La apertura del año 2021 nos está deparando tres grandes debates que dividen al Gobierno por una parte y a los interlocutores sociales por otra: el incremento del SMI, las pensiones y la derogación de la actual legislación laboral. En relación con el SMI los sindicatos reivindican 1000 euros en este año para alcanzar en esta legislatura el 60% del salario medio de los convenios, como recomienda la Carta Social Europea. En cambio, la CEOE- CEPYME ha propuesto congelar este año el SMI y, por lo tanto, si no se alcanza un acuerdo, debe el Gobierno fijar la cuantía del mismo. Será muy difícil explicar que el Gobierno acepte el veto de los empresarios y congele el SMI, ante la firme actitud de UP, de la ministra de Trabajo y la fuerte oposición sindical.
En relación con las pensiones y la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) -la máxima expresión de nuestra protección social-, el debate parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la propuesta del ministro José Luis Escrivá (no recogida en el Pacto, lo que resulta incomprensible y, desde luego, lamentable), que propone pasar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones. Debemos recordar que hasta 2022 no se alcanzarán los 25 años del cómputo establecido en la última reforma y montar sobre ella una nueva ampliación a 35 años -sin conocer sus efectos- no parece lo más coherente y responsable. Esta medida reduciría las pensiones futuras en torno a una media del 6%. En relación con este asunto, las diferencias son también sustanciales: UP y los sindicatos se oponen a esta medida y, previsiblemente, la CEOE- CEPYME aceptará la propuesta del ministro. En todo caso, los sindicatos exigen concretar el incremento de las pensiones contributivas y las no contributivas (0,9% y el 1,8% respectivamente en este año) y, por lo tanto, garantizar su relación definitiva con el IPC (mantener su poder adquisitivo); eliminar los gastos impropios (subvenciones a la contratación para incentivar el empleo, prejubilaciones en sectores en crisis, cotizaciones más favorables para autónomos, políticas de protección a la familia, mejoras en las pensiones de viudedad más bajas…); y, finalmente, aumentar los ingresos del Sistema: reflexionar sobre el destope de las bases de cotización máximas (sin compensaciones) y recurrir, si fuera necesario, a la fiscalidad para garantizar el equilibrio financiero de la SS.
En cuanto a la derogación de la legislación laboral, la oposición de los empresarios y de los gobiernos ha sido radical y cortoplacista. Debemos manifestar que las reformas laborales siempre han estado claramente motivadas por la reducción de los costos empresariales (sin olvidar el componente ideológico de esta medida) y eso explica que se hayan impuesto unilateralmente a los trabajadores y, por lo tanto, al margen del diálogo social. La exposición de motivos esgrimidos para justificar la última reforma del PP (año 2012) hizo hincapié en la creación de empleo y en la superación de la precariedad de nuestro mercado de trabajo; sin embargo, después de casi 10 años de su aprobación, se ha convertido en una auténtica fábrica de generar “empleos basura”.
Desde luego, los efectos de las últimas reformas han sido devastadores: han reducido drásticamente los salarios; facilitado y abaratado el despido; transferido rentas del trabajo al capital; eliminado la autorización previa administrativa de los ERES; aumentado la precariedad de nuestro mercado de trabajo; dificultado que los jóvenes conformen carreras profesionales completas a efectos del cobro de sus pensiones; consolidado un modelo de producción obsoleto (intensivo en mano de obra y escasamente cualificado); frenando el cambio de nuestro modelo productivo hacia una economía más competitiva; además de golpear de manera interesada y brutal a la propia negociación colectiva y, como consecuencia, al diálogo social.
En definitiva, las reformas laborales han aumentado el poder al empresario para regular las condiciones de trabajo en las empresas -incluso para devaluar los salarios-, por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción. En la práctica, el poder empresarial es absoluto, lo que deja indefensos a los trabajadores -sobre todo en la pequeña y mediana empresa- y sin referencias para fijar los salarios (al margen de lo que determina el SMI) y las condiciones de trabajo en general.
Todo ello ha generado una mayor desigualdad y menos derechos para los trabajadores, que pagaron injustamente los costos de la pasada crisis y, actualmente, sufren también los efectos de la Pandemia, sin que ello corrija el desempleo, la precariedad y nuestros desequilibrios macroeconómicos; más bien está ocurriendo todo lo contrario: la actual legislación laboral nos está conduciendo irremediablemente a ser un país alejado de la modernidad en un marco globalizado. Con el agravante de que todo ello se está llevando a cabo sabiendo que esta competitividad sin límites -basada en la precariedad, en los bajos salarios y en una escasa protección social- es una carrera que no se gana: no hay una llegada en la carrera hacia el abismo, porque no se puede competir con el trabajo de esclavos. Por estas poderosas razones, hay que decirles a los que piensan que no es el momento de abordar la reforma de la legislación laboral (por la Pandemia) que, por el contrario, resulta imprescindible para proceder al cambio urgente de nuestro modelo productivo.
