudadano y con problemas de abastecimiento de inputs (cierre actual de ciudades en China).
  • Invasión de Ucrania con efectos en los precios y en el abastecimiento de inputs, que incrementa los problemas de supervivencia de parte del tejido productivo, pese a los apoyos desplegados en la UE.
  • La actividad económica va a depender en mayor medida de la evolución de la pandemia, inflación y crisis geoestratégicas, en particular en el caso del turismo, de las empresas energético-intensivas y del transporte y movilidad.
  • Elevada tasa de deuda pública y de las empresas sobre PIB, con graves dificultades ante el incremento de tipos de interés si se obliga a cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento, para el Estado, y de rentabilidad –y hasta supervivencia- de las empresas más endeudadas.
  • Graves efectos previsibles del calentamiento global en ciudades, litoral, áreas frágiles e inundables del África subsahariana, generando nuevas presiones migratorias masivas por motivos económicos y ambientales, que aumentarán el malestar global.

Las previsiones de inflación a medio plazo (2027) se sitúan en el orden del 2,6%, pero las incertidumbres son crecientes y esta cifra depende mucho de si se llega a materializar la tradicional espiral de precios/costes/salarios.

En todo caso, las previsiones dependen de la evolución de los precios de las alternativas de oferta energética que, a su vez, van a depender muy directamente de las políticas estratégicas de los distintos agentes intervinientes en el proceso (gobiernos, multinacionales energéticas, especuladores, transportistas, etc.). Y también, por supuesto, de las inversiones en la red eléctrica para viabilizar las conexiones de las renovables. Así como de las necesarias para asegurar la accesibilidad y costes de las materias primas fundamentales para hacer viable, tanto el incremento de la oferta de energías renovables, como soluciones eléctricas a la movilidad, al almacenamiento energético, a la rehabilitación energética de los edificios, o a desarrollar alternativas para el calentamiento de fábricas, hogares o invernaderos agrícolas que son, en la actualidad, fuentes significativas del consumo energético de energías fósiles.

En todo caso, el coste socioeconómico comparativo de la posición de vanguardia climática y energética de la UE, que emite del orden del 8% de los GEI, con países como China o EEUU (los dos mayores emisores), se está volviendo insostenible en los términos pretendidos por la Comisión Europea. Para llegar a reducir sus emisiones en un 55% en 2030, su coste energético se está multiplicando muy por encima del americano o chino, reduciendo su competitividad. Las exigencias previstas para empresas, multinacionales, banca o seguros, a través de la “taxonomía” y “contabilidad ambiental” está incrementando de forma mundial desigual sus posibilidades y rentabilidades. Los costes energéticos para las familias, empresas y autónomos, está incrementando fuertemente el malestar social y generando una radicalización que beneficia a la extrema derecha y a sus postulados antieuropeos, racistas y xenófobos.

La crisis financiero-especulativa iniciada en 2008, el coste humano y económico del Covid-19 y, ahora, el riesgo de stagflation (recisión económica + inflación) pueden llevar a una reversión histórica de la senda media de progreso en la reducción de la pobreza y la desigualdad, debilitar radicalmente la cohesión social (perjudicando en mucha mayor medida a jóvenes y mujeres), incrementar los conflictos sociales y aumentar la fragmentación política. Marco que históricamente ha beneficiado el auge de la extrema derecha y el incremento de tensiones geopolíticas o conflictos militares, ya sean de nuevo – ciberataques- o antiguo cuño, con el riesgo siempre presente del uso de Armas de Destrucción Masiva.

Es urgente una solución negociada de la invasión rusa que ponga fin a la guerra en un marco de estabilidad geoestratégica a medio-largo plazo, nada fácil de alcanzar. Tras un 2021 en el que los europeos anhelaban volver a la “normalidad”, está claro que la pandemia (y no podemos olvidar el riesgo creciente de nuevas pandemias) va a seguir siendo un condicionante relevante del bienestar individual y de la actividad económica. El nacionalismo social y económico, pese a la derrota de Trump, sigue elevado en EEUU, y está aumentando en muchos países. La inflación lleva a una política monetaria más estricta con graves problemas para los países y empresas más endeudadas. No podemos pensar en una vuelta al statu quo anterior a la invasión rusa, porque la pandemia y el riesgo de un expansionismo imperialista ruso han cambiado demasiadas cosas. Por ello, la UE necesita nuevas reglas y enfoques para restablecer la confianza de los ciudadanos, asegurar su salud y bienestar, y no olvidar sus vanguardistas positivas políticas ambientales, pero compaginando su desarrollo con la minimización de sus efectos socioeconómicos más negativos.

_______________________________________

[1] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

[2] https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0222.pdf

[3] Un buen ejemplo lo tenemos en el fracaso del Presidente Biden, en EEUU, para sacar adelante proyectos legislativos con incidencia en la promoción de energías limpias, lo que puede llegar a poner en duda su cumplimiento del compromiso de reducción de emisiones.

[4] https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021/outcomes-of-the-glasgow-climate-change-conference; https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf

[5] https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/speech-commissioner-simson-itre-committee-meeting-fit-55_en