La corrupción política es un fenómeno recurrente en todas las democracias y en todas las etapas. Se trata de una lacra que forma parte intrínseca de los riesgos que conlleva la gestión de los asuntos públicos, incluso en los Estados de Derecho de mayor calidad. A veces aparece más y a veces menos, en un nivel más alto o más modesto. En algunas ocasiones eclosiona justamente como escándalo ante la opinión pública, por su envergadura o gravedad.

En estos días, por desgracia, son noticia algunos informes policiales con indicios serios de corrupción por parte de personas que han formado parte del PSOE y del gobierno de España. Es cierto que no estamos ante un episodio de corrupción estructural y sistémica, como afectó al gobierno del PP en las legislaturas XI y XII, con mordidas generalizadas en las administraciones central, autonómicas y locales, con sobresueldos para cargos públicos y con policías patrióticas para taparlo todo. Pero es corrupción y es repugnante.

La corrupción hace un daño extraordinario en nuestra sociedad. Roba dinero público que debiera destinarse a solucionar problemas y mejorar la vida de la gente. Quiebra la confianza de la ciudadanía en las instituciones que gobiernan el espacio público compartido. Malogra la cultura empresarial, al primar el soborno sobre la competitividad. Alimenta la antipolítica, los populismos, y abre puertas al autoritarismo y la pérdida de libertades. También daña al gobierno afectado, a su proyecto político, al partido principal que lo sustenta, a sus protagonistas, que trabajan mucho y honestamente para cumplir con sus deberes.

¿Qué hacer? Dos cosas, al menos, que son las emprendidas por el gobierno de España y el PSOE. Primero, un esfuerzo contundente de ejemplaridad en la respuesta: apartando a aquellos sobre los que se presentan indicios de corrupción, denunciando sus conductas, colaborando con policías y jueces para esclarecer sus casos, y pidiendo perdón a la ciudadanía. Y segundo, promoviendo una respuesta institucional eficaz, para prevenir la corrupción, para combatir la corrupción, y para hacer pagar a sus culpables. De ahí el plan de acción democrática y el paquete de reformas de la Justicia que lleva a cabo este gobierno.

También es cierto que resulta insoportable ver y escuchar los mayores reproches por parte del PP español, que es objetivamente, conforme a hechos y sentencias, el partido político más corrupto de Europa. Es cierto, pero no es consuelo.

Asquean especialmente las conductas y los comentarios que algunos de los acusados mantienen sobre las mujeres, y los indicios existentes acerca de vínculos con la prostitución. La compra-venta y el alquiler de los cuerpos de las mujeres es una de las actividades más lacerantes de nuestras sociedades, un auténtico agujero negro de vulneración de los derechos humanos más elementales. Se trata del esclavismo del siglo XXI, en el que padecen millones y millones de criaturas explotadas para disfrute de chulos y puteros. Una actividad para la que solo hay una respuesta digna, la abolición.

En estos días de decepción, estamos dispuestos a dar explicaciones, a pedir perdón, a comprometernos con más ejemplaridad y más eficacia contra la corrupción.

Lo que no estamos dispuestos a permitir es que se pretenda manchar la dignidad de este gobierno legítimo, que mejora día tras día la vida de la gran mayoría de los españoles. Lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que se intente manchar la dignidad del PSOE, de sus militantes y de sus votantes, que llevan más de siglo y medio defendiendo unas ideas justas y hermosas, y que lo van, lo vamos, a seguir haciendo, a pesar de corruptos, odiadores y oportunistas.