Como se ha puesto de manifiesto, la reforma laboral de Rajoy (PP) dinamitó la negociación colectiva y golpeó duramente a la autonomía de las partes. En concreto, dio prioridad a los convenios de empresa sobre todos los demás, lo que ha desactivado los convenios estatales de sector al facilitar su inaplicación (descuelgue), acreditando una caída de los ingresos; además, eliminó la prórroga automática de los convenios (la llamada ultra actividad), por lo que las partes deben renegociar de nuevo el convenio en el plazo de un año, porque a partir de un año sin acuerdo el convenio ya no está en vigor, como venían defendiendo los empresarios. No está de más recordar que la negociación colectiva es el nudo gordiano de las relaciones laborales y que, por lo tanto, un sindicato y una asociación empresarial que no negocian se convierten en irrelevantes ante la dejación de sus más elementales funciones.
Por todo ello, la imposición de las reformas laborales ha representado un duro golpe para los sindicatos y para la autonomía de las partes. En esta situación, no resulta extraño que la acción de los sindicatos -dedicada a limitar daños y por lo tanto a la defensiva- haya obtenido magros resultados para los trabajadores. Lo que obliga a los sindicatos a reflexionar sobre el diálogo social en la actualidad y sobre su política de responsabilidad -cuando no es correspondida por el gobierno y la CEOE-, que los trabajadores no siempre entienden y que, por otra parte, pueden frenar las movilizaciones sociales en defensa de sus reivindicaciones. En definitiva, CCOO y UGT tendrán muchas dificultades, con la vigente legislación laboral, para mantener el diálogo y la concertación social -incluso con un Gobierno calificado de progresista- y, por lo tanto, al margen de las previsibles movilizaciones sociales.
Por eso, no es extraño que los empresarios se encuentren muy cómodos con la actual legislación, con las subvenciones que reciben a la contratación y, en definitiva, con la favorable relación de fuerzas que tienen en los centros de trabajo. Incluso, se niegan a aceptar el mantener el poder adquisitivo de los salarios y exigen apropiarse de todos los beneficios que se generan por el aumento de la productividad (como se observa en la negociación de los primeros convenios del presente año), lo que seguirá facilitando la transferencia de rentas del trabajo al capital.
En este marco complejo y global, los sindicatos se afanan en reafirmar la centralidad del trabajo en un contexto democrático y en defender las políticas redistributivas. Además, y en coherencia con ello, reflexionan también sobre la fuerte demanda de movilización social de los colectivos más afectados por la crisis (parados, precarios, autónomos sin empleo, inmigrantes, excluidos…) y sobre la gran influencia que tienen en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto obligará a CCOO y UGT a buscar amplios acuerdos con estos colectivos con la pretensión de canalizar el creciente malestar social de los que más están sufriendo los efectos de la Pandemia.
¿Qué hacer, en concreto, en esta difícil coyuntura política, económica, social y de salud pública? En primer lugar se debe insistir en incrementar el SMI, puesto que la propuesta sindical parece sumamente razonable -y así lo deberían de entender el Gobierno y los empresarios, incluso en las actuales circunstancias-; sobre todo cuando, según CCOO, Alemania lo ha subido un 2,7%, Portugal un 4,6% y Francia un 1% y, además, ello impulsa la actividad económica (consumo interno) y ayuda a superar las fuertes desigualdades. También los sindicatos están cargados de razones en relación con las pensiones: mantener el poder adquisitivo de las presentes y futuras pensiones y garantizar la sostenibilidad del Sistema. Finalmente, CCOO y UGT exigen restablecer el equilibrio de fuerzas con los empresarios: garantizar la prevalencia del convenio de sector (respetar su contenido integro) sobre el de empresa, mantener la ultra actividad de los convenios y, paulatinamente, reducir la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo. Paralelamente será imprescindible fortalecer el diálogo social encaminado, entre otros asuntos, a pactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores capaz de responder a las exigencias más elementales de un mundo globalizado.
Esta política debe ser compatible con el desarrollo de un sindicalismo de base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores. También los sindicatos deben reafirmar su autonomía sindical, fortalecer la unidad de acción y reforzar su acción sindical -muy debilitada por los estragos que están causando las políticas neoliberales-, con el propósito de defender con eficacia los intereses de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables. Con esta visión deben trabajar con denuedo por el empleo y por superar la escandalosa precariedad, además de fortalecer los servicios públicos (sanidad y educación), aumentar la protección social (pensiones, desempleo y dependencia), garantizar la igualdad de género, modernizar el tejido productivo y de servicios (digitalización) y luchar contra el cambio climático.
Pedro Sánchez tiene la última palabra -a pesar de las presiones de los poderes fácticos y de la UE- y, además, una fuerte capacidad de maniobra para tomar las decisiones que crea más convenientes, una vez aprobados los PGE-2021. No olvidemos que combatir eficazmente el virus, reconstruir el país y gestionar las ayudas de la UE exige la máxima participación y unidad de todos. Ojalá acierte y recuperemos la ilusión…
